1. LA FUGA
Desde que comenzó la Reforma Procesal Penal, 140 fiscales han renunciado al Ministerio Público (97 hombres y 47 mujeres). De ellos, 70 lo han hecho en los últimos cinco años. Muchos llevaron casos emblemáticos, como el juicio contra María Pilar Pérez, la Quintrala; el del ex senador Jorge Lavandero, Chiledeportes, la muerte del martillero público Jaime Oliva en manos de Gerardo Rocha, la colusión de las farmacias y La Polar, entre otros.

El último en presentar su renuncia fue Sergio Salas (37), de la Fiscalía Oriente, quien llevaba 10 años en la institución y dejará su cargo a partir de agosto. A diferencia de muchos de sus ex compañeros, que han admitido que se fueron por falta de expectativas profesionales o en busca de nuevas opciones laborales, Salas fue más allá y dijo que el Ministerio Público ya no gozaba del mismo prestigio que cuando comenzó  a operar la Reforma Procesal Penal, una opinión que es compartida por varios ex abogados que fueron parte de la fiscalía.

Cuando Salas entró al Ministerio Público tenía 27 años y era, en ese tiempo, uno de los fiscales más jóvenes. Postuló porque desde que era estudiante de Derecho quería ser fiscal. Por ello, primero se fue a trabajar a Ovalle y luego en 2010 pasó a ser parte de la Fiscalía Oriente, donde estará hasta agosto en el área de delitos sexuales. Uno de los últimos casos en que actuó fue a fines de junio pasado, en el juicio por abuso sexual en el jardín infantil Hijitus, en el que los tribunales absolvieron al único imputado tras lanzar duras críticas a la fiscalía. Su rol fue llevar la causa a juicio oral, pero no fue parte de la investigación inicial.

“Mi diagnóstico, en general, es que la fiscalía está deteriorándose de manera acentuada. Y esta falta de posicionamiento es algo relativamente nuevo porque antes no era así. Perdimos posicionamiento.  Y eso es preocupante porque la tendencia es a empeorar y no a mejorar. Lo digo porque me parece importante revertir esa tendencia”, dice Salas. Y añade: “Se están yendo fiscales y con eso se está perdiendo mucha experiencia, que es lo que necesita una institución joven. El Ministerio Público debería tener cuadros con más trayectoria”.

Un ejemplo que grafica la fuga de fiscales es que de quienes investigaron en 2005 el caso por abusos sexuales en contra del ex senador Lavandero, considerado uno de los juicios emblemáticos de la Reforma Procesal Penal, sólo queda uno: Rodrigo Mena.

Del equipo renunciaron Rodrigo Lazo, Rodrigo de la Barra y Vinko Fodich, en busca de nuevas expectativas laborales. No es el caso de Xavier Armendáriz, quien como fiscal jefe de la Fiscalía Oriente se fue hace dos años debido a que terminó su periodo legal en el cargo.

Fodich , por ejemplo, quien entró en el año 2000, se fue en 2010 porque le interesaba explorar nuevas áreas de desarrollo. Primero fue jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera y hoy es socio en un estudio de abogados junto al ex defensor público José Luis Andrés y el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y también ex fiscal, Gonzalo Yuseff.

Fodich recuerda su trabajo de fiscal como una muy buena etapa. “Viví la época dorada del Ministerio Público, donde había mucho desarrollo profesional. Era una institución nueva, muy respetada y a la que todos estaban mirando”.

Sin embargo, dice que desde que está fuera se ha percatado que “la valoración que hay de la fiscalía, en general, no es buena. Y eso se refleja, por ejemplo, en las encuestas de opinión”.

De  hecho, el año pasado en la encuesta CEP el Ministerio Público obtuvo sólo un 14% de confianza,  tres puntos menos que en 2011. Sólo es seguido por el Congreso (12%), los tribunales (11%) y los partidos políticos (8%). “Me parece muy preocupante la mala valoración, porque la fiscalía tiene que solucionar problemas tan importantes como los delitos que afectan a la gente”, explica.

