Un viejo estante con expedientes con las hojas cosidas a mano, un escritorio ordenado y sencillo. El sol de invierno se cuela por las persianas del despacho del juez Mario Carroza, ubicado en el piso 14 de un edificio en el centro de Santiago. Son cerca de 10 de la mañana y acaba de llegar de una reconstitución de escena en unos de los 200 casos de violaciones a los derechos humanos que tiene a su cargo.

El día recién empieza y hoy será especialmente agitado.

Afuera, tres hombres que sobrepasan los 50 años, custodiados por tres jóvenes policías de traje negro y corbata, esperan sentados. Saben que pronto pasará algo. Vendrá una diligencia clave.Hay inquietud ahí. Nerviosismo. Tensión. Pero lo que más se nota, lo que más se percibe, es resignación: en el transcurso del día estos ex uniformados tendrán que enfrentar sus versiones con sus ex compañeros y con quienes fueron sus superiores hace 29 años, cuando formaron parte de la patrulla de militares que quemó,  el 2 de julio de 1986, en Estación Central, a la estudiante Carmen Gloria Quintana (18) y al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri (19), quien murió a causa de las heridas.

El encargado de ponderar esas versiones, de reconstruir los hechos, de contrastar los testimonios, será Mario Carroza. Uno de los últimos magistrados chilenos que aún funcionan con el sistema antiguo de justicia por la naturaleza de las causas: crímenes ocurridos hace 30, 35, 40 años, cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet y que quedaron fuera de la Reforma Procesal Penal. Son delitos que no se investigaron, o que, derechamente, no se investigaron bien y quedaron suspendidos en el tiempo, en espera de nuevos antecedentes.

Eso fue lo que pasó, justamente, con el caso quemados, en el que el único condenado era el teniente Pedro Fernández Dittus, a quien en 1993 la justicia militar sentenció a 600 días de pena remitida por cuasidelito de homicidio, es decir, por “actuar negligente” y no haber socorrido a ambos jóvenes: la patrulla los abandonó agonizando en una carretera.

Sin embargo, como en escasas ocasiones en este tipo de causas, las confesiones de dos ex conscriptos, primero Fernando Guzmán y luego Pedro Franco, quienes también dieron entrevistas al programa En la Mira, cambiaron el curso del proceso. Y la versión de los hechos que mantuvieron en secreto durante todo este tiempo, declarando una y otra vez la misma versión, se desplomó. Por primera vez sus dichos coincidieron con los de Carmen Gloria Quintana: ella y Rodrigo Rojas fueron rociados intencionalmente con bencina y quemados vivos en la calle.

Carroza reabrió la causa y la semana pasada dictó los primeros procesamientos por homicidio calificado en el caso de Rodrigo Rojas y homicidio frustrado en el de Carmen Gloria Quintana en contra de siete ex uniformados, seis en calidad de autores, entre ellos al coronel (R) Julio Castañer, y uno como cómplice: el conductor de la patrulla. Y ordenó la detención de otros seis, entre ellos el propio Fernández Dittus, sobre quienes se apresta a resolver.

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Aunque el nuevo sistema de justicia opera hace 10 años, Mario Carroza nunca ha trabajado en él. Sólo lo ha hecho al revisar resoluciones como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero, en rigor, sigue ocupando figuras que ya no se usan, como procesamientos, plenario e, incluso, en parte, el secreto de sumario. Esto, pese a que decidió transparentar las declaraciones a los implicados en los casos.

Si  la nueva justicia separó la función de investigar para los fiscales y de fallar para los jueces, Carroza sigue trabajando, por la transición de las antiguas causas, con la figura que más se criticaba del viejo sistema. Él es quien investiga, procesa, acusa y condena. “Por eso es tan importante la defensa. Llega un momento en las causas en que uno ha investigado todo y tiene que decirles a las partes: ‘Yo los considero responsables de esto y ahora ustedes defiéndanse y háganme ver por qué no son responsables’. Por eso tiene que haber una defensa eficiente,para que puedan entregar toda la información que creen pertinente”, dice.

Carroza partió como actuario a fines de los 70, recién egresado de Derecho de la Universidad de Chile y después de trabajar como profesor de Filosofía en el mismo liceo donde estudió, el Valentín Letelier. Ayudaba a mano a tomar declaraciones a otros jueces. Años después, en 1977, entró como funcionario al 11° Juzgado del Crimen de Santiago. Aún recuerda la primera máquina en la que escribió, una vieja Underwood. Las correcciones las hacía con un Liquid Paper.

Eran los primeros años del régimen (recién se había disuelto la DINA y nacido la CNI), justamente el período que casi 40 años después Carroza tiene en sus manos. Causas derivadas de un mandato de la Corte Suprema, específicamente de su presidente, Sergio Muñoz, para que se esclarezcan todos aquellos casos que nunca se indagaron, como las muertes de Allende, Neruda y la del general de la FACh Alberto Bachelet (padre de la presidenta Michelle Bachelet). También la Operación Cóndor; los cinco detenidos desaparecidos de 1987; el crimen del senador de la UDI Jaime Guzmán y el caso Quemados, entre centenas de otras causas más.

