El próximo 13 de junio será el último día en que Luis Chamorro (41) ejercerá como fiscal. Después de 13 años de trabajar en La Araucanía, presentó su renuncia por “razones personales y de salud”. Su dimisión coincidió con un panfleto hallado en un camión que fue quemado en la Ruta Cinco Sur, cerca de Collipulli, y en el que se leía la frase “Chamorro, bonita su casa”, un hecho que hoy el Ministerio Público investiga como delito de amenaza.

Chamorro, quien lleva más de un año con protección policial, es uno de los fiscales más polémicos de la zona. Grupos de mapuches lo han acusado constantemente de “racista” y “antimapuche” y ha sido criticado por llevar a juicio a testigos protegidos. También, ha sido cuestionado por la Defensoría Penal Pública tras allanamientos que han terminado con comuneros heridos. Denuncias, sin embargo, que han sido sobreseídas por la justicia.

Mientras trabajó en la Fiscalía de Collipulli,  Chamorro se convirtió en el fiscal que ha conseguido más sentencias por hechos vinculados al llamado conflicto chileno mapuche, condenando a 20 personas. Pero también ha tenido importantes reveses. Uno de ellos: la absolución en 2012 del werkén de la comunidad de Temocuicui Mijael Carbone, a quien había acusado de homicidio frustrado en contra de un carabinero.

El último revés  ocurrió el pasado miércoles 28 de mayo, cuando por segunda vez -y tras la repetición del juicio- el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol absolvió a Daniel Melinao, dirigente de la comunidad Wente Winkul Mapu, por el caso de la muerte del sargento del GOPE Héctor Albornoz, quien recibió un disparo en un allanamiento en abril de 2012 en el que también participaba el fiscal.

-En el caso de la muerte de Albornoz, se le criticó mucho por haber sido el fiscal de la causa siendo que usted fue parte de la comitiva del allanamiento.
-A mí no me dispararon en el momento que le dispararon a Albornoz. Cuando ocurrió eso, la comitiva estaba a siete kilómetros de ahí, en la Base Pidinco. Por lo tanto, no fui ni víctima ni testigo. La decisión de que fuera yo quien investigara no la tomé yo, sino el fiscal regional y fue refrendada por el fiscal nacional.

-¿Es posible no perder la objetividad si usted era parte de la comitiva?
-No tenía ninguna causal de inhabilidad para no investigar la causa. La conveniencia de que yo lo hiciera o no, no me corresponde juzgarla a mí.

-También se ha criticado la violencia de los allanamientos en los que usted participó.
-Lamento la violencia venga de quien venga. Pero ésas son críticas políticas y yo soy un funcionario técnico judicial, por lo tanto, no puedo hacerme cargo. Por lo demás, todo eso es falso: yo no dirijo los allanamientos. Quien dirige la acción es la autoridad policial y siempre existe un oficial a cargo.

-¿Por qué renunció?
-La situación en que me encontraba deterioró mi salud física y mental  y, por lo tanto, no se daban las condiciones para que yo siguiera trabajando en el Ministerio Público. Primero comenzaron los insultos de grueso calibre en las audiencias. Luego vinieron los escupos, porque he recibido en el cuerpo y la cara. Los gritos de “muerte a Chamorro” eran habituales en las audiencias del juzgado de Collipulli. Hay registro de eso. Después fueron las amenazas, acciones intimidatorias con elementos contundentes, como palines. Una vez ingresaron, inexplicablemente, a la sala de audiencias con un palín y cuando el magistrado pidió que lo retiraran, dijeron que era para reventarle la cabeza a Chamorro. También he sufrido injurias y acoso mediático.

-¿Cuándo un hecho se puede llamar acoso?
-Cuando existe una campaña sistemática de desprestigio hacia tu persona y trabajo por fundamentos ideológicos. En las redes sociales aparece mi foto con la frase: “Éste es Chamorro, el fiscal que efectúa montajes, que tortura niños”, situaciones que jamás ocurrieron. Alguien, por ejemplo, se metió a mi Facebook y sacó unas fotos mías en unas vacaciones. También sacaron una imagen de mi hijo cuando tenía nueve meses. Y pusieron una serie de alusiones que no quise ni ver.

-Pero usted optó por este trabajo, sabiendo los riesgos que podía correr.
-Yo opté por ejercer la profesión de abogado como fiscal adjunto, pero no mi mujer ni mi hijo ni mis papás. Estoy con protección hace un año por las denuncias por amenazas. Se sumó a esto que el 2 de mayo un hombre saltó la pandereta e ingresó  a mi domicilio.  Y dos días después, otra persona con antecedentes penales, que era de una región muy lejana a Angol, de Coronel, fue fiscalizada en la esquina de mi casa y a altas horas de la madrugada.