Salas va más allá. Y dice que la pérdida de prestigio ha ido en aumento, pues son las propias instituciones con las que el Ministerio Público interactúa las que han dejado de prestar la atención y la ayuda que sí le daban cuando empezó el nuevo sistema penal. “En un comienzo era muy profesional. Todos tenían el ánimo de que la reforma, que era nueva, funcionara. Se veía que el compromiso del Registro Civil, del Servicio Médico Legal (SML) y de las policías, era absoluto. Uno rápidamente hablaba con mandos superiores para solucionar problemas. Todo fluía, pero poco a poco esas puertas se fueron cerrando”.

Esa falta de compromiso, explica, se ve reflejada en varios casos, como la relación con organismos como hospitales y clínicas que prestan “escasa colaboración”.  Pero no es todo:  “Las policías han perdido la rigurosidad que tuvieron para prepararse para ir a los juicios. Y en los juicios más chicos, sencillamente no llegan.  No han entendido que la mitad de su trabajo es detener al delincuente y la otra mitad es ir a contarlo al tribunal”.

2. PÉRDIDA DE EXPERIENCIA
De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público de 1997, los fiscales adjuntos, es decir quienes llevan las investigaciones, pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años. Sin embargo, las escasas posibilidades de ascenso, tanto en cargos como en remuneraciones, son una de las razones que explican la partida de varios fiscales del Ministerio Público.

El hecho que se hayan ido 140 de 647 fiscales, para muchos significa una pérdida para el sistema, sobre todo por la experiencia adquirida de quienes se fueron.

Xavier Armendáriz, hoy decano de Derecho de la Universidad San Sebastián, dice que la rotación de fiscales es un hecho que estaba contemplado. “La ley se diseñó para que no existiera carrera funcionaria y para que la institución tuviera recambio y no hubiera una suerte de casta de fiscales o un enclaustramiento o grupos de interés o de poder al interior del Ministerio Público. Se diseñó un modelo que hoy está respondiendo a eso, lo que explica la rotativa de fiscales”.

Sin embargo, con el tiempo, Armendáriz piensa que esa rotativa no ha sido buena. “Es negativa, porque formar un fiscal es largo, difícil. La experiencia es invaluable, porque se obtiene en la cancha. Y hemos  visto que, en general, los fiscales que se han ido son los con más trayectoria y experiencia, personas que sienten que han llegado a un estado profesional en que la fiscalía no admite un avance. En eso hay que ir con cuidado, porque un avance no sólo pasa por una mejora continua de remuneraciones, lo que es imposible. Por lo tanto, hay que buscarlo en otras áreas, como el perfeccionamiento y el reconocimiento a los fiscales de mejor desempeño”.

Rodrigo de la Barra, ex fiscal, coincide: “Esto va más allá del tema de remuneraciones, aunque es importantísimo. Hay muchas vías para retener personal en general, como capacitación, crear instancias de supervisión y  debate de casos, instanciasde generación de políticas de persecución”. Y agrega: “Se pierde experiencia, pero se gana en juventud y mística. Creo que debe haber una mezcla de fiscales experimentados en cargos de responsabilidad y jóvenes con ganas para casos más rutinarios y estandarizados. Pero, paradojalmente, muchas veces los casos más complejos quedan en manos de los fiscales nuevos y con menos ingresos, lo que cuesta entender”.

Jorge Abott, ex fiscal regional de Valparaíso y quien hoy  es brazo derecho del fiscal nacional, Sabas Chahuán, como director ejecutivo nacional del Ministerio Público, añade otro punto: “La rotación de fiscales me parece grave en el sentido de que estén mirando permanentemente hacia el mercado. Y eso es incompatible con el ejercicio pleno de su función. Nadie puede estar negociando su salida del Ministerio Público en el mismo momento en que lleva adelante investigaciones en las que tiene que tomar decisiones con entera autonomía y libertad. Es peligroso para la institución el que se pretenda esta alta rotación”.

