Aún quedan los resabios de aquella jornada de ira. Amontonados a un costado de la caleta Lo Rojas, al sur de Coronel, neumáticos a medio quemar y los restos de una lancha yacen como testimonio de la furia de los pescadores. Las últimas semanas han sido violentas en el Biobío y el 10 de julio fue su día más crítico: mil pescadores armados de palos y piedras bloquearon los accesos al puerto, hicieron barricadas y se enfrentaron con Carabineros. Aún se pueden leer en los muros las consignas contra la Ley de Pesca, la chispa que ha prendido el polvorín en las caletas del sur.
Dentro de ese grupo de manifestantes estaba Carlos Olave (49). Pescador de nacimiento, el lotino es el mismo que hace diez años, cuando se discutía la actual normativa pesquera, movilizó a 800 personas rumbo a Valparaíso para enfrentarse al presidente Ricardo Lagos. Recuerda que apenas se bajó de uno de los 17 buses que él financió, le gritó de todo al mandatario, quien a pesar de las revueltas ganó esa batalla: redujo a dos la cantidad de embarcaciones que podía tener cada uno de estos pescadores, además de poner cuotas máximas de captura.
Desde entonces Olave, que por esos años era dueño de 11 lanchas pesqueras, se ha fortalecido y hoy es uno de los empresarios más conocidos en el golfo de Arauco. Aunque se vio forzado a reducir el número de sus embarcaciones, su poder en Lota se multiplicó. Por lo mismo, él y los pescadores de su tamaño son uno de los blancos de las críticas del ministro de Economía, Pablo Longueira, quien intenta volver a regular el sector, poniendo GPS en los navíos, limitando las zonas de extracción y reservando la primera milla a los botes de menor tamaño. Un dardo contra los intereses de pescadores como Olave.
Después de los acalorados incidentes en Coronel, el secretario de Estado ha defendido con vehemencia el proyecto de ley, acusando a empresarios de escudarse en el movimiento artesanal para agitar las aguas y complicar la discusión parlamentaria. Ha declarado que el 90% de la pesca artesanal -es decir, un 45% de todos los desembarques que se hacen en el país- la tienen pocas familias del sur que se hacen llamar artesanales, aunque sus ventas los acercan más a un grupo industrial que al dueño de un bote costero.
Aunque Longueira no ha dado nombres, clanes como el de Olave se han sentido directamente atacados. Él ya planea una contrarrespuesta: para el 30 de agosto organiza una caminata hasta La Moneda. Pretende reunir a cinco mil pescadores de la zona y asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para defender su negocio.
Las oportunidades en Perú
Cincuenta kilómetros al sur de Lota está el exclusivo barrio penquista de Lomas de San Andrés. En lo alto del cerro, en una casa de corte español, vive José Gallego (68), el patriarca del grupo de Pesqueras Tricelta, que comandan sus tres hijos José Luis, Manuel y Carlos.
En el interior de la vivienda, en una soleada habitación, está sentado Gallego. Frente a un montón de papeles y a un monitor de computador que por estos días permanece encendido las 24 horas, el patriarca lee constantemente documentos sobre la Ley de Pesca. También manda correos a senadores y diputados plasmando su malestar, y escribe cartas a los medios regionales. No quiere que les pase lo mismo que en 2002, cuando la última normativa pesquera obligó a la familia a deshacer casi todas las inversiones en Chile.
Ese año, el presidente Lagos anunció el reordenamiento de las cuotas de captura. Se entregarían de acuerdo a principios históricos y a la capacidad instalada. En el caso de Gallego, pasó de pescar más de 63.000 toneladas anuales a una nueva cuota asignada de casi 6.500 toneladas. Duro golpe, en especial porque hace muy poco había mandado a hacer un buque de US$ 5 millones. “Con la nueva realidad no había cómo mantener esa inversión”, recuerda. Fue ahí que decidió vender todo. El buque y la procesadora de pescado, Haripesca, salieron del control familiar. Con ello, 200 personas fueron desvinculadas. Los Gallego sólo se quedaron con tres lanchas, una para cada hijo, las cuales se mantienen hasta hoy.
Ésas fueron las mismas que para el tsunami quedaron varadas en las calles de Talcahuano y fueron profusamente usadas como imágenes por los medios nacionales. “Siempre quisimos dejar de ser pescadores para ser armadores”, recuerda José Luis.
