En los últimos 25 años,  el abogado José Zalaquett, profesor de la Escuela de Derecho y del magíster Ética y Gobierno de la Universidad de Chile, ha sido parte de las comisiones más importantes en la historia reciente: Rettig, la Mesa de Diálogo y la de transparencia y probidad que convocó en su primer gobierno la presidenta Michelle Bachelet tras el escándalo de Chiledeportes en medio de las irregularidades en la rendición de gastos de campañas. De esta última surgieron iniciativas como el Consejo y la Ley de Transparencia de 2009 y la Ley del Lobby, que recién empezó a implementarse a fines de 2014.

Ocho años después, pero ahora tras el estallido de los casos Penta y Caval, además de la arista Soquimich, el gobierno anunció la convocatoria a una nueva comisión de expertos “representativos de toda la sociedad” para que elaboren una propuesta destinada a regular la política y los negocios.

Mientras prepara sus clases tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Diego Portales, donde en agosto dictará un curso sobre anticorrupción, Zalaquett ha observado atentamente no sólo estos anuncios, sino también cómo la clase política y empresarial ha ido perdiendo paulatinamente la confianza de la gente.

Pero no es todo. También ha visto un cambio sustancial en las personas. “Estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Hoy la ciudadanía está mucho más preocupada de cuestiones morales o éticas que afectan a la cosa pública. Esto comenzó en los 60 con el movimiento ciudadano por los derechos humanos; siguió en los 70 con el movimiento por el medio ambiente y continuó con el fin de la guerra fría con el tema anticorrupción. Y aunque  todavía es temprano para juzgarlo, con las protestas ciudadanas del 2011 comenzó un nuevo tema: la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el mundo político no se ha adaptado”.

-¿Cómo percibe a la clase política y empresarial en el contexto que describe?
-Los partidos subsisten como en la época anterior, pero como un árbol seco en la llanura que carece de vitalidad y que no se derrumba, pero tampoco tiene capacidad de recrearse. En los 70 los derechos humanos significaban proteger a las personas respecto el abuso del poder político; el medioambiente proteger el hábitat común y la anti- corrupción para proteger el patrimonio común de los intereses privados. El tema de la corrupción se ha definido como un abuso de una función fiduciaria para beneficio privado. Todos los funcionarios públicos tienen una función fiduciaria, porque se confía en ellos como representantes de la ciudadanía, y los privados también, porque tienen la representación de un gran número de personas. Por ejemplo, los que manejan AFPs, isapres , la Bolsa de Comercio o los controladores de una sociedad anónima en que hay muchos ahorrantes.

-En ambos casos, en los funcionarios públicos y privados, la gente deposita su confianza.
-Así es, por eso hablamos de una traición de la confianza fiduciaria. Y en materia anticorrupción existe la captura del Estado, que es de dos tipos: primero la captura de los poderes fácticos, tipo Penta. Y, segundo, la captura de los partidos en el poder, que es una captura hormiga, pero son tantas que pasa a ser un hormiguero. Es decir, la pequeña prebenda, el beneficio que se otorga con preferencia a esos clientes políticos, en fin. En esta materia, el caso Penta significa la captura del sistema político por parte de una empresa, aunque en el caso el ex subsecretario de Minería se puede hablar de captura del Estado por parte de un grupo. Y uno no puede ser tan ingenuo de pensar que ese grupo no tiene intereses, porque si le ha pasado 100 millones de pesos para su campaña, si a usted lo llaman por teléfono, usted contesta.

-¿Y en el caso Caval?
-En el caso Caval hay un abuso de una posición de privilegio que se entiende tácita, porque el señor Luksic no necesita que le deletreen ni le subrayen nada, porque está hablando con el hijo de la presidenta. Él no se hace presente en una reunión de un cliente cualquiera del Banco de Chile. Y el público cada vez tiene menos tolerancia con respecto a estas cosas.

-¿Cuál es su diagnóstico de lo que vive el país hoy?
-En primer lugar, el mundo político reacciona con miopía y en el corto plazo.  Ese corto plazo es mucho más exagerado en otros países, como en Estados Unidos, donde los diputados se reeligen cada dos años y se está constantemente en campaña. Pero en Chile también existe este cortoplacismo. Por eso es que a los programas de largo plazo, como la reforma educacional, se les quita el cuerpo porque se piensa que los resultados se van  a ver en cuatro  presidencias más. El sistema político necesita una profunda renovación, y va a ser sometido a una tensión que va a generar un gran cambio que aún no es posible de advertir. Y sus falencias evidentes hacen que provoque una desconfianza  muy grande. Eso, sumado a que la ciudadanía toma cada vez más cartas en el asunto público de contenido ético.

