Una mañana de junio de 2012, dos sujetos bajaban las escaleras de la estación de metro Baquedano para abordar el tren que se dirigía hacia el oriente. Antes de subirse al carro, abandonaron un bolso sobre un basurero pegado a la pared del andén. Los sospechosos movimientos eran monitoreados detalle a detalle desde una oficina instalada en el subterráneo de La Moneda. Minutos después, un bolso de similares características explotaba en uno de los pasillos principales del mall Costanera Center, al mismo tiempo que el andén sur de la estación Baquedano volaba por los aires.
Aunque en ambos casos se trataba de una ficción, el monitoreo y la respuesta a los sucesos fue real. Una veintena de representantes del gobierno y organismos encargados de la seguridad pública, como Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, las Fuerza Armadas, Gendarmería, Aduanas, entre otras; de la protección civil, como la Onemi, bomberos y privados; y de la salud, como el Minsal, ISP, servicios de atención primaria y clínicas privadas; simularon durante tres días, desde el subterráneo del palacio presidencial, cómo actuarían ante un evento de dichas características.
Aunque secreto, el ejercicio conocido en la jerga especializada como Table Top Exercise, quedó consignado en sendos informes que hoy adornan los archivos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior.
No fueron pocos los que se acordaron del simulacro, cuando vieron las noticias el lunes pasado.
Esta vez era realidad. Un artefacto explosivo había estallado en uno de los accesos a la estación Escuela Militar, en el pasillo principal de la galería Subcentro a una hora de alta afluencia de público. A las 14 horas del lunes 9 de septiembre, el peor atentado explosivo en 24 años puso en peligro la vida de 14 ciudadanos.
Las alarmas se encendieron y el gobierno advirtió de inmediato la gravedad del asunto: los informes de inteligencia, los datos residuales de la policía, y los olvidados expedientes del caso bombas quedaban desactualizados. Tras ocho años de advertencias, los bombazos repartidos en la capital y grandes ciudades atacaban ahora directamente a la población civil. Un escenario que tímidamente habían esbozado una veintena de fiscales, cientos de policías, y algunos analistas de inteligencia que habían trabajado en el caso.
Indicios había. El último semestre había registrado una cantidad inédita de bombazos, 28 hasta antes del lunes, engrosando las cifras que llegan a 209 ataques explosivos desde el inicio de las indagatorias.
PROBLEMAS DE INTELIGENCIA
La historia comienza justamente en las puertas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el 18 de enero de 2006. La mañana de ese día, un funcionario de aseo del edificio que alberga al organismo de calle Tenderini encontró un cilindro de gas licuado. Extrañado por el objeto, lo retiró hasta la esquina de Moneda con Agustinas, sin saber que en su interior había pólvora negra. Segundos después de que lo dejara en el suelo y se retirara, el artefacto estalló. El bombazo puso en la órbita pública un fenómeno incipiente. Hubo un detalle que lo distinguió. Un extraño comunicado publicado en sitios web daba cuenta de un nuevo grupo que se adjudicaba el ataque: las “Fuerzas Autonómicas y Destructivas León Czolgosz”. Los investigadores de la época creyeron en la aparición de un nuevo grupo de carácter “subversivo” pero de raíces anarquistas. Con el tiempo se dieron cuenta que se traba de un nombre de fantasía. Tras cada bombazo, el grupo mutaba.
Con el correr de los años, los bombazos se fueron convirtiendo en un problema nacional y copaban las reuniones de análisis policial que semana a semana convocaba la ANI en sus oficinas de Tenderini. Allí llegaban los jefes de las unidades de inteligencia de Carabineros y la PDI, y en ocasiones, algún funcionario del Ministerio del Interior. En paralelo, el Ministerio Público designaba como fiscales preferentes al jefe de la zona oriente, Xavier Armendáriz y al fiscal de Ñuñoa, Francisco Jacir, quienes acumulaban expedientes en sus oficinas tras cada atentado. Casi siempre ocurrían de noche o madrugada en blancos recurrentes: bancos, iglesias, edificios públicos y privados, pero siempre, lejos de las personas.
La fiscalía se atiborraba de informes periciales, análisis del sitio de suceso, testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad que mostraban poco y nada, y evidencias de comunicados y posteos en sitios online de contra información de corte anarquista. De inteligencia, nada. El propio ex fiscal Armendáriz, hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, reconoce esta debilidad.
“Ningún elemento probatorio del caso bombas estuvo basado, hasta dónde está mi conocimiento, en alguna información entregada por organismos de inteligencia. Si me pregunta por la información de la ANI, simplemente no puede ser utilizada por ley en un juicio probatorio”, dice el ex investigador.
En la fiscalía reconocen que si bien las carpetas investigativas del caso contienen informes reservados de la ANI, se trata de análisis de fuentes abiertas e información residual entregada por las unidades de inteligencia de la PDI, Carabineros, y las Fuerzas Armadas. Así lo establece la Ley 19.974 que creó el organismo durante el gobierno de Ricardo Lagos, tras un arduo debate político que terminó ajustando sus atribuciones para no atizar el reciente recuerdo del accionar de los organismos de seguridad durante el régimen militar.
