Por Juan Pablo Sallaberry Julio 31, 2014

© José Miguel Méndez

"Un fiscal no da abasto para las causas que tiene, sobre todo en Santiago. El tema ha derivado en prácticas que estaban restringidas, pero hoy se generalizaron. Como es la práctica del archivo, o sea el no investigar o investigar al mínimo si el caso es de poca importancia"

En la pared de su oficina de abogados en calle Huérfanos tiene enmarcado el himno oficial de los fiscales de Chile. Letra y música que se inventó durante su administración, y que ahora Guillermo Piedrabuena Richard (77)  mira con nostalgia y lamenta que ya no se cante más en los actos de la institución. Hoy, dedicado a su rol de abogado integrante de la Corte Suprema y a las clases que imparte en la Universidad Católica, quien fuera el primer fiscal nacional de Chile -cargo que desempeñó entre 1999 y 2007- y el responsable de poner en marcha el Ministerio Público, analiza con preocupación los problemas que atraviesa el organismo y las sucesivas renuncias de fiscales que ya suman 70 casos en los últimos cinco años.  “Esto es un problema. Se ha ido gente muy buena que es contratada por estudios privados que buscan reforzar sus departamentos de litigación penal. Es una pérdida de todo lo que se invirtió en capacitación y finalmente disminuye la eficacia de la fiscalía”, afirma.

-Desde el inicio de la reforma han renunciado 140 fiscales, principalmente para irse al mundo privado ¿Cómo se explica este fenómeno?
-El asunto es bien complejo, pero yo diría que desde que salí del cargo de fiscal nacional las cosas se han agudizado. Lo que dicen los fiscales es que están muy recargados de trabajo: el problema es que el número que debiera existir, y así se dijo en los preparativos de la reforma, era 1.200, para que pudieran tener una carga de trabajo de no más de 1.000 causas al año. Pero la ley autorizó sólo 647 fiscales. Como las estrecheces económicas mandan en Chile, cuando se hizo la ley se dijo: ‘empecemos con esto y más adelante veremos’.

-Hoy hay un promedio de 2.000 causas por fiscal.
-Y más que eso. Un fiscal no da abasto, sobre todo en Santiago. Han tratado de solucionar el problema dividiéndolos en fiscales de audiencia y de investigación. Pero esa distinción no está en la ley y, a mi juicio, son soluciones de parche. El tema ha derivado en que empezaron prácticas que estaban en un comienzo restringidas, pero hoy se generalizaron. Como es el archivo, o sea, el no investigar o investigar al mínimo si el caso es de poca importancia.  El archivo está permitido en el código -en el antiguo sistema y también en otros sistemas comparados, alrededor del 50% de las causas no tienen mayor destino- pero se ha excedido la práctica y, en este momento, hay causas que no tienen ninguna tramitación, que ingresan a la fiscalía y se archivan el mismo día, no hacen nada. Eso provoca un problema con la opinión pública.

-Los fiscales ganan menos que los jueces ¿cree que deberían estar equiparados en sueldo y grado?
-Cuando se empezó a preparar la reforma, se estableció una serie de normas de que los grados de los fiscales se fijaban en relación a los  de los jueces. Pero esa igualación fue hasta por ahí no más, porque el grado inferior de los jueces es mejor que el grado superior de los fiscales. La Asociación de Fiscales pide que los fiscales de trayectoria o que ven casos especiales tengan un mejor grado, como un ministro de corte. No tengo cifras, pero es difícil sostener que un juez tenga tanto trabajo como un fiscal. Hay fiscales que tienen jornadas tranquilamente de doce o catorce horas. Bueno, puede haber algunos casos de jueces también. Ningún gobierno ha atendido esa demanda. Siempre las razones económicas para el Ministerio de Hacienda son muy valederas...pero otra cosa es para la gente que está en terreno. En materia de presupuesto, la autonomía constitucional del Ministerio Público existe muy limitadamente.

