Por Juan Pablo Garnham Diciembre 5, 2013

© Cecilia Cabrera

La seriedad de los hechos llevó a la Superintendencia de Educación Escolar a inhabilitar de por vida como sostenedor a Raúl Ortiz, encargado de la Dirección de Educación (DAEM) de Copiapó. Por primera vez en su breve historia, la superintendencia tomaba una medida de esta envergadura.

Los apoderados dicen que este proceso los obligó a ser más activos. “Ahora nos informamos, buscamos dónde está la plata”, dice Blanca Fuentes, quien explica que  incluso están usando las leyes de transparencia para conseguir información.

Lo que vio esa mañana colmó su paciencia. Cuando Luis Moya llegó, un día de octubre, al Colegio Manuel Rodríguez a dejar a su hija, vio cómo los auxiliares de la escuela se preparaban para trabajar: traían sus propios materiales de aseo. La escuela, en un barrio pobre en la ladera de un cerro del valle de Copiapó, acoge a 330 alumnos de prekínder a octavo básico, en su gran mayoría vulnerables, incluyendo niños que se encuentran en recintos del Sename e inmigrantes que viven en tomas aledañas.

Ver a los auxiliares así fue suficiente para él. Ya había sabido de los robos, la falta de hojas para las pruebas y de la mala infraestructura. El colegio ni siquiera había sido fumigado contra garrapatas y los fondos no daban ni para tener un nochero. “Le dije al director que ya no me quedaba otra, y que iba a tomarme el colegio”, explica Moya. De seguro, perdería su trabajo en la mina de oro Maricunga, pero ya no aguantaba más.

Los mismos problemas que vio Moya en el colegio de su hija se han repetido en los colegios, liceos y escuelas administrados por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Copiapó. “Nos empezamos a dar cuenta que desde 2012 no llegaban cosas básicas al colegio, como tintas y resmas de hojas”, dice Johanna Tapia, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Luis Cruz Martínez, “hace años que no llega material de aseo al colegio. Y se supone que las platas están para eso”. Se trataba de 31 establecimientos educacionales en los que ya había habido problemas de pago de imposiciones a los profesores. En los liceos técnicos no llegaban los materiales para los talleres. Todo esto en una de las comunas con mayor proporción de estudiantes municipales en el país: 75% del alumnado está en este tipo de establecimientos, alrededor de 22 mil niños y jóvenes, de acuerdo a cifras del Colegio de Profesores.

En el Ministerio de Educación explican que se sabía de estos problemas, pero no podían hacer mucho más que asesorar y presionar. “Nuestras facultades son muy acotadas”, aclaran. Hasta que la Superintendencia de Educación Escolar comenzó a funcionar en septiembre de 2012. 

“Ahí pudimos tener la facultad de que nos acreditaran los saldos no invertidos en la cuenta corriente”, explica Marggie Muñoz, superintendenta regional de Educación. “Teníamos indicios de que había una gestión deficiente respecto a los recursos, pero hasta el minuto no habíamos generado esta comprobación con los saldos de las cuentas”. Meses después, en enero, la superintendencia detectó 55 millones de pesos ni ejecutados ni devueltos al fisco en un colegio que se decidió cerrar, lo que llevó a una multa de 600 UTM para el municipio. Luego de eso solicitaron información sobre los dineros que entrega la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), creada en 2008 para mejorar la calidad de los colegios más necesitados. “Ellos acreditaron en sus informes que hay más de mil millones que fueron destinados para otros fines”, explica la superintendenta. “Además, según el análisis nuestro, hay más de dos mil millones que no están acreditados en la cuenta corriente”.

La seriedad de los hechos llevó a la superintendencia a inhabilitar de por vida para ejercer como sostenedor a Raúl Ortiz, encargado de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó. Por primera vez en su breve historia, la superintendencia tomaba una medida de esta envergadura.

