Por Josefina Ríos y Ana María Sanhueza Diciembre 10, 2010

El 11 de diciembre del 2000, una dramática noticia despertó al país. Durante la madrugada, un incendio en el cuarto piso de una de las torres de la Cárcel de San Miguel dejó siete presos calcinados y otros 10 heridos, la mayoría de ellos jóvenes. "Muerte de 7 reos revela profunda crisis carcelaria", publicó la prensa al día siguiente, un titular que podría perfectamente ilustrar la situación actual, pero con una salvedad: hoy los muertos por un siniestro en el mismo penal son al menos 81, y si antes la sobrepoblación penitenciaria en Chile era del 40%, diez años después es del 70%.

En San Miguel, por ejemplo, el hacinamiento alcanza el 90%. El penal fue construido para 1.100 internos, pero allí viven recluidos 1.940. De hecho, en la torre 5, donde la madrugada del miércoles 8 ocurrió  el incendio, había 150 reclusos y más de la mitad murió. Algunos calcinados y otros por asfixia, luego que las llamas se propagaran en tres minutos, supuestamente por culpa de un lanzallamas artesanal, según las informaciones preliminares. La carencia de guardias hizo imposible una evacuación rápida: había apenas seis gendarmes en el interior del recinto y otros 26 en el exterior.

"Las cárceles en Chile no cumplen ningún estándar de condiciones mínimas para la dignidad de los presos. Hay hacinamiento y condiciones infrahumanas. De la cárcel de San Miguel tengo una imagen muy vívida de una de sus torres: vi a unas 70 personas en un recinto que tenía 60 metros cuadrados, con colchonetas en el suelo, carpas y sábanas como cortinas para tener cierta intimidad con respecto a las personas que se encontraban a 20 centímetros de distancia", explica el juez de garantía Patricio Souza, quien visita permanentemente los penales de Santiago.

"De la cárcel de San Miguel tengo una imagen muy vívida de una de sus torres: vi a unas 70 personas en un recinto que tenía 60 metros cuadrados, con sábanas como cortinas para tener cierta intimidad con respecto a las personas que se encontraban a 20 centímetros", explica el juez de garantía Patricio Souza.

Pese al dramatismo de estas imágenes y cifras, San Miguel no es la peor cara del sistema penitenciario chileno: hay cárceles, como la ex Penitenciaría de Santiago, donde el hacinamiento supera el 200%. Allí viven recluidos 7.200 presos, y el lugar tiene capacidad sólo para 2.500. No es todo: los reos duermen en grupos de ocho o más personas en pequeñas celdas de tres por dos metros cuadrados, repartidas entre las 15 calles, 4 módulos y  8 galerías del penal. Estas últimas, se encuentran en el segundo piso del casco antiguo, y no superan los 60 metros de largo por cuatro de ancho. No todos tienen acceso a salir al óvalo a caminar o "tirar huincha", como le llaman en "la Peni" a dar vueltas -desesperados y en círculo- por el patio.  Es el caso de los narcotraficantes de la Calle 6, que por seguridad no pueden mezclarse con otros reos: viven 500 personas en 36 diminutas celdas y para todos tienen cinco baños y cinco duchas.

Por eso, para muchos la precariedad de la gran mayoría de las cárceles chilenas es una bomba de tiempo. La sobrepoblación no sólo aumenta el estrés y la violencia dentro de los penales, al punto que este año en la ex Penitenciaría ya han muerto 10 reos por riñas. Su vieja infraestructura también es un polvorín.

"Si reproducimos este incendio de la cárcel de San Miguel en la ex Penitenciaría, el número de muertos llegaría fácilmente a las mil personas. La Penitenciaría no está preparada para eso, y si no se ha incendiado hasta ahora, es sólo porque los internos se cuidan", dice el abogado Carlos Quezada, representante de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes  (Confrapreco)  y querellante en el año 2000 por el incendio en la cárcel de San Miguel.

Puertas adentro

"Ho Dios cuídame de los ke disen ser mis amigos porkeson mas falsos que Judas y kemis enemigos" (sic). La frase escrita con letras grandes y deformes, es lo que primero se lee al entrar a la Calle 6 de la ex Penitenciaría de Santiago, uno de los sectores más peligrosos del penal y donde los reos suelen protagonizar sangrientas riñas con armas hechizas. Hoy, sin embargo, la calle está vacía: hace algunas semanas comenzaron los arreglos de sus pequeñas celdas, después de varias décadas de abandono.

