La cita fue a mediodía. El pasado 26 de junio, Alejandro Bohn, gerente general de la Minera San Esteban, llegó acompañado de su abogado, Hernán Tuane, a las oficinas de la interventora de esta empresa, María Loreto Ried, en Providencia. Como todos los meses, allí lo esperaban, también, Julio Domínguez, Pablo Concha, Rodrigo Albornoz y Luis Fernando Ureta, quienes representan a algunos de los principales acreedores de la firma. Aunque este tipo de reuniones se realizan periódicamente, este encuentro tuvo un gusto especial: Ried informó al grupo que estaban ad portas de llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En síntesis, el convenio consistiría en que la compañía reconozca parte de la deuda que mantiene con el Estado de Chile por los gastos incurridos en el rescate de los 33 mineros atrapados durante 69 días en la mina San José -de propiedad de la Minera San Esteban- el año pasado. A cambio, el CDE alzaría las medidas precautorias que hoy mantiene sobre los principales activos de la empresa, los que según fuentes del mercado bordearían los US$ 20 millones. De concretarse el acuerdo, la compañía podría comenzar el proceso de venta de sus pertenencias y pagar así las deudas que mantiene tanto con sus trabajadores, las familias de "los 33", acreedores y el propio Estado.
Este posible acuerdo fue aplaudido por los siete asistentes a la reunión, quienes componen la comisión de acreedores formada en diciembre pasado con el propósito de velar por el cumplimiento del contrato entre Minera San Esteban y sus deudores. Sin embargo, fijaron una condición: no pagar la totalidad de los cerca de US$ 11 millones por los cuales los demanda el CDE, sino que un monto de US$ 5 millones, ya que, a su juicio, los gastos del rescate fueron excesivos. La moción quedó fijada en el acta de la reunión poco antes de las dos de la tarde. Así las cosas, el monto definitivo será tema de negociación entre las partes.
La abogada Ana María Hubner es la consejera a cargo de este tema dentro del CDE. Ella y el propio presidente del organismo, Sergio Urrejola, son quienes han llevado las conversaciones con la interventora de la minera. Según cercanos al proceso, éste cuenta con la aprobación de ellos. Sin embargo, su visto bueno no es suficiente: se requiere que la mayoría de los 12 consejeros apruebe la decisión. El asunto es de sumo interés también en el gobierno. Por eso, según fuentes relacionadas con este caso, en Interior están analizando los alcances del posible acuerdo y si es pertinente visarlo.
La boleta del Estado
Pasado el 13 de octubre de 2010, día en que concluyó el rescate de los 33 mineros -acción conocida como "Operación San Lorenzo"-, el gobierno sacó la calculadora. Los encargados de hacer las matemáticas fueron los miembros de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior. Esta misión no le fue encargada al azar: ya que se trató de una operación en una propiedad privada esa cartera debió dictar un decreto de emergencia. Con esa orden en la mano, Interior mandató a Codelco para encabezar la misión en Copiapó. Concluida con éxito la tarea, en la cuprífera estatal elaboraron una detallada rendición de cuentas que enviaron a la cartera liderada por Rodrigo Hinzpeter.
Hay quienes creen que el gobierno aún no da luz verde para este acuerdo por los costos de imagen que podría traer la decisión. Por ello, una de las alternativas que suenan es que el CDE levante las precautorias parcialmente para pagar sólo las indemnizaciones de los trabajadores.
La "boleta" final fue estimada en US$ 20 millones. El cálculo detallado ítem por ítem fue enviado desde Interior al CDE y a la Contraloría General de la República, en diciembre de 2010. Tras analizar los datos y determinar que no todos los gastos eran sujeto de ser cobrados -varios correspondían a donaciones-, el organismo liderado por Sergio Urrejola amplió la demanda por daños y perjuicios que ya había interpuesto en contra de Minera San Esteban, en octubre de ese año. ¿El requerimiento final? $ 5.500 millones (aproximadamente US$ 11, 5 millones).
Desde los tiempos del rescate en la mina San José ni Bohn ni Kemeny se han visto las caras con funcionarios del gobierno. La relación con ellos, y sobre todo con su empresa, está radicada en el CDE a través de la justicia y las esporádicas conversaciones que han mantenido con William Díaz, vicepresidente ejecutivo de Enami. Pero esto podría cambiar: si el acuerdo entre la Minera San Esteban y el órgano estatal fracasa, el juicio seguirá su curso ordinario y es probable que ambos empresarios se enfrenten con miembros de la administración Piñera en los tribunales.
De hecho, en el Ministerio del Interior ya elaboraron una lista con los posibles testigos en esta causa. Entre ellos figuran los ministros Laurence Golborne y Jaime Mañalich; la intendenta de Atacama, Ximena Matas; el jefe de División de Gobierno de Interior, Cristián Barra, y los ingenieros de Codelco a cargo del rescate André Sugarret y René Aguilar.
"Esta mina no se quiebra"
En paralelo, María Loreto Ried formó la comisión de acreedores de Minera San Esteban, integrada por el Banco Santander (Julio Domínguez), Caldera Ridge Financial (Pablo Concha), E Mining (Luis Fernando Ureta) y Edwin Holvoet (Rodrigo Albornoz). Ellos representan a todos los proveedores impagos de la cuestionada empresa, cuyos pasivos equivalen en conjunto a alrededor de $ 9.000 millones.
En diciembre pasado este grupo, al que también se unen Hernán Tuane, Alejandro Bohn y la propia Ried, firmó un convenio judicial preventivo que consiste en que a los acreedores se les pagará entre un 20% y un 70% de la deuda antes de marzo de 2012, es decir exactamente 15 meses después de que se selló el acuerdo. "Con todo, hay posibilidad de prórroga para evitar un escenario de quiebra", explica Ried.
