El 10 de marzo, Cristóbal Lira, saliente subsecretario de Prevención del Delito, le entregó formalmente su oficina a Antonio Frey, sucesor en la repartición del Ministerio del Interior. Flanqueados por sus respectivos colaboradores, Lira y Frey cumplieron con el trámite el día previo al cambio de mando. En esa reunión y aprovechando la presencia del jefe de Estadio Seguro, Cristián Barra, Frey le preguntó “vagamente y a la pasada” sobre el plan. 41 días habían transcurrido desde su nombramiento el 29 de enero, pero ni Frey ni alguna de las nuevas autoridades de la Subsecretaría le solicitaron información a Barra.

El poco interés tenía una explicación: en el programa de gobierno de Michelle Bachelet no aparece una línea sobre seguridad en los estadios y menos algún proyecto que de continuidad a la lucha contra la violencia en los espectáculos futbolísticos. Estadio Seguro no constituía una prioridad para las nuevas autoridades.

CAMBIO DE TÁCTICA

Asumido el nuevo gobierno, la ambigüedad de las autoridades ante cualquier pregunta sobre el tema mostró la indefinición que existía en La Moneda. La ministra del Deporte, Natalia Riffo, apeló siempre a la misma respuesta: “Hay que evaluar el Plan Estadio Seguro”. La misma actitud asumió Frey. Sin embargo, la presión mediática tras lo ocurrido con los fuegos artificiales y las bengalas en el duelo entre Colo Colo y O’Higgins, el domingo pasado, obligó a replantear la estrategia.

Al día siguiente de los incidentes en el Monumental, en los 15 minutos que duró su alocución frente a los medios en la conferencia de prensa que dio en conjunto con el intendente Claudio Orrego, el subsecretario utilizó una veintena de veces el verbo “evaluar” cuando fue interpelado sobre los planes del gobierno para atacar el problema de la barras bravas. Frey no tenía nada claro. Y no precisamente por incapacidad personal.

Al no estar dentro de las promesas del programa, un sector de la Subsecretaría de Interior defendía la tesis de que había que “operarse de Estadio Seguro”, debido a su impopularidad y a que la complejidad del problema “impediría una solución sin costos políticos”. Pero esa postura no era unánime en las nuevas autoridades. El intendente Orrego, en conjunto con el diputado DC Matías Walker, autor junto a Jorge Burgos del proyecto de modificación de la Ley de Violencia en los Estadios, que aumentó la responsabilidad de clubes y dirigentes en la materia, defendieron la necesidad de asumir como propia la continuidad de la lucha frontal contra las barras bravas y sus vínculos con los dirigentes de clubes.

La idea de Orrego, quien sin quererlo se transformó en una especie de vocero del nuevo gobierno sobre el tema, era rescatar lo positivo de Estadio Seguro, pero con un sello más “amigable y menos represor” hacia el hincha. Incluso circuló la idea de cambiarle el nombre al plan para desmarcarse del “estilo Barra” y adoptar medidas que mostraran otra actitud.

El sábado 22 se había autorizado la entrada de la Garra Blanca a la práctica de Colo Colo para realizar el “arengazo” en apoyo al equipo. Los clubes asumieron el gesto como un relajo en la mano dura. El día del partido, las medidas de seguridad que debían implementarse (torniquetes, guardias privados, etc.) no fueron respetadas totalmente, y la orquestada acción de las bengalas y los fuegos artificiales le mostró a las nuevas autoridades una máxima ya entendida por quienes se han enfrentado a este problema: las barras bravas aprovechan cualquier demostración de debilidad para imponer sus condiciones.

ROA A LA CANCHA

No habían pasado ni doce horas desde los “estamos evaluando” de Frey, cuando la orden llegó desde La Moneda. La decisión de nombrar un nuevo jefe de Estadio Seguro entregaba una señal contundente de que el gobierno le dará continuidad a la política pública de luchar contra la violencia en los estadios.

Frey se abocó a la búsqueda del personero que asumiera la ingrata misión de ocupar el puesto de Barra. Escogió al ex Sernac  José Roa, abogado cercano al círculo del senador Felipe Harboe (otro defensor del plan Estadio Seguro) y a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá. Además, es cuñado del ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.

Es cierto que a Roa le encargaron una tarea compleja. Sin embargo, ahora debe aprovechar que Barra hizo el “trabajo sucio” y logró instalar Estadio Seguro como política pública, a pesar de lo impopular de su gestión.

Aún es muy temprano para conocer cuál será el sello de la gestión de Roa. Hay quienes, optimistas, atendiendo  al perfil de su gestión en el Sernac, ven una señal de que los hinchas serán tratados como clientes, con deberes y derechos, que pagan por un espectáculo que al menos les debe asegurar la tranquilidad de asistir al estadio con seguridad.

La pelota la tiene Roa y la receta parece una sola: hacer cumplir la ley. Veremos cómo le va.