"¡Pero esto es un cambio de límites!". El presidente de la comisión de Minería del Senado, Alejandro García-Huidobro, no lo podía creer. Los senadores Alejandro Guillier y Baldo Prokurica también se mostraban sorprendidos. Los representantes de Antofagasta Minerals, liderados por Diego Hernández, continuaron con su exposición el pasado miércoles en el Congreso Nacional.  La empresa –controlada por el grupo Luksic– había pedido la reunión para explicar a los miembros de la comisión el lío que enfrentaban desde que la minera suiza Glencore presentara en Argentina una demanda civil y una querella penal contra ellos, tras descubrir que llevaban varios años acopiando desechos mineros en territorio transandino.

PowerPoint mediante, el presidente ejecutivo de la minera chilena reiteró el argumento que viene repitiendo desde que estalló el tema: que el año 2008 la Cancillería cambió los mapas oficiales con el límite fronterizo de la zona sur de la IV Región, sin informarlo adecuadamente y que por esto la escombrera Cerro Amarillo del yacimiento Los Pelambres de un momento a otro pasó de estar en suelo chileno a suelo argentino. Según la empresa, esto es un error de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), y que el caso amenaza con seguir escalando ya que si bien la demanda penal por "usurpación de terrenos y aguas y posibles daños ambientales" presentada en marzo de 2015 apunta a ejecutivos de la compañía, serán también citados a declarar al extranjero las autoridades y funcionarios chilenos que autorizaron el emplazamiento del botadero en 2004. Así, lo que es hasta ahora un conflicto entre privados, amenaza con convertirse pronto en un problema entre estados.

Se trata de una montaña de escombros. 50 millones de toneladas de descarte minero y unos 470 enormes neumáticos de camiones, repartidos en casi 60 hectáreas. Algo así como dos parques Bicentenario de la comuna de Vitacura. Los restos son de Los Pelambres, pero el terreno es de El  Pachón, un antiguo proyecto minero de la provincia de San Juan, adquirido el 2013 por la suiza Glencore Xstrata, empresa que si bien es mediana en Chile –posee el 44% de Collahuasi– es gigante a nivel mundial: el tercer productor de cobre.  Ese mismo año enviaron la primera carta de advertencia a Antofagasta Minerals para que retiraran cuanto antes el basural y pagaran una compensación.

La chilena estaba en problemas. Trasladar la escombrera puede costar US$ 150 millones –y dispararse a US$ 200 millones o más con la eventual indemnización–, monto equivalente al ahorro que han tenido estos años gracias al beneficio de tener un botadero junto a la mina.  Propusieron, en cambio, hacer un cierre ambiental, es decir, construir canaletas y sellados para evitar daños ambientales, lo que tendría un costo de unos US$ 15 millones. La idea fue rechazada de plano.

La controversia está al rojo vivo y parece no tener una solución a la vista. A las demandas en el Juzgado Federal de San Juan, Glencore agregó en marzo, en completa reserva, una denuncia contra Pelambres ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, acusándolos de no informar que tenía un botadero en territorio argentino, no hacer un nuevo plan de seguimiento y monitoreo como exige la ley, ni una nueva evaluación ambiental, e incumplir las medidas de manejo de aguas sin medir adecuadamente su flujo.  El 15 de junio la SMA notificó que iniciaría una investigación por los hechos denunciados. El tema aterrizaba de lleno en el país.

Pedro Pablo Gutiérrez, abogado litigante y experto en conflictos entre empresas –quien hasta hace poco trabajaba codo a codo con Diego Hernández, cuando este presidía Codelco en su disputa con AngloAmerican–, hoy desde la vereda opuesta, como defensor de Glencore, dispara: "Antofagasta Minerals volcó 50 millones de toneladas en terreno ajeno sin permiso de su dueño. Una invasión de hecho de un particular que fue a depositar escombros a Argentina. Lucraron con el depósito de escombros. Ellos ofrecen algo absurdo, dejar las cosas como están y ponerle una protección, un sombrerito, para que esto no siga generando precipitaciones ácidas. Y con eso me lavo las manos. No, esto no funciona así. Tienen que sacarlos. Usted se va y se lo lleva. Y si ellos le quieren echar la culpa al Estado, es un problema de ellos con el Estado de Chile".

Patricio Enei, vicepresidente legal de Antofagasta Minerals, responde con igual dureza: "Siempre pensamos que estábamos operando sobre suelo chileno. Lamentablemente, todas las actitudes adoptadas por Glencore, desde su estrategia judicial hasta el fuerte lobby que está realizando en ambos países, demuestran que lo que busca es presionar y agravar el problema. Incluso intentando involucrar a funcionarios del Estado chileno en juicios que se llevan en Argentina, lo que nos parece irresponsable. Lo que buscan a la larga es obtener pagos y compensaciones, ya sea de Minera Los Pelambres o del Estado. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar.  Somos una compañía minera especializada en producir cobre y nos cuesta entender que haya empresas del tamaño de Glencore que lo que buscan es ganar plata a través de juicios y presiones".

ENTRAN LAS CANCILLERÍAS

El problema es de los mapas, dicen en Los Pelambres. Señalan que en la zona de la polémica no había claridad respecto a las altas cumbres divisorias de agua que marcan la frontera. El 2004 consiguieron autorización georreferenciada para el botadero del Sernageomin y de las autoridades ambientales. También derechos mineros en la zona autorizados por tribunales. Incluso el 2010 el Estado permitió aumentar el tamaño del botadero.  Todo respaldado por los mapas del Instituto Geográfico Militar –el servicio cartográfico oficial del Estado- de 1986 y 1996 que fijaban la frontera varios kilómetros más al este.