Aunque desde el 2010 está abocado a los derechos humanos, Carroza fue el primer juez en procesar y encarcelar al ex jefe del Cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán. Fue a comienzos de los 90, pero por un delito económico: la quiebra fraudulenta de la empresa de transportes Santa Bárbara, vinculada a la financiera ilegal La Cutufa.

Con el ex jefe del Cuartel Borgoño se volvió a encontrar más de 30 años después, cuando investigó el caso de los cinco detenidos desaparecidos de 1987. “Con Corbalán siempre he tenido un diálogo cordial. El trato ha sido deferente, pero él sabe que yo siempre voy a cumplir con mi deber. Si es culpable, tengo que condenarlo”, dice.

Ésta fue una de las investigaciones en las que Carroza obtuvo colaboración, en especial del ahora fallecido ex agente  Kranz Bauer. Pesquisó todas las etapas: las detenciones, las torturas, la muerte, el lanzamiento de los cuerpos al mar.

–¿Qué le pasa a un juez cuando obtiene confesiones?

–Es importante porque se abre el relato de una historia, los detalles, y comienzan a esclarecerse ciertos episodios que a veces se sospechaban, pero que ahora tienen un asidero, algo más sólido. Para uno como juez esclarecer un delito y entender cómo ocurrieron las cosas es muy significativo, porque es la pega de uno.

–¿Y qué le ocurre a un inculpado cuando confiesa?

–Hay una liberación y la persona se relaja. Lo mismo ocurre con la víctima o sus parientes. Pero uno tendrá que ver si esa participación que relata se acomoda o no a los antecedentes que uno tiene, si le está restando fuerza a su participación o está aumentando la de los otros.

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La investigación de Santa Bárbara trajo consecuencias para Carroza: amenazas telefónicas a las que no prestó atención. En paralelo, había decidido ser juez civil, idea que tenía hace tiempo para abrirse a otras áreas. Pero un hecho apuró la decisión: en 1992 su esposa y su hija de seis años murieron en un accidente automovilístico, mientras que su hijo, entonces de nueve, sobrevivió.  Sobrellevó esa etapa con trabajo y como dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados. Pero volvió donde empezó casi 10 años después, en el 2000, como juez titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago e investigó los delitos del Comando Conjunto por obstrucción a la justicia.

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Casi 15 años después, Carroza sigue reconstruyendo historias.“El juez de ahora tiene que solucionar conflictos. Resuelve una investigación que ya está hecha, donde tiene que tomar decisiones conjuntamente con las partes. Hay un diálogo que no se da en la antigua justicia, salvo en el plenario, que es cuando se presenta la prueba”, explica.

–¿Y es difícil reconstruir una historia?

–En estos casos de derechos humanos, sí. Se trata de hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años. Es difícil encontrar a los testigos y antecedentes de la época, muy diferente a cuando se reconstruye un hecho que recién ocurrió. Los elementos que se tienen son mínimos, salvo que se haya recogido algo antes. En algunos casos hay muy poco. Pero hay otros, como el caso quemados, en que se investigó bastante, faltaban elementos, como lo que pasó ahora, que hay antecedentes que cambian el curso de la historia.

–¿Cómo explica que se haya investigado antes el caso quemados y se condenara sólo a Fernández Dittus?

–Esa era una historia. Pero de repente llega alguien y dice: “Esta historia no fue así. La historia que contaron fue A, pero en realidad fue B”. Uno no puede prejuzgar.

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El despacho de Carroza está lleno de expedientes y legajos de procesos que por las tardes son cosidos a mano por sus colaboradores. Son ellos quienes lo ayudan con las declaraciones, le relatan las causas. Se preocupan de detalles que son clave, porque muchas veces en el hall del tribunal coinciden familiares de las víctimas con los procesados:  suelen ir a leer, foja por foja, la investigación del juez.

También es común ver pasar a los funcionarios transportando los tomos de las causas en un carrito metálico de un lado a otro. En ellos están las historias que el  magistrado ha ido reconstruyendo en estos años.

“En este antiguo sistema, una de las cosas interesantes es la lectura de los expedientes, que van acumulando una información tras otra, colocándolos dentro de un legajo que se va leyendo paso a paso. Esa historia es como un libro que uno lee y después vuelve a releer”, dice. Y añade: “Al juez le va quedando la historia. Y va formándose la convicción de que esto ocurrió así. Uno va a acostumbrando el ojo, la mente, hace el análisis, porque hay un análisis, un filtro de todos esos elementos para llegar a estructurar la historia, que es lo que tarde o temprano uno va a plasmar en una sentencia”.

De pronto suena el teléfono. Afuera de su despacho lo esperan los últimos detenidos del caso quemados.

El juez se concentra y enciende su computador.

Se acerca el momento de resolver.