3. FALTA DE CARRERA
Rodrigo Lazo (44), quien como jefe de La Florida investigó el crimen del llamado sicópata del pincel y también fue parte del juicio contra la Quintrala, es uno de los once fiscales que renunciaron en 2012. Entró al Ministerio Público en 2001 y se fue en busca de nuevas opciones.

Lazo es un ejemplo de algo que ocurre al interior de la fiscalía: aunque llegó a ser jefe, luego  bajó de grado y volvió a ser fiscal adjunto. “Es complejo subir y bajar, porque yo creo que ésta es la única institución donde, en el mismo trabajo , puedes estar en un grado y luego te degradan. Pero el sistema está diseñado así”.

El punto al que se refiere es parte de las reglas del juego. Los fiscales tienen distintos grados en el servicio público, donde el más alto es el 4 (que implica una jefatura), y el más bajo el 9. La única manera de ascender es a través de concursos públicos, donde compiten en iguales condiciones que un abogado que postule desde fuera del Ministerio Público. Otra forma de ascender, para ser jefe de una fiscalía local, es ser nombrado por el fiscal regional en un cargo de confianza; confianza que se pierde, usualmente, apenas haya un cambio de mando.

“Quizás la principal razón de la fuga de fiscales es la falta de proyección por no existir carrera dentro de la institución. Un fiscal ingresa a un grado y, aunque sea el mejor, nunca va a poder ascender salvo que, paradójicamente,  concurse para seguir en el mismo puesto. Es decir, haciendo lo mismo, pero con un grado más alto”, explica Marcelo Leiva, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Y añade: “Es urgente tener una carrera que permita que podamos ir ascendiendo de acuerdo a los méritos, capacidad y experiencia”.

Lazo renunció poco después de que postulara al cargo para reemplazar en la Fiscalía Oriente a Armendáriz: finalmente fue elegido Alberto Ayala.

“Me encantaba ser fiscal. Es uno de los trabajos más reconfortantes si te gusta el servicio público, porque sientes que ayudas a la comunidad. Eso no lo da cualquier trabajo”, dice hoy sentado en su oficina de la Fiscalía Privada, un lugar al que llegó cuando estaba en ciernes y en el que hace una labor muy similar a la que realizaba en el Ministerio Público. La diferencia es que sus clientes son empresas: investigan delitos contra la propiedad y luego presentan querellas con evidencias y datos.

4. DELITOS MENORES
Fue en un seminario en la Universidad Diego Portales en el que participaban magistrados, fiscales, defensores, abogados y académicos, que Vinko Fodich escuchó una frase de uno de los expositores, que considera sintomática: “Un juez de garantía dijo: ‘Yo no estoy preocupado por lo que no está haciendo el Ministerio Público, sino por lo que está haciendo el Ministerio Público’”.

El abogado cuenta que el magistrado, de quien se reserva su nombre, comenzó a detallar que durante la audiencia que había tenido en la mañana en el Centro de Justicia, de los 25 detenidos que habían llegado al control de detención, la mayoría de los casos eran por hurtos de chocolates, de bandejas de carne en un supermercado, por lesiones leves y apenas dos por causas importantes. “Entonces el juez se preguntó: ‘¿Y para eso movilizaron fiscales?, ¿para traer sólo mecheros?’”.

Fodich dice que, justamente, lo que dijo el juez “es algo que también frustra a los fiscales. Yo no tengo la solución, pero me pregunto si es lo más rentable gastar tanto recurso humano calificado en el robo de un chocolate”.

Pero las cosas no siempre fueron así. “Cuando partió la reforma, los delitos que tenían asignadas penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir de 61  a 540 días, como los hurtos falta o el manejo en estado de ebriedad sin causar daños, no admitían detención, sino que dejabas a las personas citadas a la fiscalía. Detrás de esa norma se focalizaban los recursos humanos en los delitos más importantes. Pero eso se modificó en 2002”. Y añade: “Yo creo que el fiscal que pasa su día entre un hurto simple y un hurto falta, probablemente no va a querer jubilar en eso”.

