Han sido agitados los últimos meses de Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, organización que, desde el 2009, provee de jóvenes profesionales a colegios vulnerables para que, por dos años, hagan clases de su especialidad. La modificación del artículo 46g de la Ley General de Educación en el nuevo proyecto de carrera docente, que hasta hoy permitía que titulados de disciplinas distintas a Pedagogía hagan clases por un período de hasta cinco años, ha encendido las alarmas en la institución, que empieza a ver el cierre como algo posible.

La única alternativa, utilizar el Decreto 352 del Ministerio de Educación, que permite a gente de otras carreras entrar a la sala de clases sólo tras demostrar, en un proceso que puede tardar meses, que no hay ningún profesor titulado para la vacante, no les parece una opción sostenible.

Por eso, Recart lleva todo el 2015 juntándose con parlamentarios y académicos para mostrarles los logros de Enseña Chile, e intentar convencerlos de que su exigencia de selección –menos del 7% de los postulantes son aceptados– y sus métodos de formación pedagógica, que incluyen dos meses intensivos y un seguimiento durante los dos años que el profesional está en la sala de clases, son suficientes para impactar a los alumnos vulnerables de un sistema que considera en crisis. Una visión que choca con la del Colegio de Profesores, recogida en el nuevo proyecto, que pone como eje para garantizar la calidad del sistema educativo no dejar hacer clases a nadie que no tenga un título de pedagogo.

–¿No te parece necesario el título para enseñar?

–Lo que dice el Colegio de Profesores es que no cualquiera puede ser profesor, que el profesor no nace, se hace. ¿Qué es lo que plantea mucha gente? Que es necesaria la formación docente, porque no cualquiera puede ser profesor. Y eso en el mundo ideal significa que el título es fundamental. Pero en Chile, en los últimos 30 años, ha habido una muy mala regulación en las universidades. Entonces hoy tenemos 155 mil estudiantes de Pedagogía, de los cuales al 40% no se le pidió ni siquiera PSU para entrar. Hoy el sistema te pide 12 mil profesores al año, y le estás entregando 25 mil, que tienen título, pero que no han mostrado competencias para enseñar. Porque nunca se las han exigido.

–¿Y la PSU muestra competencias?

–No, la PSU no es suficiente, pero al menos mide algo. El 20% de los programas de Pedagogía no están acreditados. Hoy el título de Pedagogía no es garantía de tener las competencias para enseñar. Chile no es Finlandia, y acá los profesores son víctimas de un sistema mal regulado, donde nunca se ha enfrentado el problema, sólo maquillado. Por eso, este conflicto es algo bueno. Por primera vez vamos a decir: esta cuestión no puede seguir. Ahora, entiendo y comparto que se quiera profesionalizar la profesión docente, pero no a costa de los estudiantes. A pesar de que estos profesores son víctimas, no podemos dejar que se sigan generando más víctimas.

–¿Por qué la reforma perjudica a los estudiantes?

–Porque estás privilegiando el título por sobre las competencias pedagógicas. Lo que dice el Colegio de Profesores es que a ningún profesional lo evalúan durante su carrera y tienen razón, pero los médicos tienen una prueba para mostrar competencias. En la trayectoria de un profesor hay muchos que nunca han mostrado competencias, y estamos priorizando a esa gente para que enseñe. Y van a los colegios que más necesidades tienen. El 87% de los profesores de colegios vulnerables no pasan la prueba Inicia. En 2011, el 42% de la gente que la dio no pasó las competencias mínimas pedagógicas, y el 69% las disciplinarias. Y eso que era voluntaria. El Estado tiene que garantizar que la gente que entre a la sala de clases tenga las competencias mínimas para enseñar y eso hoy no está pasando.

EL JAMÓN DEL SANDWICH 

–¿Por qué esta ley mata a Enseña Chile?

–Si la ley de carrera docente se aprueba como está, Enseña Chile tiene que cerrar. Mucha gente no me cree cuando digo esto, porque me dice: pero cómo, si está el Decreto 352, que dice que podemos habilitar a una persona sin título docente siempre que demostremos que no hay ningún profesor disponible. Pero ese decreto tiene problemas graves: para demostrarlo, tiene que haber un periodo, en la práctica es de uno a tres meses, donde los estudiantes están sin profesor. El último que designamos así, nos demoramos dos meses y medio. En colegios rurales, el profesional se cambia de casa, y queda ahí esperando a ver si es que llega o no la aprobación. Esto es heavy, y al final el que agarra esa pega, porque alguien tiene que hacer clases, es aquel que no tiene nada más que hacer.

