El martes 24 de marzo, a las 9.30, Soledad Alvear subió al noveno piso de Teatinos 120 para una reunión reservada. La ex canciller y ex senadora DC iba al Ministerio de Minería en su calidad de abogada privada como parte del equipo legal liderado por Andrés Jana que defiende a minera Los Pelambres (MLP), propiedad en un 60% del grupo Luksic.

Apenas un par de días antes, el 20 de marzo, la empresa suiza Glencore había dado un paso más en su demanda civil contra MLP ingresando en tribunales argentinos una querella criminal contra la compañía chilena por supuesto daño ambiental y usurpación de terrenos porque su botadero de escombros Cerro Amarillo, cruzaba el límite fronterizo, ocupando suelo perteneciente a la minera El Pachón. Para Antofagasta Minerals, dueña de Los Pelambres, la crisis había llegado demasiado lejos y era hora de actuar.

La reunión se realizó en el salón Teplizky del ministerio. Además de Alvear y Jana –en representación de la empresa– participaron la ministra de Minería, Aurora Williams, su jefe de gabinete, Adolfo Galindo; el subsecretario Ignacio Moreno; el director de Límites de Cancillería, embajador Patricio Pozo, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), Rodrigo Álvarez. En Antofagasta Minerals señalan que también asistió un representante del Ministerio del Interior, dato difícil de comprobar porque la audiencia no fue registrada en el portal del lobby. En el ministerio rebaten que fue la ministra quien citó al encuentro, por lo que no se considera “lobby”.

Según fuentes de la empresa y del ministerio, durante la cita, el subsecretario Moreno hizo una exposición del caso–ya que él había llevado las conversaciones con su par transandino, para tratar de destrabar el conflicto– y señaló que las aguas cercanas al botadero eran aptas para riego, por lo que no había contaminación. Andrés Jana insistió en su postura de que esto podía complicar al gobierno, ya que fue el Estado el que hace 10 años, a través de Sernageomin y las autoridades ambientales, dieron los permisos para instalar la escombrera en territorio que resultaría ser argentino. El abogado pidió que el ministerio le diera a la empresa los estudios técnicos que demuestran la baja contaminación, así como un documento que acredite la “buena fe” de Pelambres  y que actuó de acuerdo a la normativa legal, para ser anexados como prueba al juicio en Argentina. La ministra Williams respondió que hicieran la solicitud de los documentos a través de la Ley de Transparencia. Y así fue.

La estratégica reunión es uno de los antecedentes clave que hoy analiza la fiscal jefa del departamento jurídico del Sernageomin, Doris Roa, quien está a cargo de una investigación sumaria en el ministerio para determinar si hubo irregularidades o faltas –y si se debe iniciar un sumario administrativo– a raíz de las dos cartas que entregó en abril a Pelambres el jefe de gabinete de la ministra. La primera, garantizando la “buena fe” de la empresa minera; la segunda adjuntando un informe del laboratorio SGS sobre las buenas condiciones de las lagunas que rodean la escombrera. El informe iba timbrado por Galindo y en su carta señalaba que fue “revisado y avalado por nuestros expertos del Sernageomin”.

La fiscal debe determinar quién autorizó y si corresponde que un jefe de gabinete firme la inusual carta de “buena fe” –concepto que se da por supuesto en el ordenamiento judicial chileno– y si estuvo dentro de las normas el envío y timbraje del informe ambiental. El problema es que SGS es un laboratorio que suele trabajar con Pelambres, y dicho estudio fue pagado por la empresa minera. Más aún, fue la propia Antofagasta Minerals quien remitió los resultados del estudio al gobierno.

Los correos electrónicos en poder de la fiscal relatan paso a paso el trayecto del informe de Pelambres. Luego de que el 8 de abril, a través de una carta de Jana a Williams, se pidieran por transparencia los resultados de los análisis tomados en la zona fronteriza, el 15 de abril Gustavo Possel, de la vicepresidencia de medio ambiente de Antofagasta Minerals, envió el informe al director del Sernageomin. “Puede inferirse que, a pesar de la cercanía del botadero, no existe influencia de éste en ninguna de las lagunas. El botadero no genera drenaje ácido”, dice el mail del ejecutivo.

