En agosto de 2002 el Sindicato de Futbolistas Profesionales decidió parar la actividad. Sus afiliados, entrenadores y trabajadores del fútbol en general, sufrían la insolvencia de los clubes. Casi como una paradoja, los 57,5 millones de dólares que recibieron los 32 socios de la ANFP en 1997 por derechos de televisión generaron una espiral inflacionaria que reventó cinco años más tarde.

Hubo dos huelgas, pero la segunda resultó letal para la administración de Reinaldo Sánchez, quien pagó los platos rotos por un sistema que colapsó. La tarde del domingo 1 de septiembre de 2002, en las oficinas de Chiledeportes, el entonces ministro del Trabajo, Ricardo Solari, y el subsecretario de Deportes, Arturo Salah, analizaban la  situación antes de recibir a la directiva gremial encabezada por Carlos Soto.

Solari fue claro: “Es cierto que la relación de los clubes y sus funcionarios es entre privados, pero entenderás que en mi condición de ministro de esta cartera no puedo aceptar que exista un grupo de trabajadores que cobren sus sueldos de vez en cuando. Es algo inaceptable en un Estado de derecho”.

Salah estuvo de acuerdo e incluso recordó su carrera como jugador y entrenador, donde vivió el problema en innumerables ocasiones. El actual presidente de Colo Colo sufrió junto a sus compañeros de profesión la crisis que estalló en 1982. Los contratos firmados con el dólar fijo a $ 39 se fueron a las nubes e hicieron imposible su cumplimiento. Nacía la llamada “deuda histórica”, saldada con un préstamo blando del Banco del Estado en 1984, que se terminó de pagar en 2007.

Urgía una institucionalidad distinta. Los clubes que integraban la ANFP eran corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Pertenecían a sus socios, pero la realidad indicaba que las masas societarias no tenían ningún control sobre su administración. En rigor, los equipos de fútbol eran de todos, pero al final no eran de nadie. No había responsables por los compromisos adquiridos.

La bomba ya había estallado con la quiebra de Colo Colo; Universidad de Chile alargaba la agonía. Las palabras del volante Mauricio Donoso simbolizaban la debacle azul: “Estamos a 63 de mayo y los funcionarios a 93 de abril”, dijo el 4 de julio de 2003, cuando los reporteros preguntaban si había alguna novedad con el pago de los sueldos.

Era necesario un golpe de timón. Y como ocurrió desde los albores del profesionalismo (1933), el Estado intervino. En noviembre de 2006 se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. El fisco estableció un marco legal para facilitar la incorporación de capitales frescos, otorgando un plazo amplio para el pago de la deuda tributaria y previsional. De esta manera, los nuevos inversionistas y los sobrevivientes del antiguo sistema partían de cero, sin presagiar aún que los ingresos del Canal del Fútbol (CDF) crecerían de manera exponencial.

A ocho años del nacimiento de la Ley SAD, sin duda que el escenario es mucho mejor. Lo pactado se paga. Los meses duran 30 días y el que no cumple queda fuera de la competencia. Los clubes no pueden registrar contratos y menos iniciar la competencia si no exhiben ante la ANFP los finiquitos de jugadores, entrenadores o cualquier integrante del cuerpo técnico.

Quedan vicios del pasado, como la firma de la planilla de sueldos para evitar sanciones, aunque esta práctica es marginal y extrema. Quienes buscan pasarse de listos, adulterando el pago de cotizaciones previsionales, corren riesgos gigantescos. Naval de Talcahuano incurrió en esa falta la temporada pasada, fue denunciado y descendió.

Defender a las sociedades anónimas en el fútbol chileno es casi un sacrilegio. Sobre todo ante los hinchas, quienes las demonizaron, a partir de discursos populistas, que apuntaron a que los grandes grupos económicos le quitaron los clubes a la gente.

Un mito urbano, porque el fútbol es  deficitario casi por definición y, salvo excepciones, la dirigencia siempre estuvo en manos de gente con mucha solvencia económica. Para sobrevivir había que meterse la mano al bolsillo y eso, se sabe, es privilegio de unos pocos. En la actualidad, aun con los recursos que genera el CDF, la selección nacional, los auspiciadores, las cifras se mantienen en rojo y, en el mejor de los casos, la apuesta es no perder plata.

La lógica de gastar más de lo que se produce no varía en un fútbol que posee gastos operacionales altos. San Marcos de Arica, Deportes Iquique, Cobreloa y Deportes Antofagasta viajan cada quince días en avión a la zona central. Un costo fijo difícil de solventar.

¿Cuáles son los problemas en la actualidad?  Primero, la casi nula vigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros y de Impuestos Internos. Sin embargo, la mayor dificultad es que no existen restricciones ni límites prácticos para la adquisición de los clubes. Cualquiera puede comprar un equipo, aunque sus papeles no estén limpios o su actuar comercial genere dudas. Sin eufemismos, los palos blancos existen.

En regiones, con cajas de resonancia muy inferiores a las que existen en Santiago, y escasa información, varios cuadros han quedado en tierra de nadie. La irrupción de los factoring, que otorgan liquidez anticipando los flujos que vienen de la ANFP, se convirtió en un cáncer. Tanto, que incluso la mesa de Quilín solicitó un préstamo de 30 millones de dólares al Scotiabank para sanear las tesorerías. A menos de doce meses, varias instituciones siguen igual de endeudadas.

El caso de FactorOne es el más llamativo. Sus socios son Jorge Sánchez, presidente y dueño de Deportes Antofagasta, y Felipe Muñoz, presidente y dueño de Deportes Copiapó. Ambos dicen que manejan sus clubes con independencia, pero en el fútbol todos saben que actúan de manera coordinada. Muñoz viajó a Antofagasta y finiquitó con cheques personales a integrantes del cuerpo técnico de los Pumas.

¿Es correcto que eso suceda? ¿Y si ambos estuvieran en la misma categoría? ¿Si la derrota de uno permite el beneficio del otro? Inaceptable. Este factoring -acreedor de varios clubes locales- estaba a un paso de ingresar a Deportes La Serena, de acuerdo a lo declarado hace un mes por Muñoz al diario El Día de la capital de la Cuarta Región, pero la operación quedó en suspenso. 

Integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados ya están al tanto. El senador Alejandro Guillier, junto a las diputadas Paulina Núñez y Marcela Hernando, ya mostraron su interés y preocupación por el caso.

La fe pública obliga a una revisión. Lo de hoy es muy superior a lo que existía, aunque es perfectible. El legislador actuó para apagar un incendio, pero dejó flancos abiertos porque actuó con premura. Se necesitan retoques y matices. Nada más.