El pasado miércoles 13, a las 12:00 del día, y mientras ascendía el decimoquinto minero desde las profundidades de la mina San José en la cápsula Fénix 2, el economista Jorge Quiroz les explicaba su panorama financiero a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Pese a que los 33 mineros ya están a salvo y junto a sus familias, tras esta exposición los socios cayeron en cuenta que para ellos esto recién comienza.
Fue el mensaje transmitido por el experto a los dueños de la mina.
Aunque se tratará de un proceso largo, ya se vislumbran las primeras señales. El 26 de octubre es una fecha calificada como clave por el entorno de los empresarios. Ese día comienza la batalla, afirman los cercanos de estos socios y cuñados.
El martes 26 concluye el plazo que Jorge Quiroz, experto "facilitador" a cargo del proceso de determinar el futuro de la compañía, se autoimpuso para presentar una solución a los acreedores de la firma. El experto -cuya misión, en términos simples, es determinar si San Esteban es una empresa viable económicamente- ya les presentó a los socios un plan de salvataje que los tiene entusiasmados, pues descartaría la quiebra, algo que hasta ahora parecía inminente. Según fuentes del mercado, los activos de la empresa ascenderían a unos US$ 20 millones.
Para explicarles los avances de este plan y las líneas a seguir, fue que Quiroz convocó a Bohn y Kemeny en su oficina de Monjitas este miércoles. En la cita, que se prolongó por cerca de una hora, les explicó su idea: arrendar los activos de la empresa, en especial aquellos yacimientos aledaños a la mina San José, en las cercanías de Copiapó. La figura elegida por Quiroz no es casual: al no existir real certeza sobre el valor de las pertenencias mineras, la venta como alternativa se torna más complicada.
Tras semanas dedicadas a estudiar el valor posible de las pertenencias mineras de Bohn y Kemeny y con acceso total a los libros de la compañía, el experto facilitador Jorge Quiroz determinó que aun cuando San Esteban tiene probabilidades de caer en quiebra, su salida puede ser viable.
"Lo que se busca es realizar un contrato entre los dueños y un futuro inversionista, donde este último se comprometa a pagar un arriendo de acuerdo a la cantidad y calidad del mineral extraído. De esta manera, es posible obtener más dinero y pagar la totalidad de las deudas de San Esteban, al tiempo que los trabajadores pueden mantener su fuente laboral", indica Quiroz.
La "fórmula Quiroz"
Tras semanas dedicadas a estudiar el valor posible de las pertenencias mineras de Bohn y Kemeny y con acceso total a los libros de la compañía, Quiroz determinó que aun cuando San Esteban tiene probabilidades de caer en quiebra, tiene una salida viable.
En la industria minera siempre se ha especulado que la veta de cobre y oro en la que se ubican San José y las propiedades aledañas son de alta calidad. La explicación para la deficiente situación financiera que arrastran Bohn y Kemeny desde hace años sería que nunca tuvieron el financiamiento para realizar los sondajes requeridos.
Por ello, el diseño de Quiroz contempla el ingreso de flujos, y que sea el arrendatario quien se haga cargo de los sondajes. El plan está diseñado a 30 años y contempla el arriendo de dos plantas, una en Tierra Amarilla y otra en Copiapó. "Ambas propiedades tienen plazos de funcionamiento ad portas de vencer. Se debe negociar con las autoridades para poder extender su actividad e incluirlas en el paquete ofrecido a los inversionistas. Todavía no tomamos contacto con el gobierno, por lo tanto aún tenemos que esperar", advierte el experto.
Bohn y Kemeny después del rescate
Se estima que sólo por el arriendo de una de las plantas de la minera, los socios podrían percibir US$ 1 millón.
Para que se concrete este plan es también vital encontrar inversionistas interesados en la operación. A esta tarea se ha abocado el economista durante la última semana. En carpeta ya tiene a dos posibles capitalistas: uno sería de origen nacional y otro, asiático.
Todo bien hasta acá. Sin embargo, serán parte de los 330 acreedores -Enami, E-Mining, Shell y Banco Santander, por nombrar algunos de los más importantes-, quienes, finalmente deberán aprobar o no la salida propuesta por Quiroz.