30 minutos después Rodrigo Álvarez –quien dirige el servicio, que es un ente fiscalizador de la gran minería– remite el informe al subsecretario Moreno. Este a su vez se lo reenvía el 22 de abril a Adolfo Galindo, con la leyenda PVI (Para Vuestra Información). Ese mismo día, tras consultar una respuesta posible con Moreno, el jefe de gabinete se lo remite a Jana. El documento había dado una vuelta completa.   El abogado de Los Pelambres le pide a Galindo que le envíe de nuevo el informe, pero esta vez timbrado para darle validez. Así lo hace el funcionario, el 30 de abril.

Al interior de la cartera señalan que la idea original era enviar a la minera los resultados de unas muestras de agua tomadas por Sernageomin en diciembre pasado, sin embargo,  ese informe es clasificado debido a que para tomar las muestras los técnicos del organismo cruzaron la frontera sin los permisos correspondientes de Argentina y podía generarse un lío diplomático. Por eso se optó por enviar el de SGS, que se midió el 30 de enero en la zona cordillerana bajo la presencia del Sernageomin y funcionarios argentinos.

QUIEBRE EN EL MINISTERIO

En la empresa Glencore señalan que a ellos jamás los ha recibido la ministra. Sólo el subsecretario dio audiencia el año pasado a los asesores legales de la empresa Verónica Barahona y Carlos Prat. Ese año también acudieron al ministerio los ejecutivos de Antofagasta Minerals Diego Hernández y Francisco Veloso.

Cercanos a la ministra dicen que su postura es ser imparcial frente al tema, ya que para el gobierno es un asunto entre privados. Por escrito, Williams señaló a Qué Pasa que “quiero aclarar enfáticamente que ninguna de las autoridades ni principales colaboradores (del ministerio) han mantenido tratos preferentes que beneficien a empresas mineras o a cualquier otro sector productivo”.  En el entorno de la secretaria de Estado dicen que se han despachado documentos solicitados por ambas empresas –respondieron un exhorto de Argentina con informes de Glencore– y que a ella le molesta y considera injusto que los medios la vinculen permanentemente al grupo Luksic por haber trabajado en sus empresas, Sanitaria Aguas de Antofagasta y Antofagasta Terminal Internacional. De hecho, recién estando en el ministerio conoció a Jean-Paul Luksic, a quien le dijo “yo he trabajado en dos de tus empresas y de una me echaron”.

Fue la amenaza de que Glencore presentara una acción judicial contra el ministerio lo que llevó al subsecretario –con la venia de la ministra– a pedir que se iniciara la investigación sumaria para despejar el tema. La apuesta era que no se detectaran irregularidades o que a lo sumo hubiera una sanción menor que prohibiera a Galindo seguir firmando documentos. Sin embargo, nadie esperaba que la fiscal a cargo comenzara a recabar nuevos antecedentes que podrían complicar a todas las autoridades de la repartición. Con los mails que comprometen a Moreno y Álvarez, incluso la fiscal podría inhabilitarse para que nombren a un abogado de otra cartera para llevar el sumario.

Los problemas suman y siguen para Minería. El pasado 17 y 18 de junio el subsecretario y el director del Sernageomin decidieron responder dos oficios de transparencia solicitados por Glencore, señalando que no existe ningún informe entregado a ellos por el laboratorio SGS y que jamás han avalado un documento de este tipo. Con esta respuesta, Glencore acudió al tribunal argentino y consiguió que se desestimaran los documentos anteriores presentados por Los Pelambres y mantuvieran a firme la orden de precautoria. Para Antofagasta Minerales es un hecho grave ya que las autoridades de Minería faltan a la verdad e incurren en un posible delito funcionario.

El tema mantiene fuertemente tensionado al ministerio. Al interior de la cartera hay recriminaciones por cómo se ha actuado frente a este conflicto y en el Partido Radical, donde milita la ministra, la presionan para que remueva a Galindo, quien es de la G-90 del PPD y cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo.  La ministra se ha enfrentado, además, a viva voz con su subsecretario, con quien mantiene una mala relación, incluso en una reciente discusión le advirtió que pediría su destitución a La Moneda. También le dijo que esperaba que la investigación sumaria no se filtrara y que no se convirtiera en una novela por entregas.