-¿Ha aumentado la desconfianza hacia la elite?
-Sí, y también hacia las instituciones. Hoy el Parlamento y los partidos políticos tienen un nivel de aprobación bajísimo. Pero esto es un fenómeno en general que nos remite al asunto de sociedades de la confianza. Desde hace unos 20 años se ha desarrollado literatura al respecto,  y generalmente invocan a la Holanda del siglo XV en adelante como un ejemplo de sociedad de la confianza: un conjunto de burgueses de las provincias holandesas se unen y creen que es bueno trabajar para el colectivo porque se a van beneficiar y creen que los demás creen lo mismo. Y se las arreglan para quitarle la mitad de la tierra al mar que posee Holanda para conquistar el mundo. En América Latina no hay sociedades de la confianza total, pero sí hay parcialmente. En Chile y en Uruguay se considera que pagar impuestos no es de giles, como sí creo que se piensa en Argentina. Hay evasión, pero es mínima comparada con otros países. Curiosamente, estos países son los con menos grado de corrupción  de América Latina.

-¿Cuánto han influido Penta y Caval en la pérdida de confianza?
-Mucho, pero esto es parte de un fenómeno en general. También es cierto que este es un problema del sistema político, pero en el caso Penta hay una relación profundamente simbiótica e incestuosa entre una empresa con el partido más grande en el Parlamento. Sin embargo, también hay una tendencia hacia la pérdida de confianza hacia las instituciones, porque se presiente que ya ha perdido validez la forma de su organización y de funcionamiento político del pasado. Por otra parte, no se advierten los nuevos parámetros con claridad. Es decir, primero viene la desconfianza, y después las proposiciones sobre cambios de fondo. Hoy nos encontramos con que la ciudadanía primero tiene una posición: “No a esto más que sí a esto otro”. No a la desigualdad, pero si usted pregunta a las personas ¿pero sí a qué?, le van a proponer distintas soluciones y muchas veces contradictorias. Hay diferentes opiniones.

-En el caso de Chile, hay una propuesta del gobierno para mayor transparencia entre política y dinero. A la larga, ¿sirven ese tipo de reacciones tan rápidas?
-El riesgo es que sean soluciones de parche. Por ejemplo, cuando ocurrió el escándalo MOP-Gate se propuso un sistema de Alta Dirección Pública. Y en lugar de haber 23 mil personas de confianza del Presidente de la República, pasaron a ser unos centenares. Pero pronto se maleó el sistema, porque se empezó a pedir la renuncia de las personas que tenían un cargo de Alta Dirección, aunque fueran competentes.

-Como reacción al escándalo Chiledeportes también hubo iniciativas ¿cómo fue su experiencia?
-La presidenta Bachelet convocó a una comisión de siete personas y yo estaba entre ellas. Preparamos proyectos de ley o sugerencias sobre cómo mejorar la transparencia, entre ellos la Ley de Transparencia y la preparación del Consejo de Transparencia, que se implementaron en 2009. También la ley de protección de los denunciantes, pero la Ley del Lobby demoró hasta el 2014. Y las otras proposiciones que hicimos duermen el sueño de los justos. Entre ellas estaba mejorar la función de la Contraloría. Lo que quiero decir es que muchas veces los grandes impulsos sirven para un avance. No se puede negar. Pero muchas veces este avance es menos rimbombante que lo que se conoció en un comienzo, porque también los titulares de la prensa cambian todas las semanas, al igual que la tensión  del público.

-¿El riesgo es que las soluciones queden en un empate? ¿Qué hacer para que esto funcione?
-Esto es a largo plazo. Inicialmente, el escándalo es mucho mayor y la voluntad declarada del mundo político e institucional es mucho mayor que lo que después demuestra ser, pero como muestran los casos Chiledeportes, MOP-Gate y, por último, este reciente de Penta, se va viendo por capas. La historia de la anticorrupción en Chile comenzó por un informe del año 94, en el gobierno de Frei. Se formó una comisión transversal, y  se llegó a la convicción de que había que avanzar en un plan maestro. Diría que en 20 años se ha ejecutado probablemente en un 50%.

COSTO-BENEFICIO DEL DELITO
-¿Y cuál es su visión de los delitos económicos?
-En el caso de los delitos económicos, a diferencia de los pasionales, el delincuente o potencial delincuente saca un cálculo costo-beneficio. Piensa así: “La posibilidad de que me pillen es el 50%; la posibilidad de que salga bajo fianza otro 50% y, al final, la posibilidad de que me condenen a pagar una cifra mayor de la que me embolsé es 0%”. Esto, porque en definitiva lo condenan muchas veces a pagar una suma menor. Entonces hay un desincentivo. En cambio, con el delincuente pasional no hay problema de incentivo o desincentivo, sino de impulsos, reflejos irrefrenables, lo que no lo justifica, por supuesto.