Ortiz había llegado en 2007 a este puesto, bajo el mandato del alcalde Marcos López (PS), y fue mantenido por quien lo reemplazó en 2008, Maglio Cicardini (ex PS y hoy  independiente apoyado por el  PRO). Profesor normalista, antes había sido director de un establecimiento en Caldera. Desde que asumió, en el Colegio de Profesores dicen que se detectaron problemas administrativos.  “Hubo mala gestión, poca transparencia y utilización de dineros en recursos y materias inapropiadas”, dice Francisco Martínez, presidente regional de ese colectivo. “Pensamos que se iba a ir con el nuevo alcalde, pero lamentablemente él confió en Ortiz y los resultados están a la vista”.

En el municipio no hubo respuesta sobre el tema a Qué Pasa. Ortiz no ha hablado con los medios desde la confirmación de la sanción, el pasado 15 de noviembre, y la municipalidad sólo lo ha hecho mediante un comunicado, explicando que “ha dispuesto todas las medidas para que el uso de los recursos provenientes de subvenciones continúen invirtiéndose”. Además, nombraron a una directora de Educación interina y anunciaron un llamado a concurso para el cargo. Sin embargo, fuentes del municipio dicen que Ortiz sigue siendo funcionario municipal hasta la fecha. Ni el ministerio ni la superintendencia tienen las facultades para cambiar eso.

LAS SUBVENCIONES PERDIDAS

Luis Moya dice que su hija es su orgullo. Dice que tiene promedio 6,5, que quiere estudiar Medicina, que ahora se va a ir al liceo Bicentenario local. Que ella fue la razón por la que se tomó el colegio por quince días. Dice, también y con algo de pena, que ella fue víctima de bullying por todo un año. “No supe hasta que ella me dijo que no quería ir al colegio”, dice Moya.

Luego de la primera multa que cursó la superintendencia, en esa institución comenzaron a reunirse con apoderados, estudiantes y profesores en junio. Ahí se dieron cuenta de que se repetía este tema. “Había muchas denuncias por maltrato entre estudiantes”, dice Marggie Muñoz. Esto les parecía extraño, ya que la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) daba fondos para tener equipos psicosociales en cada colegio, los que son efectivos en prevenir temas como el bullying. “Pero los establecimientos nos dijeron que no tenían los recursos para esos problemas. Debían estar desde marzo, ya que el dinero se transfería mensualmente”, explica Muñoz.

Los profesionales sólo empezaron a llegar a mediados de año. Moya dice que incluso él tuvo que hacer de psicólogo y hablar con las compañeras de su hija. “Ahora son las mejores amigas… Si los profesionales hubieran estado desde marzo, todo este tema del bullying disminuiría, pero sólo tuvieron tres meses para trabajar”, dice Moya.

“Antes nos quejábamos que no había plata, de que no alcanzaba la subvención. Ahora tienes miles de millones, y esos miles de millones no llegan a la escuela”, comenta Francisco Martínez del Colegio de Profesores.

“Uno de los elementos que debe gestionar un municipio son los recursos de la SEP que tienen las escuelas”, explica Mirentxu Anaya, directora del Centro de Liderazgo Educativo de Educación 2020, “principalmente el apoyo a la construcción de los planes de mejoramiento, el monitoreo de su implementación y la evaluación de su impacto, para velar por el uso eficiente de los recursos”.

Sin embargo, cuando la superintendencia analizó estos temas, se encontró con todo lo contrario. Los recursos de esta ley estaban siendo utilizados para otros propósitos aún no determinados y, además, la información al respecto estaba incompleta o era inexacta.