CELO POLICIAL
Sin inteligencia, las investigaciones penales se han valido durante ocho años de la pericia investigativa de unidades especializadas de Carabineros y la PDI.
Trabajo policial que no cumplió con las expectativas cuando el entonces fiscal Alejandro Peña decidió pasar a la ofensiva en 2010 y enjuiciar a 19 personas por asociación ilícita terrorista, 13 de ellos sobreseídos definitivamente en un juicio abreviado, mientras que otros seis absueltos tras un juicio oral.
Tras dos años de investigación, Peña llegó a tribunales con un caso que se fue desarmando debido a la debilidad de las evidencias para vincular a los acusados a la colocación de artefactos explosivos. Así se consigna en los sendos fallos de los tribunales de primera y segunda instancia. Incluso la comisión investigadora de la Cámara Baja concluye en su informe del 8 de enero de 2013 que la desprolijidad de la investigación policial hace necesario “legislar respecto al desarrollo de peritajes en causas criminales”.
Funcionarios del Ministerio Público que han trabajado en la indagatoria atribuyen parte de esta debilidad a serios problemas de coordinación entre Carabineros y la PDI, cuyo origen se remonta a disputas de larga data por quién obtiene mejores resultados investigativos.
Ante dicho escenario, los fiscales han marcado preferencias a la hora de contar con las unidades policiales, y para nadie es secreto que prácticamente todos los que han dirigido indagatorias por el caso bombas han preferido los equipos especiales de Carabineros en desmedro de la PDI en grandes diligencias investigativas.
Muchas veces, cuentan en el Ministerio Público, también se le pide a funcionarios de Investigaciones seguir determinadas líneas investigativas. Y no son pocas las ocasiones en que efectivos de ambas ramas policiales se han entorpecido siguiendo una misma pista.
La distinción quedó en evidencia el lunes durante el inicio de la indagatoria por el atentado terrorista en el Subcentro: todas las órdenes de investigar del fiscal exclusivo, Christián Toledo. fueron a parar a Carabineros.
El director de la PDI, Marcos Vásquez, reconoció esta situación a la salida del comité policial del martes en La Moneda. En el gobierno advirtieron de inmediato la situación y transmitieron al Ministerio Público y las policías la necesidad de una mayor coordinación, lo que, naturalmente, significaba un rol más activo de los efectivos de Investigaciones.
La Presidenta Michelle Bachelet lideró una extensa reunión del comité de seguridad el día martes en La Moneda.
"SEPTIEMBRE NEGRO"
Desde los primeros pasos de la indagatoria para dar con el paradero de los autores de los llamados “bombazos” ha surgido una certeza entre policías y fiscales: los autores siguen modelos anarquistas europeos. Aunque al principio la escasa evidencia radicaba esta teoría en los nombres que utilizaban para bautizar a grupos y facciones que se adjudicaban los atentados, la muerte de Mauricio Morales cuando instalaba un artefacto explosivo en las afueras de la Escuela de Gendarmería, el 22 de mayo de 2009, entregó por primera vez un perfil real de los autores. El trágico fallecimiento orientó por primera vez las pesquisas hacia el entorno de Morales y puso el foco en núcleos anarquistas ubicados en casas “okupa” a lo largo y ancho de Santiago.
A medida que avanzaba la investigación se asomaba una teoría de que existían diversos estadios en la llamada “lucha anarquista”. De hecho, enfrentado a tribunales, el Ministerio Público sacó a relucir un informe que fue desechado precisamente en la etapa previa al juicio: un informe pericial del sociólogo Erick Marín donde definía a partir de información de la propia carpeta investigativa un perfil acabado de los autores de los bombazos.
En varios de sus textos, Marín, junto con definir las redes de apoyo de los nuevos movimientos anarquistas, señalaba que si bien las acciones de estos grupos se centraban en ataques a “símbolos del capitalismo”, era esperable un cambio de objetivos y un recrudecimiento de sus acciones.
Altas fuentes del Ministerio Público reconocen que análisis de inteligencia policial, tanto de Carabineros como de la PDI, también advertían hace rato el fenómeno. Aunque dichos análisis se basan meramente en el seguimiento de órganos de difusión de la ideología anarquista a través de Internet y redes sociales.
En los tradicionales canales de difusión de estos grupos se comenzaron a advertir una serie de mensajes que anticipaban acciones más atrevidas. Sitios de contrainformación tales como hommodollars.org y contrainfo.es anticipaban en sus banners la inminencia de un “septiembre negro”.
Hubo también un detalle. El atentado en Escuela Militar se produjo minutos antes de que la Corte Suprema confirmara las condenas contra los ex lautaristas Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel y Fredy Fuentevilla por el asesinato del cabo de Carabineros, Luis Moyano. A la misma hora se publicaba en la web un panfleto titulado “Refractario” en que se reivindicaba la “lucha callejera”.