Así quedó acordado el 23 de septiembre. Ese día, y a instancias de la interventora, María Loreto Ried, se desarrolló la primera junta de acreedores de la Minera San Esteban, que en conjunto representa pasivos por alrededor de $ 9.300 millones. De ese total, quienes tienen derecho a voz y a voto representan cerca de $ 7 mil millones. Si el plan propuesto por Quiroz cuenta con menos del 75% de apoyo de los acreedores valistas (aquellos que no son prioritarios para el pago de las deudas), el paso a seguir es decretar la quiebra de la compañía.
Si bien en diez días más se sabrá si hay acuerdo o no, ha trascendido que parte importante de los acreedores aprueba la "fórmula Quiroz". Entre éstos estaría Enami, desde donde se ve con buenos ojos esta alternativa: "Para nadie es conveniente que la empresa quiebre, se puede aprovechar mucho mejor si se maneja bien", aseguran en la estatal.
Su refugio: El Bosque 500
No han sido días fáciles para la dupla Bohn-Kemeny. Desde el 5 de agosto, día en que se produjo el derrumbe en la mina San José, su vida dio un giro de 180º. En una primera fase, los socios se concentraron en proporcionar antecedentes para las labores de rescate. Al poco tiempo, y cuando ya hubo certeza de que los 33 mineros estaban bien en el refugio, se abocaron al diseño de su estrategia judicial.
Desde el 5 de agosto, día en que se produjo el derrumbe en la mina San José, Bohn y Kemeny se concentraron en proporcionar antecedentes para las labores de rescate. Al poco tiempo, y cuando ya hubo certeza de que los 33 mineros estaban bien en el refugio, se abocaron al diseño de su estrategia judicial.
Desde entonces se han desenvuelto con el más absoluto hermetismo y conformaron un sólido círculo de confianza, integrado básicamente por abogados y asesores comunicacionales y financieros. Su centro de operaciones se instaló en El Bosque 500, lugar donde se emplazan las oficinas del abogado Hernán Tuane. Incluso cuando se les trata de ubicar en sus propias oficinas, un empleado recomienda llamar al estudio jurídico. Ahí aterrizan casi todos los días y desde muy temprano en la mañana. Siempre juntos, Bohn y Kemeny pasan largas horas en la sala de reuniones proporcionando antecedentes para estructurar su defensa tanto en materias civiles, a cargo del equipo de Tuane, como en el ámbito penal, área dirigida por Gonzalo Insunza y en donde también están Catherine Lathrop y Matías Insunza, todos del Estudio Insunza, Del Río, Parraguez.
Hasta ahí también llega el periodista Felipe Pozo, quien lidera el diseño comunicacional desde el 20 de septiembre pasado. Si bien en un comienzo la estrategia comunicacional apuntó a que la dupla se mostrara menos fría, más humana y preocupada, con Pozo, el diseño mutó y se estableció que tanto Bohn como Kemeny y sus asesores legales debían guardar estricto silencio. El raciocinio fue que las entrevistas y la exposición pública no los estaba favoreciendo en nada.
Bohn y Kemeny después del rescate
Las energías de Bohn y Kemeny en las últimas semanas se han concentrado en sanear el tema económico. El acento se ha puesto en el pago de sueldos y finiquitos. De hecho, el 8 de octubre les llegó la carta de despido a los 269 empleados de la Minera San Esteban Primera. Además, todos los trabajadores, excluyendo a aquellos que se encontraban atrapados en el pique, recibieron sus sueldos de septiembre y un aguinaldo dieciochero de $ 150 mil.
Para esta operación fueron clave las negociaciones entre Jorge Quiroz y algunos ejecutivos de la Empresa Nacional de Minería (Enami), entidad que otorgó un nuevo préstamo a la Minera San Esteban, por $ 180 millones. Este nuevo crédito de la estatal a la compañía de Bohn y Kemeny, se sumaría a las actuales deudas por US$ 2,1 millones que la minera tienen con la firma pública. Con todo, todavía no se cierra por completo el proceso de finiquito de los trabajadores, a quienes se les adeuda un total de $ 1.300 millones entre cotizaciones y remuneraciones. De no aprobarse el convenio propuesto por Quiroz y derivar todo en una quiebra, la ley estipula que el máximo a pagar en este caso serían $ 900 millones.