“La calidad de los sostenedores públicos es muy diversa a lo largo del país”, explica Anaya. “Existen municipios que realizan de manera altamente efectiva su trabajo, como otros tremendamente ineficientes”. De acuerdo a Educación 2020, casos de buenas y malas prácticas se dan en municipios grandes y pequeños, urbanos y rurales. “El punto clave es la voluntad política del alcalde de hacerse cargo del tema educativo en su comuna, de la calidad de los equipos comunales destinados a esta tarea y de la gestión que ellos desarrollan”, dice Anaya. “En varias municipalidades no existe esta voluntad política ni la calidad de gestión esperada en los equipos educativos, por lo que Copiapó no es un hecho tan aislado”.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó en julio de 2012 una querella debido a informes de la Contraloría que mencionaban la falta de respaldo de más de 150 millones de pesos, gastos rechazados por más de $137 millones y duplicidades y pagos en exceso, además de montos provenientes de la ley SEP que no se sabría dónde se encuentran. “Habría delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco y a los organismos que lo componen, como la municipalidad”, dice el fiscal Alexis Rogat, quien estará a cargo de la investigación. Estos antecedentes se sumarían a los de la superintendencia, que además planea pesquisar las subvenciones patrimoniales. La complejidad de la causa podría implicar que ésta tome entre dos y tres años. Las penas para Ortiz, de comprobarse su culpabilidad, podrían llegar hasta quince años de presidio. Para él, el proceso comenzará el 18 de diciembre, cuando tenga que declarar frente a la justicia.

PADRES Y EMPODERADOS

José Vega, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Copiapó, recuerda las primeras movilizaciones, a principios de año. Eran muy distintas a las que vinieron después. La gente desconfiaba de los pingüinos, les gritaban improperios, les decían que volvieran a estudiar. Pero eso cambiaría. En octubre, juntó a apoderados en un colegio. Sacó fotos de su liceo, de un taller en malas condiciones, de un baño transformado en bodega y les mostró esas imágenes junto a datos como que su liceo hoy tenía 815 alumnos, a pesar de que estaba diseñado para 412.  “Yo pensé que los papás nos iban a pifiar, pero escucharon silenciosos y atentos. Al final se pararon para aplaudir”, recuerda. Después les pasó el micrófono. “Si yo hubiera sabido esto, no meto a mis hijos aquí”, dijo uno. “Queremos salir a marchar”, dijo otro.

Después de esto, tanto estudiantes como padres y profesores salieron a la calle y una de sus principales exigencias fue la salida de Raúl Ortiz.

“La enseñanza que nos deja este caso es que ahora hay una institución (la superintendencia) que está preocupada del buen uso de los recursos y que está procurando que quienes están a cargo de la educación pública hagan bien su trabajo”, dice Mirentxu Anaya, de Educación 2020.

Los apoderados agregan que, además, este proceso los obligó a ser más activos. “Ahora nos informamos, buscamos dónde está la plata. Crecimos mucho”, dice la apoderada Blanca Fuentes, quien explica que ahora están utilizando las leyes de transparencia para conseguir información. “Incluso a nosotros en algún momento en la escuela nos dijeron que la superintendencia se creó para eliminar los colegios municipales. Ahora nos reímos de esa ignorancia”, explica Fuentes.

“Esta crisis ha obligado a otros papás a ser más activos. Muchos papás se acercaron a mí el día que terminó la toma. Nos pidieron consejos”, dice Luis Moya, que después de su toma fue elegido presidente del Centro de Padres y hoy trabaja mano a mano con el Serplac de la municipalidad, que ofició de intermediario con el municipio para solucionar sus demandas. Dice que cada vez que tiene libre -trabaja en un régimen siete por siete, ya que recuperó el trabajo que perdió con la toma- va al colegio a fiscalizar él mismo que se hagan los avances. Pero dice que las platas, poco a poco, ya no salen de ellos mismos. Eso está cambiando. “Ya no estamos cayendo en eso de que nosotros tengamos que hacerle la pega a la municipalidad”, dice Moya, quien pronto dejará el colegio, cuando su hija se gradúe. Y lo dejará mucho más tranquilo que ese día que se encerró, cansado por todo lo que había visto.

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