“No existe una idílica situación en que nunca nos golpeen, donde siempre salgamos airosos. No es esa la vida en guerra. El combate, la confrontación, además de la satisfacción del desborde de la legalidad. En guerra contra todo, no sólo contra el poder, sino también contra sus falsos críticos y timoratos que van por ahí alzando infamias o llamando a la calma, cuya pasión únicamente se enciende por defender su cómoda vida ciudadana”, versa el documento.
Los seguimientos policiales se mantuvieron en silencio una vez que la Corte Suprema sepultó la investigación del caso bombas en octubre de 2012 al ratificar la absolución de seis de los presuntos autores de los atentados.
Pese a ello, ninguna de las alarmas se activó cuando los ex acusados Francisco Solar y Mónica Caballero abandonaron el país y partieron rumbo a Europa a hacer gala de sus conexiones internacionales.
Las luces rojas se encendieron recién cuando a través de policía internacional las autoridades españolas advirtieron a Chile sobre los movimientos de ambos ex imputados en su país. Los reportes europeos versaban sobre un rol protagónico de ambos chilenos en el llamado “Proyecto Fénix” que consistía en la “comisión de atentados realizados por células o grupos (…) en cualquier lugar del planeta contra activos tradicionales del anarquismo y justificados en solidaridad y apoyos de presos anarquistas”, según el informe de la policía de Barcelona.
Lo cierto es que un par de meses después y a casi un año de que quedaran libres de cargos en Chile, Solar y Caballero son detenidos por la supuesta colocación de un explosivo en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, esto es, el 13 de enero de 2013.
La noticia sacudió en Chile a la policía, el Ministerio Público y las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera en su último año.
Sobre todo luego que el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción N° 6 de Madrid en contra de ambos revelara un completo detalle de las actividades consideradas “anarquistas insurrecionales” y revelara que ambos formaban parte de una estrategia global de una organización llamada “Grupos de Anarquistas Coordinados” . Se trata de la construcción de un “movimiento anarquista fuerte y coordinado, y la creación de una herramienta que potencie la fuerza y las luchas que cada grupo participante mantiene en su territorio”, según consta en el documento de la justicia española. En otro apartado, el informe judicial señala que uno de los objetivos de la organización es “radicalizar un conflicto iniciado por personas sin adscripción ideológica y conseguir que estas personas adopten métodos anarquistas, la provocación de enfrentamientos con la fuerza policial, episodios de violencia urbana y llegar hasta las últimas consecuencias”.
Para varios analistas de inteligencia y ex funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, desde el año pasado las señales eran evidentes en torno a una agudización de las acciones. Un aviso más claro fue el violento asalto que perpetraron tres sujetos a una sucursal del BancoEstado de Pudahuel el 11 de diciembre de 2013. En la acción falleció Sebastián Oversluij, asaltante que fue abatido a tiros por un guardia de seguridad. Los otros dos fueron detenidos y posteriormente condenados. Hoy cumplen cinco años de libertad vigilada. Lo llamativo del caso es que los autores además de ser ex lautaristas, reeditaban los “golpes” que daba el movimiento a principios de los 90 para conseguir financiamiento a acciones subversivas. Eso, además de confirmar que los ya conocidos lazos entre ex lautaristas y jóvenes que suscriben la ideología del anarquismo, seguían vigentes.
Así, Oversluij se ha transformado en el nuevo ícono de reivindicación de estos grupos. Semanas después, tres ataques incendiarios en el radio urbano de Temuco fueron perpetrados invocando su nombre, lo que fue leído como una advertencia de que dichos grupos podrían evolucionar hacia ataques selectivos, que podría contribuir también a una atización del conflicto mapuche. La alarma definitiva fue la explosión de un artefacto en el último carro de la última estación de la Línea Uno del Metro en la zona oriente. El mismo día de la final del Mundial de fútbol en Brasil, la amenaza de eventuales ataques contra la población civil se hizo realidad en el vagón de Los Dominicos.
Se nombró un fiscal especial, y el gobierno anunció la creación de grupos de trabajo para el estudio de modificaciones de la ley antiterrorista y para dotar de mayores atribuciones a la ANI y a las investigaciones de inteligencia.
El sello a las voces alarmistas fue el aviso que hace casi tres semanas emitieron Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Rusia, alertando a sus embajadas y ciudadanos para que tomen resguardos en eventuales visitas al país, por el riesgo de acciones terroristas.
En paralelo, Metro pidió a la Comunidad de Metros del Mundo (COMET) un informe sobre las medidas de seguridad que aplican sus pares para minimizar riesgos de acciones terroristas. El documento llegó hace un par de semanas y contenía una serie de experiencias, tales como la aplicación de detectores de metales y revisiones aleatorias a bolsos. Pero hay un consejo que recordaron tarde las autoridades de Metro: los trenes subterráneos de Londres, Sidney y Glasgow eliminaron los contenedores de basura.
