Apenas se enteró de la muerte del matrimonio Luchsinger McKay, calcinados en Vilcún, el fiscal jefe de la Novena Región, Francisco Ljubetic, recordó una dramática coincidencia. En 2007 investigó un caso que se convirtió en emblemático en su carrera, al resolver un crimen que durante dos años fue un enigma en Loncoche: el asesinato de dos ancianas, de 91 y 83 años, que fueron quemadas dentro de su casa.

En ese entonces, Ljubetic era fiscal en Villarrica, y fue mandatado por el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena -quien antecedió en el cargo a Sabas Chahuán- para dedicarse exclusivamente a investigar el caso.  Ljubetic recuerda que había escasa evidencia, pero también que desde hacía tiempo existían dos sospechosos-que habían sido pareja y tenían un hijo en común-, a los que tenía que investigar. Llegar a ellos no fue fácil. De hecho, cuando los encontraron, los diarios locales destacaron las técnicas con que la fiscalía y la policía trabajaron: intervinieron los teléfonos de ambos y, tras interrogarlos por separado, lograron que volvieran a hablar del crimen. “La idea es que conversaran lo que nunca habían conversado. Así, al salir de una declaración, él la llamó y le dijo que la policía estaba muy cerca y que ya no estaba dispuesto a seguir ocultando lo que ocurrió”, cuenta el fiscal.

Aunque la mención al incendio intencional no fue un reconocimiento explícito, para la fiscalía y la policía la conversación tenía los suficientes indicios para saber que estaban frente a los autores de robo y homicidio.

“Para mí, un caso es ‘bonito’ cuando tiene dificultades. Porque eso hace pensar y genera la necesidad de hacer análisis, revisiones, plantear hipótesis y construir una tesis que después pueda tener viabilidad judicial. A veces, el detalle más ínfimo puede abrir una puerta”, comenta más de cinco años después.

Hoy, Francisco Ljubetic nuevamente es protagonista. Esta vez liderando las pesquisas por la muerte de los Luchsinger,  dirigiendo un equipo de cuatro fiscales -Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco, y Miguel Velásquez, Luis Arroyo y Juan Pablo Gerli- que se encuentran bajo un programa especial de contención y apoyo psicológico.

La fiscalía de la Novena Región tiene 70 mil investigaciones al año, de ellas sólo 300 causas están asociadas al tema mapuche. “Pero la complejidad que tienen es equivalente, en dificultad, por ejemplo, a los delitos sexuales que hay en Chile. Si bien no son muchos, obligan a tener un gran despliegue, además de recursos materiales y periciales que exceden con mucho a otro tipo de delitos”.

Y añade: “La tarea de los fiscales es arriesgada, en vez de réditos genera problemas. No es rédito estar investigando casos de esta naturaleza. Las críticas vienen de muchos sectores, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas. Quien investiga delitos de droga se lleva aplausos. Lo mismo pasa con los delitos sexuales, homicidios o robos. Pero en materia del conflicto indígena, partimos con una carga de crítica previa que va aumentando a medida que se desarrolla la investigación. Normalmente aquí hay bastantes presiones, no sólo de las propias comunidades o de quienes están afectados, sino también de organizaciones nacionales e internacionales”. 

A un mes del incendio en Vilcún, en el caso hay un solo detenido, que cayó en la misma madrugada del 4 de enero: Ceferino Córdoba Tránsito. Su hermano, José Córdoba Tránsito, fue formalizado por tenencia ilegal de armas y municiones.

No es primera vez que Ljubetic lleva este tipo de investigaciones. Años atrás, en 2005, sorteó una acusación constitucional que presentó un grupo de diputados UDI en su contra, por considerar que  había cometido “negligencia manifiesta” y “falta de diligencia” en sus investigaciones en torno a los ataques sufridos por agricultores de la zona, entre ellos René Urban.

Años después, si bien en su zona aún causa algunos anticuerpos, su nombre ya suena como uno de los candidatos  a suceder en la Fiscalía Nacional a Sabas Chahuán, quien termina su periodo en 2015.

 

A Temuco por azar

Francisco Ljubetic lleva tantos años en Temuco, que ya casi olvidó que su vida partió en Santiago. Es nieto de inmigrantes yugoeslavos e hijo de un comerciante que trabajaba en un negocio familiar de distribución de carnes. “Yo ya me siento de La Araucanía. Llevo más de 30 años viviendo acá. Pero entiendo que la vida política, social y económica está en Santiago. Soy de los que piensan que Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Santiago. Muchas veces uno acá se siente así: cerca de la metrópoli, pero a la vez muy lejos”, dice.  

En el Colegio San Ignacio El Bosque fue parte de un curso del que, de 42 compañeros, 40 entraron a la universidad. De esa generación salieron dos jesuitas destacados: Guillermo Baranda, ex jefe provincial de la congregación y su sucesor, Eugenio Valenzuela. También el padre Andrés Arteaga, quien pertenecía al círculo estrecho del párroco de la iglesia El Bosque, Fernando Karadima.

