Hace 142 años, Yellowstone (Wyoming, EE.UU.) se convirtió en el primer parque nacional del mundo, abriendo camino para otras iniciativas de conservación terrestre. La preservación de los mares, sin embargo, ha ido por otra senda. Pese a que éstos cubren casi tres tercios del planeta, apenas el 0,73% de ellos está siendo protegido. Hoy, una iniciativa pretende crear, en los alrededores de Isla de Pascua y de la isla Salas y Gómez, la mayor zona marina altamente protegida del mundo, resguardando una superficie de cerca de 730.000 kilómetros cuadrados, un área similar al tamaño de Francia.

El trabajo para lograrlo comenzó en Chile hace cuatro años, pero el diagnóstico de la riqueza existente en Isla de Pascua viene de antes. En 2006, The Pew Charitable Trusts, una ONG localizada en Washington, empezó a desarrollar el Global Ocean Legacy (GOL), proyecto que pretende crear la primera generación de áreas marinas protegidas del mundo antes del año 2020, donde, por lo demás, la actividad extractiva a nivel industrial no esté permitida.

La organización hizo un catastro mundial que realzó las zonas más valiosas del planeta y que requerían protección por su riqueza. En la lista figuraban 22 puntos, entre ellos: la Reserva Marina de Chagos, donde está el atolón de coral más grande del mundo; el Mar del Coral de Australia, que cuenta con 25 arrecifes y numerosas montañas submarinas; el Monumento Marino Nacional Papah?naumoku?kea en Hawái, donde se reproducen 14 millones de aves marinas; la Fosa de las Marianas en el Pacífico, el lugar más profundo de la Tierra; y las islas de Pascua y Salas y Gómez. Actualmente, las cuatro primeras ya son zonas protegidas. En Chile, se está trabajando.

EL DIAGNÓSTICO
Hasta octubre de 2011, el periodista Ernesto Escobar no había visitado nunca Isla de Pascua. A pesar de que desde pequeño se interesó en la conservación marina, sólo en ese primer viaje captó el interés de los rapanui en la preservación. Escobar fue uno de los primeros contactados por Pew para trabajar en el proyecto, junto al abogado Michael Grasty, socio del estudio Grasty, Quintana y Majlis y quien desde su formación universitaria en Stanford ha valorado la preocupación por el medioambiente.

Antes, ambos habían trabajado juntos intentando crear un santuario para las ballenas azules al sur de Chiloé. Ahí también conocieron a Bronwen Golder, señora del entonces embajador de Nueva Zelanda en Chile y activista de la World Wildelife Fund for Nature (WWF). Golder, que mantenía contacto con el Pew Charitable Trusts, los comunicó con los responsables en Washington y fue así como Escobar se transformó en el director del programa para Chile y Grasty en asesor senior. “Partimos hace cuatro años, con un acercamiento hacia la comunidad, principalmente para entender qué era los que estaba pasando en la isla”, recuerda Escobar.

Teniendo eso en cuenta, y conscientes de la abundante información científica sobre la zona, convocaron a un grupo de expertos con la misión de recopilar los estudios existentes. Así, le pidieron al Premio Nacional de Ciencias Juan Carlos Castilla que realizara esa síntesis, un trabajo de un año que llevó a cabo con un equipo integrado por Miriam Fernández, investigadores de la Universidad Católica, la UC de Valparaíso, la Universidad Austral y la Universidad de British Columbia.

Paralelamente, Escobar y Grasty se encargaron de sociabilizar la idea en la isla, para ir generando confianza entre los rapanui. Así fueron difundiendo la idea de avanzar hacia la implementación de un área altamente protegida, es decir, la creación de una zona donde todo tipo de actividad extractiva industrial no esté permitida. “Estamos hablando de prohibir la pesca industrial, la minería de profundidad y la extracción de energía o cualquier actividad que pueda cambiar de manera profunda las características del ecosistema”, detalla Escobar.

Fruto de esas reuniones acordaron pactos de trabajo conjunto con la Cámara de Turismo en la isla y con asociaciones de pescadores. También con la Municipalidad de Isla de Pascua, la que incorporó la idea en su plan de desarrollo regional. El alcalde, Petero Edmunds, reconoce que si bien al principio vieron la iniciativa con cierto temor, poco a poco fueron construyendo confianzas. Hoy son ellos los interesados en conversar con el gobierno. “Lo que es paradójico es que sean entidades extranjeras las que estén abriendo los ojos sobre la riqueza enorme que existe en la zona”, enfatiza el alcalde, quien espera que los isleños logren presentar una propuesta al Ejecutivo.

POR QUÉ PROTEGER
La investigación de Castilla y el resto del equipo fue publicada en junio de 2013, y dio cuenta de la magnitud de la riqueza de la zona. La síntesis, en la cual trabajó un grupo multidisciplinario, recoge diversos textos que caracterizan a la isla como una provincia de “sobresaliente biodiversidad”, una zona en la cual aún existe una gran cantidad de especies amenazadas y que utilizan esas aguas como corredor biológico. Entre ellas están el tiburón martillo, la tortuga cabezona, la tortuga verde/negra, los albatros de ceja negra, la golondrina de mar polinésica y la ballena azul, todas ellas en peligro de extinción, así como también el atún de aleta azul del Sur y la tortuga laúd, dos especies en peligro crítico de extinción.

El libro, titulado Una estrategia integrada de conservación marina para la provincia de Isla de Pascua, publicado por Pew, también destaca que la provincia es una importante zona de reproducción para especies costeras y pelágicas. Asimismo subraya la presencia de más de 380 montes submarinos reconocidos por Chile como “ecosistemas altamente vulnerables y de gran singularidad que ameritan ser protegidos”.

