Desde su polémica renuncia como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, hace dos años, el ex fiscal de la zona Metropolitana Sur Alejandro Peña ha llevado una vida absolutamente distinta a la de la última década. No sólo se “privatizó” y hoy ejerce como abogado penalista y comercial, sino también ha optado por el bajo perfil.  De hecho, sus apariciones públicas han sido escasas, pese a que ha estado en causas de connotación pública, como el caso de la Corredora Serrano Mac Auliff, en el que resultó condenado su ex dueño y gerente, Tomás Serrano, y en la defensa del ex jefe de OS-7 de Carabineros de Arica, Víctor Rodríguez, acusado de tráfico de drogas y cuyo juicio oral está a punto de terminar.

Peña vivió durante años en el ojo de huracán. Su polémico estilo en la Fiscalía Sur, donde él mismo iba a los operativos antidrogas, lo convirtió en un blanco de críticas. Pero uno de sus roles más polémicos fue cuando tuvo el caso bombas 1 en sus manos. En 2011, ad portas que terminara su período de ocho años, dejó la fiscalía para irse a Interior. Poco después, cuando la causa llegó a juicio oral a cargo de su sucesor, Raúl Guzmán, todos los imputados fueron absueltos.

Pero este año el nombre de Peña volvió a sonar, luego que el 2014 estuviera marcado por hechos similares a los que él investigó: el procesamiento en España por delito terrorista de dos ex imputados en el caso bombas 1, Francisco del Solar y Mónica Caballero; el bombazo al Sub Centro del metro Escuela Militar, que dejó 14 heridos; el atentado a la Primera Comisaría de Carabineros y la muerte de Guillermo Landskron (29), quien no estaba vinculado a los grupos anarquistas y murió el 25 de septiembre al manipular casualmente una mochila que contenía un artefacto explosivo.

-Desde el caso bombas 1 han avanzado las tecnologías de identificación.  ¿Cree que su causa habría sido distinta de haber contado con otras herramientas?
-En este tipo de delitos terroristas, el delincuente siempre va a tratar de no dejar huellas. Por ejemplo, chequean sus desplazamientos para que no exista tecnología que los pueda delatar. Pero en el caso que nos tocó investigar, los hechos habían ocurrido con mucha anterioridad. No había videos ni filmaciones ni otros elementos que permitieran una identificación científica. En estos casos es muy difícil contar con prueba directa, que es la prueba ideal. Por eso, se debe recurrir a la prueba indiciaria. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de España considera a la prueba indiciaria como necesaria e indispensable para formar convicción en estos delitos.

-¿Le incomoda que hasta hoy se cuestione la manera en que se llevó el caso?
-Siempre tomé el caso como un rol que yo estaba desempeñando junto a un equipo de fiscales. La mirada posterior es tener la tranquilidad de que hicimos lo que debíamos hacer. Que se haya perdido o no, nosotros actuamos de acuerdo al mérito de la causa. Tanto es así que, incluso, hay dos personas en las que también se ejerció la acción penal en su contra y que fueron nuevamente procesadas, pero en España, por los mismos hechos, las mismas características y modus operandi.

-Pero  todos los imputados fueron absueltos.
-Si hay presunciones fundadas y los jueces ponderan por las variables que se presentan, la obligación del fiscal es llevar estos casos a juicio. Pero un fiscal no puede ser juez o defensor en forma anticipada.  Uno adquiere convicción y si tiene todos los elementos y si esa decisión es confirmada preliminarmente por los tribunales, hay que seguir intentándolo. Que tenga debilidades, bueno, así funcionan los juicios. Pero no por el miedo a perder un juicio no se puede dejar de llevarlo a los tribunales. Porque si después hubiese muerto una persona por uno de esos hechos, habrían dicho: “Usted tenía todos los elementos para haber formalizado y no lo hizo”. Y que siguieran muriendo personas, como finalmente ocurrió, era un riesgo que había que minimizar.

-¿Qué pasa cuando se entera que Del Solar y Caballero fueron detenidos en España?
-Uno no se puede poner contento que haya otro chileno privado de libertad en otro país. Además, hay que ser cuidadosos con la presunción de inocencia. Pero era algo que no era muy difícil de predecir, porque es un modo de vida. Las personas que se dedican a este tipo de actividades son consecuentes  con lo que piensan. Pero mientras no haya una solución política, los conflictos van a tender a seguir.