-¿Se necesita revisar la ley del Ministerio Público?
-Ése es el problema de fondo. En mi opinión la ley del Ministerio Público tiene que ser revisada y reformulada íntegramente.  Yo sé que estoy hablando de cosas que, a lo mejor, no tienen ninguna viabilidad porque, en un momento que se discuten grandes problemas como la reforma tributaria, la reforma educacional o la reforma constitucional, el problema de los fiscales para mucha gente es secundario. Pero la práctica de estos más de 10 años de funcionamiento del sistema, ha demostrado que no se puede seguir con una ley que es insuficiente y anacrónica. Hay aspectos que deben ser cambiados.

-¿Como qué?
-Desde luego el que la ley determine cuántos fiscales tiene que haber provoca que ciertas regiones se quedaran con demasiado personal cuando otras tienen más trabajo. Es una distribución muy rígida. Otro tema es que falta un organismo externo que pueda analizar, sopesar y fiscalizar el trabajo del Ministerio Público para evitar que se produzcan problemas de gestión administrativa o ilegalidad. En su oportunidad se pensó que debía existir un consejo general del Ministerio Público con autoridades externas, a mí no me gustaba la idea porque el fiscal nacional venía a ser una especie de gerente que obedecía. Pero con el tiempo llegué a la convicción de que habría que construir algo por el estilo que sirva de contrapeso.  También se habla mucho de que para los delitos graves, de repercusión internacional, como casos de tráfico de droga o incluso terrorismo, se requieren unidades superespecializadas. Pero para hacer eso hay que modificar la ley.

-¿Cómo explica usted el alto porcentaje de sentencias absolutorias? Se han visto muchos casos de repercusión pública donde, tras la presentación de las pruebas, los jueces desechan y critican el trabajo de la fiscalía.
-Cuando yo era fiscal el porcentaje de sentencias condenatorias era del 90%, hoy ha caído al 80%, y en algunas regiones a menos. Se supone que en una causa en que están todos los elementos reunidos de la investigación, tendría que ser mayor, no el monto de la condena, sino el hecho de condenar y no absolver. Sobre todo cuando son delitos tan graves como estos actuales de la colocación de bombas. 

-¿Los jueces están muy exigentes y subieron los estándares de las pruebas o más bien hay una descoordinación en el trabajo de los fiscales con las policías?
-De todo hay un poco. La gente se pregunta qué pasa:  o no debieron haber sido acusados o no se reunieron los elementos probatorios. Luego viene el eterno problema de si la policía está haciendo bien su trabajo, si hubo coordinación o no. Para eso se creó un ministerio de, comillas, seguridad pública. El primer proyecto creaba el ministerio de seguridad pública como lo da a entender la Constitución, es decir, con entidad propia, pero al tercer año de tramitación se definió que el Ministerio del Interior estuviera a cargo de la seguridad pública y crearon una Subsecretaría. Eso fue un error. Un ministro ofrece la garantía de estar dedicado ciento por ciento, las 24 horas, al problema de la seguridad pública, llevar la coordinación con la policía, estar en terreno y tener  ascendiente en el gabinete. Eso no lo tiene un subsecretario.

-¿Piensa que hoy resulta atractivo ser fiscal para un joven abogado, considerando el número de causas que tienen, la estrechez de la carrera y los cuestionamientos públicos porque se van cayendo las causas?
-Difícil responder esa pregunta. Difícil responder. Ojalá que no sea lo que usted dice. Entiendo que a los concursos todavía se presenta bastante gente. Lo que yo no pude hacer, y habría sido muy bueno, es crear una academia de formación de fiscales. Era mi proyecto. Tal como existe la Academia Judicial, una academia de fiscales donde se preparen abogados jóvenes, los más talentosos de la universidad. Los fiscales necesitan dar cuenta de la importancia de su tarea frente a los poderes del Estado.

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