El texto también resalta los peligros que enfrentan las especies de la zona. “Los extraordinarios valores de conservación de la provincia están expuestos a crecientes impactos negativos (…) como la pesca ilegal y no reportada y la contaminación marina, pero también son vulnerables a amenazas en ciernes como la minería en profundidad y la producción de energía geotérmica”, reporta.

Por esto, los expertos concluyeron que el destino de esta provincia dependerá de la adopción de una estrategia de conservación, la cual deberá traducirse en una protección eficaz de los “excepcionales valores biológicos, ecológicos, socioeconómicos y culturales” que mantiene. En concreto, el libro sugiere la creación de un gran parque marino totalmente protegido, que abarque desde las 25 millas náuticas de Isla de Pascua, hasta el borde actual de la provincia y que a su vez comprenda la isla Salas y Gómez y el Parque Marino Motu Motiro Hiva, el cual fue creado como tal en diciembre de 2010, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Además, la propuesta incluye como recomendación que en las aguas que rodean a Isla de Pascua, se mantenga la pesca artesanal, como una forma de asegurar la provisión de recursos marinos a la provincia. Por último, el texto también sugiere la creación de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios en las costas de la isla, lo que mejoraría el control y el manejo de los recursos marinos de la zona. Control que, por lo demás, los mismos isleños ya sabían que era necesario intensificar.

EL FORTUNA Y LOS OTROS 41
Un accidente en alta mar confirmó las sospechas. En septiembre de 2013, uno de los tripulantes del Fortuna 11 (En la imagen, avistado el 25 de septiembre de 2013, frente a Hanga Roa), un precario buque pesquero con bandera de Vanuatu y matrícula borrada, se había cortado la mano y necesitaba atenderse con urgencia. Desde Rapa Nui avistaron la embarcación y se aprestaron a atender al herido. Con su llegada, los isleños supieron a ciencia cierta algo que ya temían: la presencia, en el entorno de la isla, de naves que, se presume, pescan industrialmente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Las luces que veían durante las noches en el mar ya los habían alertado de la presencia de extraños. También los residuos que paulatinamente fueron llegando a la costa. Sara Roe, presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales de la caleta de Hanga Piko, una de las mayores de la zona, cuenta que en la orilla empezaron a aparecer bandejas, boyas y redes. Pero la evidencia más clara era otra: la disminución, que advirtieron los pescadores, del atún de aleta amarilla.

Con estos antecedentes, el equipo de Escobar empezó a trabajar y, a través de una ONG que se dedica a proveer  de imágenes de monitoreo satelital, vigilaron el entorno de Rapa Nui. El resultado fue elocuente: detectaron 42 embarcaciones no identificadas, cuyo comportamiento los hacía sospechar que estuviesen realizando pesca ilegal. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Armada, la cual inició, el 11 de junio pasado, un operativo de fiscalización llamado “Mata Ui” para “disuadir y controlar a eventuales flotas pesqueras de bandera extranjera que estén desarrollando labores extractivas de forma ilegal” en la zona.

Según Sara Roe, el impacto de esta fiscalización ya se ha sentido: el atún de aleta amarilla que los pescadores extrañaban, paulatinamente, ha regresado.

UN CABILDO DEL MAR
Escobar y Grasty insisten en que son los propios isleños los que tienen que determinar qué quieren que ocurra con su isla. Por eso están promoviendo la idea de que los pascuenses se organicen y que, a través de una especie de “cabildo del mar”, empiecen a construir una visión respecto de la conservación de la isla. Ese cabildo ya tiene una fecha tentativa: el 11 de septiembre. No se trataría de un plebiscito, sino que de una instancia de diálogo para la posterior elaboración de una propuesta. Por lo pronto, se han encargado de difundir la síntesis ya publicada, como un punto de partida.

El cabildo es precisamente la instancia que pide Sara Roe para definir su apoyo al proyecto. Según la representante de los pescadores de Hanga Piko, el grupo que preside comparte la idea de que la isla sea declarado territorio protegido, pero también cree necesario definir cómo esto se llevará a cabo, qué beneficios obtendrían los pescadores de la isla y qué restricciones tendrían los extranjeros. Por su parte, el alcalde Edmunds también tiene aprensiones, pero asegura que si las partes involucradas en el plan quieren conversar y delinear una propuesta contarán con su patrocinio.

En paralelo, el equipo de Pew ha sostenido una serie de reuniones con el actual gobierno para promover la idea a nivel del Ejecutivo. Según cuenta Escobar, se han entrevistado con el ministro de Defensa, con el canciller, y con el ministro del Medio Ambiente. Este último le encargó a la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, Alejandra Figueroa, liderar las gestiones. En una reunión a principios de julio, ésta se comprometió a convocar una mesa de trabajo de la cual emanará un plan de acción.

“Lo que nos interesa es transmitir un mensaje claro al gobierno: que la oportunidad de conservar el territorio es hoy. Hay una comunidad que está informada, que tiene la voluntad de avanzar y el gobierno no puede ser la piedra de tope para que se logre conservar y proteger un territorio que no sólo tiene valor patrimonial, sino que también es fuente de subsistencia para los isleños”, sostiene Escobar. 

En la misma línea, Grasty asegura que hoy tienen todas las esperanzas puestas en el proyecto. Su meta es conseguir durante este año el compromiso del gobierno de avanzar en la materia y, asimismo, apoyar el surgimiento de una propuesta desde la isla. ¿Podrá el mar de Rapa Nui ser declarado como zona altamente protegida durante el gobierno de Bachelet? Grasty responde categórico: “No vemos ninguna razón por la que eso no pudiera ocurrir”.