Viaje al centro de la cárcel

Las celdas de la Calle 6 son conocidas en la cárcel por su precariedad. Y aun cuando hoy están siendo pintadas de  blanco por un grupo de trabajadores, como parte de las 11 medidas que impulsó el ministro de Justicia Felipe Bulnes para mejorar las condiciones carcelarias, de todas formas se percibe la angustia del lugar. En días normales, los gendarmes cuentan que allí apenas hay espacio para caminar. Un punto no menor si se considera que estos 500 internos no salen nunca al patio principal, conocido como el "óvalo".

Como esta calle, hay otras 14 en esta cárcel. Si la aglomeración es la regla, la Calle 5 -conocida como Comunidad de Tratamiento- podría ser la excepción: aquí viven cerca de 300 personas con acceso a talleres de trabajo y artesanía, y donde el patio es una cancha de baby fútbol. En este sector se respira mucho menos tensión que en el resto del penal.

"Pareciera que el sistema carcelario estuviera hecho para denigrar y dañar a la gente, porque si no, no se explica que en cien años no se haya hecho nada al respecto", dice el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla. Y agrega: "Hoy, la única contención que existe es el trabajo religioso, en su mayoría lo hacen los evangélicos y algo la Iglesia Católica. El trabajo religioso reemplaza una labor que debiera hacer el Estado".

Lo que dice Hermosilla se refleja especialmente en la Calle 4, que aunque tiene las mismas escasas dimensiones que la que alberga a los traficantes, es un punto blanco al interior de la cárcel. Pese a que están tan hacinados como sus vecinos -hay 550 personas-, aquí los presos que profesan la religión evangélica cumplen estrictos horarios de oración, trabajo, limpiezas y comidas. Incluso, visten de ternos planchados por ellos mismos y sus pulcros baños lucen cerámica y tienen hasta desodorante ambiental. "Acá los reos viven en paz y convivencia sana. No fuman, no toman e, incluso, estamos erradicando las groserías", cuenta el pastor Luis Mussiett, quien reconoce que entre los "hermanos" hay varios que se han "convertido" por razones de seguridad: "Es que, a pesar de todo, en la Peni se sigue respetando a Dios".

Un panorama opuesto es el que se vive en las 8 galerías que albergan a los presos de alta peligrosidad, los mismos que de 8.30 a 12.00 y de 14 a 16 horas caminan nerviosos -muchos de ellos con fierros y palos en las manos- por el óvalo. Un improvisado mapa "decora" una de las pocas puertas que ahí subsisten. "Sestor para domestiquiar" (sic) se lee. La irónica frase encabeza el plano de la zona oriente de la capital: muestra los sectores de La Pirámide, Vitacura, Apoquindo y Colón, interceptados por Américo Vespucio.

Hasta hace un mes, para recibir la comida que les proporciona el Estado, los internos de la ex Penitenciaría debían meter su tazón a un tambor metálico y desaseado que contenía su almuerzo. Pocos lo hacían. En general preferían preparar sus propias meriendas en cocinillas. Entrar alimentos al penal es un símbolo de estatus.

"En la ex Penitenciaría cada preso tiene menos de dos metros cuadrados. Si lo llevamos al Transantiago están igual que un vagón de metro a las 8:00 de la mañana", ejemplifica  Carlos Quezada. El hacinamiento no sólo lo viven los presos, también sus familiares. Cada día cientos de ellos llegan a visitar a los reos. Los encuentros se producen en el gimnasio del penal, donde son recibidos por dos mil internos. Resultado: como mínimo cada día se reúnen en ese lugar más de 4 mil personas. En medio de la muchedumbre, como no existen las visitas conyugales, los reclusos y sus mujeres arman los llamados "camaros", que consiste en tener relaciones sexuales tapados apenas por una frazada.

Hasta hace un mes, para recibir la comida que les proporciona el Estado, los internos debían meter su tazón a un tambor metálico y desaseado que contenía su almuerzo. Pocos lo hacían. En general, preferían preparar sus propias meriendas en cocinillas. Entrar alimentos al penal es un símbolo de estatus. Hoy, y también dentro del paquete de 11 medidas impulsado por el gobierno, cada recluso recibe su vianda con comida caliente. También por primera vez cada uno tiene un colchón y una frazada antiflama.

La norma internacional establece que la proporción entre reos y gendarmes debiera ser de 2 a 1. En la Peni, sin embargo, esta relación es de 28 a 1, contando incluso al personal administrativo. En el óvalo y mientras aproximadamente 1.500 reclusos pasean, apenas 20 guardias velan por mantener el orden. No siempre se logra: casi a diario alguno debe contener alguna pelea entre bandas rivales.