5. SOBRECARGA
Este año, una cifra ha llamado fuertemente la atención: en lo que va del 2014, las absoluciones que el Ministerio Público ha evidenciado llegan al 20% de los casos, en contraposición al 9,10% que mostraba el 2004. Un incremento que ha estado acompañado de varias críticas de los jueces al trabajo de las fiscalías.

Según el fiscal y dirigente Marcelo Leiva, uno de los motivos del alza en las absoluciones se debe no sólo a que los tribunales han elevado los estándares de prueba, sino también a la sobrecarga de trabajo, falta de apoyo y al aumento de causas.

Hasta ahora, el único incremento de dotación fue el 2005, cuando se incorporaron 22 nuevos fiscales para hacerse cargo de las causas derivadas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Algo que no ocurrió cuando al Ministerio Público se le asignaron los casos de violencia intrafamiliar (VIF), que implican aproximadamente un 10% de su carga laboral. Esto, además de los procesos provenientes de la justicia militar y otras leyes que se han agregado a sus obligaciones.

“El sistema se diseñó para que no hubiera más de mil casos anuales por fiscal. El 2005, cuando se discutió el aumento de fiscales para absorber las nuevas causas de la RPA, el Ministerio de Justicia de la época estimó que cada fiscal podía hacerse cargo de 1.250 causas anuales. Pero hoy tienen más de dos mil”, dice Leiva.

Ernesto Vásquez, dirigente gremial y quien investigó el crimen de Daniel Zamudio, añade: “No existen en el Estado de Chile ‘oídos debidamente aperturados’ para la demanda y situación de los fiscales. En el Centro de Justicia la situación de colapso es seria y está afectando lo que se llama la moral y el orgullo de los fiscales. Ello, porque se han elevado las absoluciones y eso ha ido en proporción al aumento sostenido de la carga de trabajo”.

Otro punto que añaden a la sobrecarga de trabajo es la falta de medios. Luis Inostroza, ex fiscal de la Fiscalía Centro Norte y quien renunció el año pasado, cuenta: “Por ejemplo, en el caso La Polar, donde estaba toda la ciudadanía pendiente, levantamos mucha información contable y de correos electrónicos, pero por falta de recursos no teníamos quién realizara el análisis. Y no había ningún organismo auxiliar del Ministerio Público que pudiese hacerlo. Entonces, tuvimos que recurrir a la parte querellante para que financiara el análisis por la vía privada”.

Inostroza, quien ahora trabaja en el estudio Hurtado & Cía. y es querellante en el caso cascadas, cuenta que el Ministerio Público no tenía los recursos para hacer el análisis. Y que cuando calcularon los costos, se dieron cuenta que éstos equivalían al presupuesto de cinco años de peritajes: “Eso es frustrante, porque te das cuenta que el sistema es para perseguir delitos comunes y no para investigaciones complejas”.

6. FORTALECIMIENTO URGENTE
Aunque el gremio cifra en 194 los fiscales que han renunciado, el Ministerio Público fija el número en 140: sólo cuenta a quienes han abandonado la institución, mientras que los dirigentes suman a los que han dejado el cargo pero se mantienen en otros puestos.

Jorge Abott considera que la renuncia de 140 fiscales no significa un gran porcentaje, pero sí le preocupa. De hecho, el pasado lunes 28 el fiscal nacional presentó al Ministerio de Justicia un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, en consenso con el gremio de fiscales y de funcionarios, en el que por primera vez se establece la carrera funcionaria.

Además,  en el proyecto piden que se incorporen 147 fiscales más: 30 para casos menos complejos, 92 para análisis criminal y 25 dedicados exclusivamente a causas de alta complejidad.

A ello, este año sumaron incentivos para los fiscales. Entre ellos becas de estudio de magíster y capacitaciones, como el envío de 10 de ellos a un curso de litigación oral a la California Western School of Law.

“Tenemos que tener una institución que sea atractiva y dar beneficios que no sean solamente de carácter remunerativo”, dice Abott. Y añade: “Nosotros quisiéramos tener una mayor permanencia de los fiscales. Es una pérdida muy importante el que se vayan, porque el Ministerio Público invierte en ellos”.