© Carlos Quezada
Era uno de los momentos complejos para dejar a su familia. Cuando el 16 de marzo de 2010 la nombraron como fiscal para investigar la responsabilidad que podría recaer en las autoridades e instituciones chilenas por no alertar del tsunami, la fiscal Solange Huerta (43) vivía una complicada situación: el terremoto de más de 8 grados en la Región Metropolitana no sólo dañó la Fiscalía Occidente -de la que es jefa regional- al punto que el equipo debió cambiarse con urgencia a otro edificio en el centro de Santiago. También derrumbó la casa en la que vivía en Melipilla junto a sus hijos y su esposo, el fiscal de San Antonio, Álvaro Pérez, por lo que debieron pasar varios días durmiendo en carpa mientras se sucedían las réplicas y el país se enteraba poco a poco de la tragedia que había dejado el maremoto.
Fue en esas condiciones que Huerta -quien ha mantenido en reserva el episodio de su casa- recibió el llamado del fiscal nacional, Sabas Chahuán, para que se hiciera cargo de una de las investigaciones más voluminosas que se han hecho desde que empezó la Reforma Procesal Penal en 2005. Así, pocos días después de su nombramiento, armó su equipo de trabajo con los fiscales Luis Tapia y Andrés Castellano y cinco detectives de la PDI, y recorrió las zonas más devastadas. Uno de esos lugares fue Talcahuano, donde se encontró con barcos varados; también Caleta Tumbes, donde los pescadores se le acercaban desesperados a contarle que habían perdido sus casas y sus botes; la isla Juan Fernández -allí tomó más de 70 declaraciones en tres días- y Constitución, el lugar donde el maremoto cobró más vidas y la gente todavía lloraba en la calle.
Se trata de una investigación en la que han testificado más de 800 personas, entre ellas cientos de familiares de las víctimas del tsunami, además de ex autoridades que tuvieron un rol clave la madrugada del 27 de febrero de 2010: la ex presidenta Michelle Bachelet -declaró durante seis horas- y varios de sus ex colaboradores, como el ex ministro de Interior Edmundo Pérez Yoma y el subsecretario Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández -quien fue interrogada durante una semana- y el intendente de la Región del Bíobío Jaime Tohá, estos dos últimos en calidad de imputados.
No es todo: a partir de esta semana comenzó la ronda de los interrogatorios más esperados de sus pesquisas y que indagarán en el papel que cumplió la Armada y el SHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la institución, uno de los organismos más cuestionados tras la tragedia, junto a la Onemi.
Cuando en octubre y noviembre próximo cesen en sus cargos Xavier Armendáriz y Alejandro Peña -cumplen 8 años en sus puestos-, en círculos judiciales estiman que Solange Huerta se convertirá en la fiscal más influyente de la Región Metropolitana.
Aunque se estima que su investigación podría culminar aproximadamente en abril, por primera vez en once meses la fiscal mostró parte de los resultados de su indagatoria al dar a conocer el número de víctimas del maremoto. Y pese a que durante el año la prensa -sobre todo la televisión- no ha dejado de mostrar imágenes desgarradoras del tsunami, las cifras que exhibió Solange Huerta durante la cuenta anual del Ministerio Público volvieron a impactar: 156 personas muertas y 25 desaparecidas. De ellas, la Región del Maule concentra el mayor número, con 90 fallecidos: 45 murieron en Constitución y 45 en Pelluhue.
La Región del Bíobío fue la segunda con mayor cantidad de muertos por el maremoto: 46 personas, además de cuatro desaparecidos. La siguen la isla Juan Fernández, donde hubo 10 muertos y seis desaparecidos. Finalmente Llolleo, donde murieron cinco personas.
Trabajólica y desconfiada
En el 2001, cuando recién se estrenaba como fiscal jefe en Illapel, Solange Huerta recibió su primer caso judicial. Era un escándalo en la zona, pero también un drama, que quienes la conocen aseguran que marcó su carrera: una joven había sido violada desde los 9 a los 19 años por su padre, había tenido dos hijos con él y durante todo ese tiempo vivió amenazada: si lo denunciaba, él la mataría.
Huerta tomó el caso y consiguió que el violador fuera condenado a 10 años y un día de cárcel. De esa historia, ha confidenciado que tras el término del juicio, la joven se le acercó, la abrazó y le dijo: "Ahora voy a empezar a vivir".
Otro de sus primeros juicios fue un femicidio, en el que Huerta fue quien tuvo que avisarle a la madre de la víctima que su hija había sido asesinada.
Esas dos causas fueron clave para la fiscal, quien tiene una preocupación especial por los temas de género y la violencia contra las mujeres.
Antes de llegar al Ministerio Público, Solange Huerta trabajó en el ex Instituto de Normalización Previsional (INP), donde tuvo una carrera rápida y ascendente: fue jefa de abogados de primera instancia en la División de Juicios.
En la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a fines de los 80 y principios de los 90, era una conocida socialista. En ese entonces formaba parte del ala Almeydista, la corriente que con los años lideró Camilo Escalona. "La más dura de ese tiempo", cuenta un cercano. Además, su hermana, Rosa Ester Huerta (PS), fue alcaldesa de Talagante, la ciudad donde ambas se criaron.