"El modelo de cárcel de la 'Peni' está obsoleto. Es lo más parecido a un coliseo romano: un lugar que está hecho para que se mate y se mire y no para que se rehabiliten o cumplan sus condenas dignamente", grafica Quezada.

Viaje al centro de la cárcel

Cirugía de urgencia

Al poco tiempo de asumir como ministro de Justicia, Felipe Bulnes puso el foco en la ex Penitenciaría. Por eso, pidió a sus asesores que recolectaran las cifras de la realidad local. Quería saber a qué se enfrentaba. El resultado: la vieja cárcel de avenida Pedro Montt que curiosamente fundó en 1843 su antepasado, el ex presidente Manuel Bulnes, estaba colapsada. No sólo eso: las varias visitas que ha realizado allí a partir de marzo -una de ellas con el Presidente Sebastián Piñera, el pasado 15 de octubre- lo conmovieron, al punto que priorizó en su agenda una serie de cambios en la calidad de vida de los presos, que comenzaron a ser implementados hace un mes (ver entrevista).

En los últimos 10 años, la sobrepoblación en este centro ha tenido un sostenido aumento. El salto mayor ocurrió cuando partió la Reforma Procesal Penal: entre el 2005 y el 2010, el número de internos que llenó sus pequeñas calles y galerías, subió de 5.098 a 7.300.

En palabras de la la fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado: "La Reforma Procesal Penal no tomó en cuenta el sistema penitenciario. Consideró la investigación del delito, la transparencia, la oralidad y el derecho a defensa, pero no pensaron en qué debíamos hacer con los condenados. Entonces, se siguió con las mismas cárceles".

Pero el aumento de población penal en la ex Penitenciaría es apenas una muestra de la realidad nacional. "Después de Guyana Francesa y Surinam, Chile es el tercer país con más encarcelados per cápita. Tenemos 300 presos por cada 100 mil habitantes. Lo que suena dramático es que Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia están por debajo de nosotros", dice la fiscal Maldonado, quien a través de varios informes que ha elaborado a partir de 2001, ha revelado la precaria situación de las cárceles chilenas.

No es la única: el 14 de octubre pasado, y en una visita que hoy resulta premonitoria, la ministra de la Corte de Apelaciones Ana María Arratia, recorrió la cárcel de San Miguel, el lugar donde se originó el incendio. "Un recinto húmedo, sucio y maloliente", fue su observación.

Así, mientras en 2005 el total nacional de internos era de 38.372, el 2010 suma 53.588. "Llevamos 20 años en que se han ido dictando leyes cada vez más duras y aumentando las penas y la prisión preventiva. Pero si hay una voluntad política de incrementar el encarcelamiento, eso debe ir acompañado de construir más cárceles. Pero hasta ahora, esto sólo ha sido aumento de penas y sin intervención para que se apliquen medidas alternativas", critica el juez Souza.

Al asumir como ministro de Justicia, Bulnes no sólo se encontró con los penales tradicionales. También analizó con cuidado las siete prisiones concesionadas que se crearon por mandato del ex presidente Ricardo Lagos. Éstas fueron anunciadas después del primer incendio de la cárcel de San Miguel y en ellas los reos tienen mejores condiciones: allí su mantención mensual asciende a $ 400 mil, el doble de lo que el Estado gasta en un reo de un penal común. "El problema es que ya hay cárceles concesionadas que están al tope", explica Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP).

"Pero el problema es que la velocidad con que aumenta el ingreso de personas a las cárceles ha sido mucho más rápida que los intentos de ampliar la infraestructura carcelaria", agrega Souza. Según el Informe de Derechos Humanos de la UDP, entre 1998 y 2009 el número de internos experimentó un crecimiento del 75%. Las cárceles de mayor complejidad  -como la ex Penitenciaría y la Cárcel de Mujeres- son los que presentan mayor densidad: 196% de sobrepoblación. Según el documento, lo que llama la atención es que los 20 centros de educación y trabajo (CET), unidades enfocadas a la rehabilitación de los internos -al interior de las cárceles y también autónomos- subutilizan su capacidad en un 59%.

Más allá de las cifras, en la ex Penitenciaría hay cosas que nunca van a cambiar. El "choro" -el jefe- seguirá imponiéndose: tendrá una celda única para él, mientras el resto de los internos de esa calle duerme en los pasillos, en carpas improvisadas con frazadas. Y siempre sin techo. Los gendarmes les construyen techos una y otra vez, pero los presos de las galerías del segundo piso siempre los rompen. La primera vez la techumbre fue de fierro, pero ellos la convirtieron en armas. Después se intentó con madera, pero tampoco hubo éxito.

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