-¿Qué sanciones serían ejemplificadoras? Hoy cometer un delito económico no parece tener un gran castigo. Tampoco violar la ley electoral.
-Aumentar el costo es muy importante. Por ejemplo, si a aquellos que violan la ley de financiamiento de partidos políticos de las elecciones se les dice que el costo es que pierdan el cargo, es serio. O si usted hace un fraude al Fisco o embauca a los pequeños accionistas de una gran sociedad anónima y tiene que pagar tres o cuatro veces lo embolsado, eso es un costo serio, como existe en algunos países.

-Pero en Chile eso no ocurre.
-En Chile no. Primero contratan los mejores abogados, se demoran 14 años en pagar y la posibilidad de que sean condenados no es cercana a una certeza sino mucho menos. Por ejemplo, el gran delincuente económico de los tiempos pasados  fue el señor Feliciano Palma, de Lozapenco, que estafó en US$ 40 millones al Fisco con supuestas devoluciones de impuestos por exportaciones. Él calculó: “Me voy con mis US$ 40 millones. La posibilidad de que me pillen es un tanto por ciento;  la posibilidad de que me extraditen es una fracción de esto; la posibilidad de que salga en libertad bajo fianza es tanto”. Efectivamente, lo pillaron y lo extraditaron, pero salió en libertad vigilada. En definitiva, en estos casos el cálculo costo-beneficio opera como una máquina calculadora.

-En Chile esos delitos de cuello y corbata han evolucionado.
-En Chile tenemos básicamente el delito de conflicto de intereses y de uso abusivo de información privilegiada. Cuando estuve en el directorio de Televisión Nacional, una gran colega del directorio que había estudiado en Gran Bretaña viajó a ese país y se juntó para cenar con un ex compañero de universidad, que hoy era director de una de empresa. Ella le preguntó como cortesía: “¿Y cómo te va en tus negocios?”. Y él le respondió: “Querida: si te dijera, estaría cometiendo un delito”. Imagínese usted esa conversación en La Dehesa, ¡lo sacan a patadas por roto! Porque acá es “cuéntate, pásate un datito. No seas roto”. Esa cultura de conflictos de intereses no existe acá.

-¿Cómo se resuelve esto en Chile si quienes están bajo la lupa son los mismos que legislan?
-Yo creo mucho en los incentivos. Porque no tienen que ver con la economía de mercado, sino con la naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento. Porque las personas generalmente hacen un cálculo costo-beneficio.

-¿Cómo serían los incentivos para “portarse bien”?
-En la medida que las sanciones sean más altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores.

-En el caso del financiamiento de la política, eso quedó en evidencia.
-Esa era una trenza. Y en esto pretender ir dos pasos adelante es inútil. Por ejemplo, en Estados Unidos se limitó la cantidad de dólares que podían aportar los privados, pero el pretexto fue que a usted lo invitaban a dar un discurso sobre la angustia en los crustáceos y decían tres o cuatro payasadas y le pagaban 30 mil dólares. En el fondo, era una forma disimulada y mandaba su boleta.

-Y del caso Caval, ¿cómo se sale?
-El mundo de la Nueva Mayoría ha reaccionado con pusilanimidad. Un diputado dijo por ahí que se renuncia para evitar una expulsión, pero se va riendo al banco con $ 3 mil millones. Es impresentable. Pienso en lo que se dijo, que la Nueva Mayoría venía a plantear un distinto tipo de gobierno y que la relación entre dinero y política no sería de la misma manera, y que todos los chilenos eran iguales, pero resulta que, como decía George Orwell, hay unos más iguales que otros. Y eso no debería ser.

-¿Cómo se restituye la confianza después del caso Caval?
-Hay un dicho árabe que dice que la confianza se construye tan lento como crece el árbol de la palmera, y se cae a la velocidad de un coco. Es decir, la confianza se construye día a día, pero se puede derrumbar en un santiamén. Por eso es necesario cuidarla especialmente. Chile es un país donde se confía en que pagar impuestos tiene sentido y cumplir las leyes también. Y se confía  en que los temas ciudadanos-país se pueden abordar transversalmente, como fue la Comisión Rettig, la Mesa de Diálogo y en la Comisión Anticorrupción y varias otras. Y en todas éstas se llegó a un acuerdo unánime con personas de un lado y de otro. En Chile hay capacidad de la clase política de ponerse por encima de la contingencia. No digo de todos, pero basta que haya una minoría que esté pensando en el país.