Entró a Derecho a la Universidad de Chile en un año convulsionado, en 1976. Pero no participó en política, a diferencia de muchos de sus compañeros. En la universidad, donde fue compañero de la ministra del caso MOP-Gate, Gloria Ana Chevesich, se destacó en especial en Derecho Romano, uno de los ramos “coladores” de la carrera. Fue ayudante y, años después, cuando se convirtió en profesor y luego director de Derecho en  la Universidad Autónoma, de propiedad de la familia Ribera. De hecho es amigo del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera. 

A Temuco llegó por azar. Mientras daba su examen de grado, en 1982,  lo observó el decano de la carrera de ese entonces, Hugo Rosende, quien luego fue ministro de Justicia de Pinochet. Lo recomendó para que trabajara en la Universidad de La Frontera. Era 1983 y tenía 23 años.

En Temuco también trabajó en un estudio jurídico. Era usual verlo conversando con abogados “viejos” o tomando un café cerca de los tribunales. Con varios de ellos llegó a ser muy cercano. Es el caso del ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien años después viviría una situación jurídica muy similar a la de Pinochet en Londres: estuvo tres años detenido en Roma acusado de la desaparición, en 1973, del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli. Fue absuelto en 2011.

De esos primeros años en Temuco, Ljubetic conserva una costumbre: archivar todo tipo de papeles y documentos. Por décadas ha echado en cajas de cartón todo lo que lee, incluso, las cartas al director “a favor y en contra de algo”. Antes recortaba los diarios y revistas. Hoy lo hace virtualmente en el computador. 

Dice: “Yo guardo de todo. Tengo papeles para todo porque creo que todo sirve. Tengo muchas cajas en mi casa que sólo tienen documentación. Si me apremiaran para presentar algo de hoy para mañana, debería responder porque debiera encontrar todos los antecedentes guardados en alguna parte”.

 

En el sitio del suceso

Es miércoles 30 de enero y Ljubetic, junto a un equipo de fiscales y policías, recorre la zona del incendio. Se trata de la reconstitución de escena de la noche del incendio en que murieron los Luchsinger McKay. Es una diligencia clave dentro de la investigación.

El 4 de enero Ljubetic se enteró por un llamado del fiscal Gerli del incendio en la casa de Vilcún. Por esa razón, consideró que era clave que él se integrara al equipo de trabajo, luego de que fuera el único que estuvo en el lugar durante esa madrugada. “Para un fiscal es muy clave estar en el sitio de suceso. Es imprescindible”, dice.

Ljubetic recuerda que la primera información hablaba de que el matrimonio Luchsinger McKay estaba desaparecido. Fue hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando empezó a corroborarse, poco a poco a poco, que podían haber muerto en el incendio: nadie encontró a la pareja en los alrededores. “Eso fue después de que se logró rebajar la temperatura del lugar, que de acuerdo con los datos que tengo, que aún se deben confirmar, debió ser cercana a los 800 grados por el estado en que quedaron los cuerpos”.

Tal como le ocurrió con el incendio de Loncoche, también recordó un caso que lo marcó siete años atrás: el incendio a la casa de Jorge Luchsinger, primo de la víctima. “Aunque es un caso que no investigué, sí lo sentí casi como propio. Fue un hecho aislado en el tiempo, pero muy significativo. Había personas encapuchadas, vestidas con ropa paramilitar, con botas, mimetizadas, con rostros cubiertos, armados, que tomaron por sorpresa la casa y lo sacaron a él y su señora. Luego los dejaron a metros del lugar y quemaron la casa patronal. Si uno lo ve así, es exactamente igual, cambiando los personajes y la ubicación, a lo que le ocurrió también a la familia Seco, el 22 de diciembre pasado”.

Añade: “Si uno quisiera hacer una especie de comparación, si esto fuera una película, sería Superman 1 y Superman 2. Es exactamente lo mismo, sólo cambiando los personajes y el lugar. Pero la forma de actuación y la manera en cómo se produce, en general es lo mismo”. 

Por estos días, Ljubetic se ha quejado de que en este tipo de casos, los jueces piden a los fiscales, un estándar mayor de pruebas. Según él, la exigencia es mayor cuando los imputados son mapuches.

-¿A qué atribuye eso?

-A todo este ambiente comunicacional, en que, supuestamente, existiría una desigualdad notable entre las fuerzas del Estado versus las comunidades oprimidas, situación que es absolutamente irreal. Acá siempre se parte de la premisa que los que son posiblemente victimarios son, al mismo tiempo víctimas, situación que en el resto de los delitos no se da. 

-¿Cree que es más difícil ser fiscal en su zona?

-Conozco en general casi todo el país. Y uno sabe la realidad delictual que enfrenta cada lugar. Nosotros no tenemos la realidad de robos violentos que tiene la Fiscalía Metropolitana Sur. O  los casos de delitos económicos de la zona metropolitana centro norte, como La Polar o el CNA. Pero lo que sí puedo decir es que ésta es la única zona del país que tiene este tipo de delitos.