El expediente tsunami
En el Ministerio Público, la fiscal es conocida por ser una buena investigadora. "Muy aguja", dice un abogado que la conoce desde la universidad. De carácter fuerte y desconfiada, no es fácil entrar en su mundo y en su trabajo. También es muy planificada (prepara los interrogatorios con 15 días de anticipación) y trabajólica. Parte de su exceso de celo -o desconfianza para algunos- se manifiesta en que delega poco: ella misma redacta los oficios donde pide documentos o llama a declarar. Así lo ha hecho en la causa del maremoto.
Su prolijidad y su carácter frontal en el trabajo fue lo que llevó a Sabas Chahuán a elegirla en el caso del tsunami, donde inevitablemente tendría que interrogar a autoridades. Rasgos que ya había mostrado cuando, en 2008, recién nombrada fiscal de la Zona Occidente, tuvo una difícil tarea: indagar las denuncias en contra de su par de la Zona Sur, el fiscal Alejandro Peña, por prácticas antisindicales. Huerta hizo una minuciosa investigación, en la que interrogó a casi 80 funcionarios, y acumuló una carpeta de más de mil páginas. El resultado fue un duro revés para el mediático fiscal Peña, pues formuló cargos en su contra por instar a funcionarios de la Fiscalía Sur a la desafiliación del sindicato y buscar con ello que la agrupación no pudiera funcionar por falta de quórum.
Quienes la conocen describen su estilo como opuesto al de Peña: Huerta es de bajo perfil y cultiva una manera de hacer las cosas que recuerda la figura de los ministros en visita en la antigua justicia: intenta mantener en secreto sus diligencias. Un ejemplo de ello es que por estos días ha tomado declaraciones a varios miembros de la Armada en absoluto sigilo. Y si bien ella dio a conocer las cifras de víctimas del tsunami en la cuenta pública de su fiscalía, quien leyó ante las cámaras el listado de los nombres fue su jefa de gabinete y una de las pocas personas de su confianza, Blanca Alarcón.
Pese a su escasa figuración, de los tres fiscales regionales -Andrés Montes de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz del sector Oriente, y Peña por el Sur-, Huerta es considerada la mujer más cercana a Chahuán. "Es su delfín", dice un fiscal.
De hecho, cuando en octubre y noviembre próximo cesen en sus cargos Armendáriz y Peña -cumplen 8 años en sus puestos-, en círculos judiciales estiman que Solange Huerta se convertirá en la fiscal más influyente de la Región Metropolitana.
De Talcahuano a Hawái
Cuando en marzo recibió el caso, la fiscal contactó al geógrafo y académico del Departamento de Geografía Física de la Universidad Católica y experto en tsunamis Marcelo Lagos, quien le realizó una inducción en el tema. Luego, empezó su viaje a la zona cero.
Uno de los primeros lugares donde se constituyó fue la isla Juan Fernández. De acuerdo a lo planificado, el equipo tomaría 30 declaraciones. Pero allá les cambió el programa: la gente los buscaba para prestar su testimonio, y se dieron cuenta que había testigos cuyos dichos eran clave para contextualizar. Finalmente, en tres días hicieron 70 interrogatorios.
En su viaje a la Séptima y Octava Región la fiscal Huerta se encontró con historias desgarradoras. Todas ellas forman parte de los más de 40 archivadores (unas 8 mil páginas) que contienen su investigación y están plasmadas en los cinco cuadernos chicos marca Torre donde ha anotado cronológicamente los datos y hechos claves de su indagatoria. Entre ellos, el crudo relato de una niña de 12 años que fue la única de su familia que sobrevivió al maremoto, un testimonio que incluso quebró a los policías. También, la declaración de una mujer que se salvó gracias a que el azote de la ola la levantó hasta la copa de un árbol.
Además de las tragedias humanas, Huerta dimensionó la fuerza del tsunami al ver cómo en Llolleo, por ejemplo, el mar levantó el radier de varias casas.
A partir de febrero, la fiscal llegó a una etapa decisiva al entrar en el capítulo SHOA-Armada. Quienes conocen su modo de trabajar se explican que si dejó esta arista para el final, fue porque con lo avanzado hasta ahora podrá contrarrestar los dichos de los uniformados con datos concretos. Incluso, en diciembre realizó un viaje a Hawái, donde interrogó a dos científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Víctor Sardiña y Vindell Hsu- que el 27 de febrero tuvieron comunicación con el SHOA.
El resultado de la investigación es esperado con altas expectativas: ha involucrado a autoridades civiles, instituciones y a ciudadanos comunes en un proceso en el que se indaga un cuasidelito de homicidio junto a homicidio por omisión y, en el caso de los uniformados, eventualmente incumplimiento de deberes militares, por lo que sus causas podrían pasar a la justicia militar.
Como sea, la voluminosa investigación será clave no sólo en establecer responsabilidades penales. También contendrá patrones a seguir que obliguen a que a futuro se dicten políticas públicas que eviten que haya 156 muertos y 25 desaparecidos por un maremoto del que se pudo alertar.