Pero esa adversidad fue, al final, una oportunidad de negocio. Con el dinero recaudado con la venta de Haripesca y del buque, el menor -Carlos- partió al norte de Perú. En Paita, en la frontera con Ecuador, él maneja la pesquera Terranova, la cual en poco tiempo se ha transformado en una de las más importantes del vecino país: el 10% de toda la cuota de merluza a nivel nacional la obtienen ellos, al mando del buque industrial Camelot. Y tienen en carpeta sumar otras naves a la flota.
“Mi familia es ejemplo de sacrificio. Nadie nos ha regalado nada, entonces no veo el porqué de las críticas del gobierno. Al final habrá más casos como el nuestro, que somos exiliados de las cuotas de pesca. Nos tuvimos que ir a Perú”, explica Carlos, justo de visita en Concepción.
Peces en distintas canastas
La sala de espera de la oficina es pequeña, pero en ella siempre hay más de una persona esperando a Carlos Eugenio Olave Garrido. Él, dueño de Empresas CEOG (por sus iniciales), hace de todo. Dicta cartas, entrevista a los postulantes que van a pedir trabajo, y revisa el despacho de los quesos. Carlos Olave es el dueño de un holding regional compuesto por una constructora, una ganadera, una fábrica de quesos y las sociedades pesqueras que administra con su familia.
Cuando el ex presidente Lagos redujo la cantidad de lanchas, Olave vendió seis de sus once navíos, y él y sus hijos se quedaron con cinco, todos de 18 metros de largo. Fue ahí que decidió invertir el resto del capital (cada uno puede costar hasta $300 millones) en armar la constructora. Luego vendrían las otras incursiones, hasta su más reciente compra: la radio Don Matías y el periódico La Voz del Bio Bío.
“Mi familia es ejemplo de sacrificio. Nadie nos ha regalado nada, entonces no veo el porqué de las críticas del gobierno. Al final habrá más casos como el nuestro, que somos exiliados de las cuotas de pesca. Nos tuvimos que ir a Perú”, explica Carlos Gallego".
“La clase media no tiene lugar donde plantear sus temas, por eso me compré estos medios”, cuenta Olave. Acto seguido toma uno de sus dos teléfonos y llama a la radio para que repitan la entrevista de una pobladora de Coronel en contra de la Ley de Pesca. “Tírate a la Marta para que lo escuche un periodista de Santiago”, explica. En menos de dos minutos, el mensaje está al aire.
Desde que Lagos le “quitó” las lanchas, como él dice, Olave comenzó a aumentar su riqueza en otras empresas. Sus hijos, como ejemplifica, ya se habían acostumbrado a colegios particulares, y él a un estilo de vida. Por eso puso el capital en la inmobiliaria Lota Arauco. Ya tiene dos edificios levantados en Lota -el Santo Simón y el Señora Celmira, ambos en honor a sus padres-, y los quesos Boyén se venden incluso en Santiago. Por eso le duele y se enoja cuando escucha a Longueira criticarlos. “¿Por qué no puedo ser emprendedor? Si el mismo Piñera tuvo cuántos negocios y ¿por qué yo no?”, argumenta.
Una de las cosas que más lo complican, y que deja de manifiesto en sus medios regionales, es que desde el gobierno esbocen que ellos, los llamados “armadores artesanales”, sean tan industriales como los grandes consorcios pesqueros.
“Por ley nosotros somos artesanales. Si al ministro le molesta la ley, que la cambie para que entremos en otra categoría, pero sin desorden”, reclama.
Olave se refiere a la tipificación de artesanales versus industriales. En Chile cualquier embarcación bajo los 12 metros de largo es un simple bote. Sobre esa medida, y hasta los 18 metros, se denominan artesanales. Pero hay un subgrupo -lanchones entre 15 a 18 metros, la subcategoría donde se ubica Olave- que por dimensiones y capacidad consiguen una mayor cuota de pesca. Para muchos, debieran ser llamados semiindustriales, aunque el mismo subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, descarta que ello vaya a ocurrir.
Es éste el sector que más ruido ha generado en las últimas semanas. Son los mayores opositores al proyecto de Ley de Pesca por quitarles, entre algunas cosas, la primera milla de captura (donde sacan hasta el 40% de su cuota), y por restringirlos a pescar dentro de los límites de cada región.
“Acá les están dando todo a los industriales. Si yo pudiera tener más lanchas podría armar una procesadora de pescado, dar más empleo. Pero no, ahora estoy obligado a venderle a los grandes consorcios mi pesca”, relata mientras extrae la pequeña calculadora solar que guarda en su bolsillo. Siempre saca cuentas. “Yo les doy trabajo en las lanchas a 16 personas por cada una, o sea, a 80. Pero estos señores (las autoridades) quieren que nos muramos siendo artesanales y pobres”.