–¿Y qué es lo que piden ustedes?

–Una oportunidad para demostrar competencias pedagógicas y, en el caso que se pueda, después de dos años, formalizarnos y estudiar Pedagogía. Pero eso no se puede en todos los lugares de Chile: hoy no hay programas que te puedan dar esa formalización, y los va a haber cada vez menos. Nosotros comprendemos, y creo que es bueno para el país, que el 46g deje de existir, porque es el ícono de la desvalorización docente, pero no puedes dejar un espacio vacío. Generemos un mecanismo para que gente que tenga competencias pedagógicas pueda hacer clases durante dos años, y después tenga que estudiar.

–¿Una excepción tipo Enseña Chile?

–Lo puedes llamar así, pero nosotros somos 200 nada más. Hay mucha gente que tiene la vocación y las competencias, pero no tiene el título. Que a esas personas no les pongan barreras de entrada, que puedan hacer clases, y después si está disponible, pueda formalizarse. E insisto en si está disponible, porque las universidades ahora se van a atomizar en tres ciudades. Lo que va a pasar es que estos diez mil que se quieren formalizar van a tener que ir a Santiago, Valparaíso, Biobío, porque no va a haber universidades en los lugares que nosotros estamos trabajando, donde más nos necesitan. Nuestros profesores en Aysén, por ejemplo, por mucho que quieran formalizar sus estudios, no pueden, la universidad más cerca está a 1.000 kilómetros de distancia.

–¿Propones que la formalización sea a través de una prueba?

–Si estás en Punta Arenas, tiene que ser una prueba, hay que generar un mecanismo. La prueba Inicia era eso. Demostraba si tenías competencias pedagógicas o no.

–Y a ustedes les iba bien. 

–Bueno, ése es el tema, que lo quiero decir: nosotros salimos segundos en Chile en competencias pedagógicas de la prueba Inicia. En lo que uno esperaría que fuéramos peores. Y la respuesta a eso fue: “Por favor, no den más la prueba Inicia”.

–¿Quién les dijo eso?

–El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del ministerio de Educación.

–¿Por qué?

–Porque daba una mala señal hacia las universidades.

–¿Cuándo fue esto?

–Nosotros dimos la prueba en 2013 y no nos dejaron volver a darla. Y, de nuevo, el argumento era “porque queremos profesionalizar la profesión docente”.

–¿Ustedes son el símbolo de que sin título se puede tener resultados?

–Nosotros somos el jamón del sándwich. A veces, emprenden contra nosotros diciendo que no somos profesores, que no cualquiera puede hacer clases. Y yo respondo: soy el que más selecciona –a sólo el 7% de los postulantes–, el que más forma, y el que más resultados tiene. La cantidad de gente sobre 700 puntos en la PSU que tenemos, la cantidad de gente que postula... Si fuéramos una facultad de educación, seríamos los únicos que hemos hecho una evaluación de impacto en nuestros estudiantes.

–¿Qué tiene que hacer el Estado con los profesores que no puedan formalizarse? 

–El gobierno ha dado planes de retiro. También yo creo que el profesor tiene que hacerse responsable. Hay muchos ingenieros que salen de la facultad, no tienen las competencias, y no los contratan. La diferencia acá es que tenemos el estatuto docente, que le da inamovilidad a esa gente. Yo creo en la estabilidad laboral, pero no en la inamovilidad.

–Hablas de hacer cambios de fondo, en vez de maquillaje. ¿Enseña Chile, los profesionales haciendo clases por dos años, no es más maquillaje?

–Es algo momentáneo, pero lo que queremos es que la gente que pasa por aquí genere cambios. Hoy tenemos 214 egresados, y el 80% sigue trabajando full time en educación desde la sala de clases, el gobierno, ONGs o emprendimientos. Yo aspiro a dejar de existir lo antes posible, pero porque eso signifique que ya no somos necesarios.