-¿A qué se refiere con una solución política?
-Aquí lo que está en oposición son concepciones del mundo y la sociedad radicalmente distintas al orden establecido.  Un grupo de alto nivel de la ONU describe como terroristas aquellas acciones que violentan valores que son considerados como centrales por la propia carta de las Naciones Unidas, es decir, contra el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, las leyes que protegen a la población civil, la tolerancia ante los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Pero también sostiene, con razón, que el terrorismo florece frente a la desesperanza, la humillación, la pobreza, la opresión política y las violaciones a los derechos humanos. Es decir, aprovechándose de la capacidad insuficiente de algunos estados para dar solución a estas problemáticas. En la medida en no haya una solución política que atienda las demandas de estos grupos, se va a seguir ocupando la violencia como expresión política. Es en ese  sentido donde el Estado tiene que avanzar. Hay que profundizar de mejor manera las técnicas investigativas contempladas en la ley, pero a su vez, también hay que hacerse cargo de las desigualdades que generan estas expresiones terroristas.

-Pero poner una bomba es un delito.
-Sí. Poner una bomba es un acto criminal que debe ser suficientemente investigado y consecuencialmente castigado. Pero también existen acciones del Estado que provocan sentimientos de humillación, como los bajos ingresos de las personas, el no tener acceso a la salud y a una educación de calidad, el abuso de grandes consorcios comerciales, en los que la gente tiene que recurrir al Sernac o que vivan 20 personas hacinadas en una casa de 40 metros cuadrados. Yo trabajé en la zona sur de Santiago y allá hay 15 mil personas por kilómetro cuadrado y de eso también hay que hacerse cargo, tal como lo indica Naciones Unidas. Por eso digo que este también es un problema político.

-¿Siempre ha pensado así o cambió después que dejó los cargos públicos?
-Siempre he pensado de la misma manera. Lo que pasa es que uno ocupa roles en los distintos trabajos. Esto no se hace ni por simpatía ni por empatía. Y de este tipo de causas  en que se judicializan los conflictos políticos, hay varias. Al final se le echa la culpa a los tribunales y a los fiscales. Y para los políticos es mucho más fácil apuntar con el dedo, sobre todo a quienes cumplen con la administración de justicia. Entonces, mientras no haya una solución política a estas desigualdades y una mejora en las técnicas investigativas para pesquisar estos delitos,  van a  seguir ocurriendo hechos similares.

LAS MAFIAS Y LA MARIHUANA

-Su fiscalía era una de las más duras, con mayor cantidad de prisiones preventivas y medidas cautelares, ¿ha flexibilizado su  postura?
 -Yo cumplía un rol. Ahora, uno descubre el otro lado y ve que cuando a alguien se le decreta prisión preventiva, hay un daño colateral a las familias. Porque uno va viendo rostros en los distintos mecanismos jurídicos y ve el drama. Por ejemplo, antes de que me fuera de la fiscalía me tocó hacer las primeras diligencias en el incendio de la cárcel de San Miguel y eso hace detenerte y decir: “A  ver, qué está pasando”.

-Durante años persiguió traficantes. ¿Qué piensa de la posibilidad de despenalizar la marihuana?
-Hay que tener una discusión en serio respecto del tema. Porque lo ha establecido la OEA, el ex presidente Ricardo Lagos y el secretario general José Miguel Insulza. Hay que revisar las políticas de drogas, y poner control especial en la cocaína y la pasta base. La focalización tiene que ir a las drogas más dañinas. Por ejemplo, un estudio de Paz Ciudadana mostró que la mayoría de las personas que cometen delitos de robo, son adictos a la paste base. También hay que tener en cuenta que la marihuana que entra a Chile es la paraguaya, a precios irrisorios, que viene de las mafias y es mucho más dañina. Por eso hay que poner sobre la mesa todas esas variables.

-¿Está a favor o en contra de despenalizar la marihuana?
-Hay que hacer la discusión como chilenos.  Por ejemplo, sigue pendiente el decreto de volver a la marihuana a la la lista dos, y sacarla de su categoría actual como droga dura. Eso ha influido en que por el mismo riesgo de traficar marihuana, se trafique más cocaína y pasta base. La lucha contra las drogas sin distinción no ha dado resultados. Creo que iniciativas tendientes, al menos, a permitir el autocultivo podrían ser factibles a implementar, pero previa discusión.