El tema de evitar la bancarrota de la firma ha sido gravitante en las reuniones mensuales de esta comisión. "Yo creo que el escenario más cómodo para la empresa era quebrar, pero Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny quieren responder y salvar la compañía", dice Ried. En la misma línea, el abogado penalista de estos empresarios, Gonzalo Insunza, agrega: "El día que los conocí lo primero que me dajaron en claro fue que su empresa no se quebraba".
El último rescate
Por lo mismo se decidió mantener a Bohn y Kemeny en la administración de la empresa. "Están dedicados full time a vender activos y solucionar las cuentas pendientes. Han dado la cara todo el tiempo. Su oficina en Santiago sigue operativa, pero ahora sólo con cuatro personas", agrega la interventora.
Por este trabajo la comisión le fijó un sueldo inicial a Bohn y Kemeny de $ 8 millones mensuales. Sin embargo, al cabo de pocos meses este monto fue reducido a la mitad. "Consideramos que la deuda de la empresa es demasiado alta como para mantener esas rentas. De hecho, ya existe una petición por reducir el monto aun más", asegura un miembro del grupo.
El trabajo de la comisión ha sido duro. En estos meses se les ha pagado a los acreedores preferentes: trabajadores, AFP e impuestos al Fisco. Para ello la empresa ha rematado equipos y minerales. Además, recibieron US$ 2 millones por término de contrato de arriendo de la mina Candelaria. Con ello, la empresa ya ha cancelado el 66,18% de la deuda a sus trabajadores, equivalente a casi mil doscientos millones de pesos. Aún quedan $ 400 millones que desembolsar por este concepto. "Se podría haber pagado el 100% si no hubiera precautorias", sentencia Ried.
La seguridad de la interventora en este sentido se basa en que ya existen varios interesados en comprar los yacimientos. Incluso algunos inversionistas extranjeros ya visitaron las pertenencias ubicadas en la Región de Atacama. Se trata de grupos canadienses, norteamericanos, chinos y fondos de inversión privada.
La duda del gobierno
Dentro de la comisión de acreedores están optimistas de que el acuerdo finalmente se firmará. "Sería un sinsentido no llegar a puerto. Lo conveniente para todos es vender las minas en un proceso ordenado: se pagan las deudas y el Estado se libera de un juicio que podría durar varios años", dice Rodrigo Albornoz, ex superintendente de Quiebras y hoy representante de Edwin Holvoet.
Asimismo, Hernán Tuane agrega que si no se logra el convenio el escenario de quiebra es inminente y por ende las pertenencias saldrán finalmente a remate. Este desenlace no asegura que alcance el dinero para pagar a todos los acreedores. Incluso más, probablemente el Fisco no percibiría ingresos por esta causa, ya que no es un acreedor preferente y está al final en las prioridades de pago.
Sin embargo, hay quienes creen que el gobierno aún no da luz verde para este proceso por los costos de imagen que podría traer esta decisión. Por ello se barajan otras posibilidades. Una de las alternativas que suenan en La Moneda es que el CDE levante las precautorias de forma parcial para que se paguen sólo los montos relacionados con indemnizaciones de los trabajadores.
Si bien esta idea no disgusta completamente a los representantes legales de Bohn y Kemeny, no les parece la solución idónea. "Eso sería bueno, pero hay que entender que es positivo en términos limitados: la solución permitiría cumplir con el tema de las indemnizaciones laborales, pero perjudicaría a todas las otras demandas civiles, entre éstas la del Fisco, los acreedores empresariales y las demandas de los familiares", resume Tuane.
Cuentas pendientes
A la demanda presentada por el CDE se suma, en el plano civil, otra de la Asociación Chilena de Seguridad por $ 320 millones, presentada a fines de 2010. Asimismo, el viernes pasado Enami ratificó una demanda ejecutiva contra la Minera San Esteban por US$ 2.868.320. La deuda fue adquirida por la empresa de Bohn y Kemeny en marzo del año pasado, cinco meses antes de que se produjera el desastre en San José. Hasta el cierre de esta edición ninguno de los integrantes de la comisión de acreedores estaba informado de esta acción legal.
Además, Edgardo Reinoso, abogado de 31 de los mineros rescatados, aseguró que el jueves 14 de julio presentaría una demanda en el plano laboral contra la firma y civil contra el Estado, por no fiscalizar adecuadamente la seguridad del yacimiento.
En materia penal, el escenario está más despejado para los empresarios mineros. Según cuenta Gonzalo Insunza -abogado en esta causa de Alejandro Bohn, Marcelo Kemeny, Pedro Simunovic y Carlos Pinilla-, el 15 de junio se sobreseyó el juicio por el delito de lesiones graves, gravísimas en perjuicio del minero Gino Cortez, accidente ocurrido el 16 de junio de 2010 y tras el cual el trabajador perdió una pierna. "Desde el 1 de octubre hasta el 15 de junio nos dedicamos a mostrarle al fiscal Gustavo Mella que este episodio había sido un accidente y que los responsables eran los encargados del turno anterior", dice Insunza, quien trabajó este caso junto a su hijo Matías y Katherine Lathrop. Mella les dio la razón, lo que permitió llegar a un acuerdo reparatorio con Cortez, quien recibió una indemnización de $ 90 millones.
Hoy la carpeta de investigación en contra de estos empresarios sigue abierta en la Fiscalía de Atacama. Hay dos causas pendientes. La primera por cohecho y prevaricación, interpuesta por familiares de los 33 mineros a raíz de la apertura del yacimiento en 2004, luego de la muerte de un trabajador. La otra demanda la interpusieron seis señoras de mineros por homicidio frustrado. Por ninguna de estas causas han sido formalizados.