El descargo de los otros artesanales
La ira de los Poblete
“¿Dónde queda la calle Llanquihue?”, le pregunto a un transeúnte de Lota. Dos personas se acercan. Ninguno sabe. “Busco la casa de Luis Poblete”. Por arte de magia, todos conocen el camino para llegar a la vivienda de uno de los lancheros más conocidos en el golfo de Arauco.
Con 68 años, cincuenta y cinco de ellos en el mar, Luis Poblete Salas nació en Punta Lavapiés, al sur de la Región del Biobío. A los 12 años comenzó a ayudar a su padre en la pesca, para lo cual tuvo que dejar el colegio. Con los años se mudó a Lota y armó una casa en un terreno baldío contiguo a la caleta, junto a otras familias de pescadores. Hoy el sector está a medio urbanizar, las calles son aún de arena, pero Poblete y su familia de seis hijos -todos pescadores- se niegan a irse a otro lugar, aunque podrían hacerlo.
Apenas uno ingresa al hogar del patriarca, el más llamativo y remodelado del lugar, Luis y su hija Paula (39) descargan su rabia contra el proyecto de ley. También contra el ministro y, de paso, contra algunos medios de comunicación. “Al tiro te digo que están mintiendo cuando dicen que un pescador como nosotros gana $300 millones por año. ¿Cómo alguien puede ser tan ignorante?”, explica Poblete de manera reposada, lo que contrasta con su imponente presencia física.
Realidad opuesta a la que pregonan las autoridades, quienes señalan que la ley ajustará una realidad latente: cada lancha de 18 metros puede llegar a facturar más de $300 millones por año, según sus cálculos. Bajo ese criterio, los Poblete, con siete lanchas repartidas entre los seis hijos y el patriarca, tendrían un ingreso de $2.100 millones por temporada. “¿Tú crees que viviríamos aquí, en esta caleta, si ganáramos eso? No, poh. Viviría al lado de Longueira si tuviera esa cantidad de plata”, reclama Paula.
“Acá les están dando todo a los industriales. Si yo pudiera tener más lanchas podría dar más empleo. Pero ahora estoy obligado a venderles a los grandes consorcios mi pesca”, dice Carlos Olave. “Estos señores (las autoridades) quieren que nos muramos artesanales y pobres”.
En la práctica, una lancha de esas dimensiones, dependiendo de la cuota que tengan asignada, puede mover hasta $250 millones al año, según concuerdan en la industria. Usualmente entre el 40% y 50% se reparte entre la tripulación (de 10 a 16 hombres), y el resto es para el dueño del navío. El uso del varadero significa desembolsar $25 millones anuales, a lo cual se suma el costo asociado al combustible, permisos marítimos y arreglos de la nave, que los asume el propietario. “Yo no soy pescador porque con esto me haré millonario. Lo hago porque no sé hacer otra cosa. Tengo hijos que no terminaron ni el colegio porque los tuve que meter al mar para, entre todos, sacar adelante el negocio”, cuenta Poblete. Desde el interior de la casa, se escucha la voz de su mujer, despotricando contra las autoridades.
Atrás quedaron los días en los que, como afirman los empresarios consultados, uno se podía hacer rico con la pesca. “Hoy con las cosas como están, no se puede. Yo tuve mi primera lanchita el 83, y de ahí fui endeudándome con los mismos industriales, que actúan como bancos y prestan plata con intereses, hasta tener siete. Hay gente que nunca dio el salto y ahora es imposible”, recuerda Poblete.
Y aunque pocos kilómetros más al norte, en la hoy agitada caleta Lo Rojas, su presidente, Omar Bustos -pescador artesanal pequeño-, afirma que la balanza está inclinada hacia los pocos “artesanales grandes”, la lucha de todos es contra el sector industrial. “Entre los artesanales es verdad que la situación está poco equilibrada, porque pocas familias se llevan casi el 80% de las cuotas de las sardinas y anchoas de la región, pero el gran enemigo son los industriales, que tienen más de la mitad de la pesca que tenemos todos nosotros reunidos, y ellos son apenas 12 barcos en la región frente a 350 de todos los chicos, incluidas las grandes lanchas”, grafica desde su oficina, ubicada justo por encima de los restos de la barricada que ardió hace apenas dos semanas.