-Sigue viviendo en Angol, ¿lo saca de estar en el ojo de huracán seguir en esta ciudad?
-Yo no he condenado a mapuches, sino a 20 personas que han cometido delitos y que pertenecen a la etnia mapuche. Y estoy cumpliendo una función pública en un sistema penal con contrapeso, con un abogado defensor y un tribunal.  No he cometido ningún delito. Por lo tanto, no tengo por qué  temer. Quiero seguir confiando en las instituciones y en las policías, que deberían darme la protección que corresponde ya no como fiscal, sino como víctima o como ciudadano.

-Pasó de fiscal a víctima para el Ministerio Público.
-Esa una experiencia impactante, porque uno ahora ve lo que sienten las otras personas cuando tú estás interactuando. Te das cuenta lo necesitadas que están de tranquilidad, de apoyo. Uno se da cuenta ahora, como víctima, de lo que sufre la gente.

-¿Le tocó dar protección a personas?
-A muchas y en situaciones mucho más graves que la mía. Yo vivo en la ciudad, tengo protección y estoy cerca de las unidades policiales. Pero las personas que viven en el campo, no duermen. Hablo de pequeños parceleros del sector Vida Nueva y Chiguaihue, gente tan pobre como los mapuches y a la que le quemaron todas sus cosas y la encañonaron.

-¿Eso ocurría en los llamados procesos de recuperación de tierras?
-Eso es delincuencia. Abuelos de 70 y 80 años encañonados mientras los tipos los obligaban a mirar cómo quemaban su casa. Eso pasó y está pasando en Chile. Eso es limpieza étnica. Eso de lo que nos sorprendemos que pasa en Croacia, pasó en Chile y hace dos años.

-¿Por qué le llama limpieza étnica?
-Porque sacaron a todas las personas no mapuches del sector de Chiguaihue y Vida Nueva. Las amenazaron y quemaron sus casas. Las expulsaron. Los panfletos así lo decían. 

-¿En sus casos invocó la ley antiterrorista?
-No. Esa decisión se concuerda con las más altas autoridades del Ministerio Público, pero los casos que investigué no tenían los elementos típicos de la actividad terrorista.  Para mí, personalmente, la ley antiterrorista tiene una carga ideológica demasiado compleja como para hacerse cargo de ella en un juicio. Porque tienes que acreditar que este hecho fue cometido con la intención de producir temor en una porción determinada de la población. ¿Cómo pruebas el temor y el miedo de las personas?  Es muy complejo.

-Pero en sus juicios hubo muchos testigos protegidos, una gran crítica que tienen los mapuches por considerar que no hay igualdad ante la ley.
-No creo que esas críticas sean de los mapuche, sino de personas que han sido imputadas que pertenecen a la etnia mapuche y a sus abogados. La Corte Suprema resolvió que dentro del derecho común existe la posibilidad de dar protección a los testigos. Es una herramienta que debes utilizar cuando estás en presencia de un fenómeno de crimen organizado. Porque esto no es delincuencia común, es crimen organizado, donde hay logística, inteligencia y medios. Por lo demás, estas personas utilizan en forma permanente la intimidación a los testigos. Y lo digo responsablemente: en el caso del incendio Poluco Pidenco, que fue en 2001 y se juzgó entre el 2004 y el 2005, un juez dio la orden de levantar la orden de reserva de identidad  a siete testigos. A todos se les quemó su casa. A uno de ellos se le intentó dar muerte y quedó inválido el resto de su vida. Incluso, 10 años después de acaecido el hecho, quemaron la casa del último testigo. Por eso es que es tan relevante la protección.

-Más allá de su renuncia. ¿Cree que hay condiciones para que los fiscales trabajen en La Araucanía?
-Enfrentamos un problema complejo y circular, porque no existe en Chile otra región o lugar donde ocurran hechos como éstos. Y, por lo tanto, se trabaja a la vanguardia. Nadie tiene la experiencia ni ha dimensionado los riesgos que esto significa. No es normal que un fiscal trabaje con un chaleco antibalas y un casco y cuello balístico. Pero yo tenía que ir a trabajar así. Recuerdo que fui yo quien le pidió al fiscal nacional un casco balístico. ¿Qué pasa si me llega un balazo en la cabeza?  Me consta que la preocupación del fiscal nacional es genuina. Pero todavía estamos al qué puede pasar. Falta una sistematización y profesionalización de los sistemas de protección de fiscales en zonas complejas.

-¿Tiene alguna crítica a su trabajo como fiscal?
- A veces uno obra con tanta pasión, pero sin mala intención. La pasión a veces puede ser un poco avasalladora.

-¿En qué sentido?
-De haberme excedido en argumentación, quizás siendo un poco hiriente dentro del calor de la litigación. Por lo que me han referido algunos colegas, utilizo mucho el sarcasmo y eso a la larga  molesta. Pero uno a veces está tan imbuido en el conflicto de la litigación, que no se da cuenta. El  sarcasmo  es un recurso dialéctico que, a veces, cuando te excedes, causa molestia. Eso me pasó, pero es algo que estoy trabajando.

 

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