El año 2008, sin informarlo ni dar explicaciones, la cartografía del IGM cambió, pero sólo en su versión en papel y no digital, acercando el límite y dejando la escombrera en Argentina. Según Antofagasta Minerals, recién se enteraron el 2011 y ordenaron paralizar las operaciones en el botadero. En 2012 una comisión binacional de límites acudió a densificar la frontera poniendo nuevas marcas entre los hitos, dejando dos de las señales precisamente sobre el botadero. El problema era evidente.

Por eso la empresa contrató como abogado a un experto en derecho internacional, Andrés Jana, que hoy asesora a Cancillería como parte del equipo jurídico ante La Haya. Ofrecieron a Glencore, que la ex ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear mediara en el conflicto, pero tras el rechazo de los suizos, Jana fichó a la ex senadora DC, junto a los abogados Olga Feliú y Hugo Llanos. También contrataron a Bomchill, uno de los mejores bufetes argentinos. Saben que los resultados en el país transandino son inciertos –ya apelaron a la competencia de la corte– y que la única salida es conseguir un arbitraje o el apoyo político del Estado chileno.

Para Glencore, la historia que cuenta Antofagasta Minerals no se sostiene. Muestran que el mapa del 86 del IGM señala claramente en sus lecturas que "el trazado del límite internacional es aproximado y no oficial" y que "toda actividad desarrollada en una faja de 5 km del límite internacional deberá ser consultada a la Difrol". El mapa del 96, en tanto, sólo sería una reimpresión del antiguo mapa.

Pero los suizos lograron anexar al juicio en Argentina una pieza clave: un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Un memorándum del 18 de marzo de 2015, firmado por el presidente de la comisión de límites, Pablo Chelia, donde se sostiene que "nunca existió conflicto alguno entre Argentina y Chile por problemas de límites ni de demarcación en la porción de dicho límite que se encuentra dentro de la provincia de San Juan". Para Argentina –y para Glencore– el tema es claro y los límites son los mismos que fueron fijados en el Tratado de 1881.

En la Cancillería chilena, en tanto, han sido cautos y no han salido a desmentir ni confirmar derechamente la afirmación de Antofagasta Minerals, respecto a la modificación de la cartografía. Consultados por Qué Pasa, respondieron por escrito que "El Estado de Chile estima que la situación de la Minera Los Pelambres constituye un tema entre empresas particulares, en el cual no le cabe responsabilidad.  Está dispuesto a colaborar con las empresas involucradas, en la búsqueda de un arreglo razonable y de mutua conveniencia en relación al juicio que se sigue en el tribunal federal de San Juan, Argentina, en el entendido que existe voluntad de ambas partes en ese procedimiento judicial por encontrar una fórmula de solución".

En el último año, los gobiernos han realizado gestiones y reuniones en Buenos Aires y San Juan para tratar de acercar posiciones entre las empresas. El subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, ha tratado el tema con sus pares; el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ha intentado, sin éxito, sentar a las partes a conversar y también fue un asunto de preocupación del ex embajador de Chile –hoy vocero de gobierno-, Marcelo Díaz, aunque hoy la embajada está vacante.

LA MANO DE MINERÍA

Aunque el canciller Heraldo Muñoz es de la política que este aún es un asunto entre privados, su postura quedó en entredicho luego que The Clinic revelara el activo rol del Ministerio de Minería a favor de la empresa del grupo Luksic. El 22 de abril, Adolfo Galindo, jefe de gabinete del la ministra Aurora Williams, firmó una carta donde señala que "revisados los antecedentes y consultados nuestros organismos técnicos", el ministerio puede garantizar la "buena fe" en el actuar de Los Pelambres en la construcción del botadero de Cerro Amarillo. Según explican en la minera, el abogado Jana había pedido el inédito documento, ya que la "buena fe" es un concepto que si bien se da por supuesto en el ordenamiento chileno, es muy valorado por la justicia argentina donde además, "jefe de gabinete" es un alto cargo.

El 30 de abril, Galindo firma otro documento para Jana donde reenvía un estudio del laboratorio SGS sobre las buenas condiciones ambientales de las lagunas cercanas a la escombrera, y dice que el informe fue "revisado y avalado por nuestros expertos del Sernageomin". Sin embargo, la Subsecretaría de Minería, a través de un oficio de transparencia, señaló que no existe un documento donde el ministerio solicite un estudio a SGS ni tampoco uno que muestre la validación del Sernageomin.  El subsecretario Moreno ordenó una investigación sumaria sobre las cartas firmadas por el asesor de la ministra.

Glencore sostiene que el informe de SGS midió las lagunas más lejanas a la escombrera y por eso encargó su propio informe ambiental a Aecom, para ser anexado al proceso, el que sí detectó niveles de acidez sobre lo permitido. La preocupación de la empresa es un sumario que abrió la autoridad ambiental argentina por la contaminación en la zona. Sostienen que Los Pelambres incumplió la legislación al botar neumáticos –lo que está prohibido por ley– y dudan si hizo un drenaje enrocado en el botadero: si no lo hizo, incumple las normas ambientales; si lo hizo, está llevando agua argentina hacia Chile, lo que es aún más grave.

Las dos empresas aún no se sientan a intentar buscar un punto de acuerdo. La política de Jean-Paul Luksic, presidente del directorio de Antofagasta Minerals, es que no se puede pagar para arreglar un asunto que considera injusto, menos aún cuando la empresa tiene capitales japoneses y sus acciones se transan en Londres.  La política de Glencore, que dirige el magnate sudafricano Ivan Glasenberg, es que cada dólar vale y hay que saber negociar.  Una batalla de privados, pero que mantiene al límite a los gobiernos.