Oficina Fantasma
En su escaso tiempo libre, Bohn se ha dedicado a seguir por televisión las labores de rescate. A través de la pantalla, la dupla observa lo que sucede en el yacimiento. El mismo que hasta hace dos meses y medio los tenía gran parte de la semana allá.
Hoy, y mientras se define el futuro de la compañía, sus cuarteles generales están vacíos. Tanto en Santiago como en Copiapó. En el octavo piso de Fidel Oteíza 1921 quedan sólo dos personas, los contadores Patricio Velázquez y Ricardo Marín. A Bohn y a Kemeny apenas se les ve por estas dependencias dos veces por semana.
En las últimas semanas, las energías de los empresarios se han concentrado en sanear el tema económico. El acento se ha puesto en el pago de sueldos y finiquitos. De hecho, el 8 de octubre les llegó la carta de despido a los 269 empleados de Minera San Esteban.
En Copiapó, en cambio, sólo quedan los guardias y la jefa de administración, Patricia Vielma. Por su parte, Pedro Simunovic, gerente de minas de la compañía, permanece en las faenas de San José. Sus jefes, ya no pisan el yacimiento y la última vez que estuvieron en el norte fue para la formalización por la amputación de su ex trabajador Gino Cortés, el 1 de octubre. En esa oportunidad se alojaron en el hotel Miramonti de Copiapó, como es su costumbre.
Hay quienes critican el hecho de Bohn y Kemeny no hayan presenciado in situ las labores de rescate. Sin embargo sus cercanos arguyen que ambos optaron por alejarse de las faenas por razones de seguridad.
¿Avalancha de querellas?
Quienes han estado cerca de Bohn durante estos días aseguran que él tiene asumido que se está poniendo fin a una etapa donde sólo han recibido "combos". Sin embargo, cree que debido al reciente rescate de los mineros y su buen estado de salud, van a poder defenderse mejor.
Los dueños de la mina San José estiman que una querella por cuasidelito de homicidio se alejó luego del rescate. ¿La razón? Las querellas responden al Código Penal o a leyes especiales, las cuales hablan básicamente de muerte o de lesiones físicas. En ninguna parte la ley penal estipula penas por lesiones sicológicas o psiquiátricas. Si bien los mineros y sus familias podrían pedir una indemnización por daño moral debido al perjuicio sicológico que sufrieron, esta acción legal va por el carril civil y no penal.
Bohn y Kemeny después del rescate
Hasta ahora, toda la artillería penal ha apuntado a la defensa de la dupla en la causa que se ventila en el Juzgado de Garantía de Caldera, donde se investigan las responsabilidades en el derrumbe ocurrido en julio y que terminó con la amputación de la pierna del fortificador del yacimiento Gino Cortés.
El 1 de octubre el fiscal Héctor Mella formalizó a Bohn y Kemeny por el delito de lesiones graves gravísimas en la persona de Cortés. Por lo mismo se imputó al gerente, Pedro Simunovic, y al jefe de operaciones, Carlos Pinilla.
Bohn y Kemeny tuvieron un rol fundamental en la prepración de la exposición de la defensa en esta formalización. Los días previos a la audiencia trabajaron por más de diez horas diarias para proporcionar la documentación que los abogados usaron durante su alegato. Quienes asistieron a la cita judicial vieron a los juristas llegar con una maleta de casi 40 kilos de documentos e informes de la empresa. La presentación de la defensa fue liderada por el abogado Gonzalo Insunza, quien expuso sus argumentos a través de un PowerPoint que duró 35 minutos. También expusieron Catherine Lathrop y Matías Insunza.
La carpeta de investigación del fiscal Mella contiene tres querellas. La primera, relativa a las lesiones de Gino Cortés. La segunda por prevaricación, y una tercera por homicidio frustrado, presentada por algunos de los mineros cuando no se sabía que estaban vivos.
De éstas, la única causa donde ya existen formalizados es la del accidente laboral de Cortés. Pese a que los cuatro imputados quedaron con arraigo nacional, el balance que se hizo en el círculo de hierro de los socios no fue malo: el fiscal pudo haber pedido prisión preventiva y no lo hizo. Asimismo, al terminar la formalización el juez de garantía fijó para el 5 de noviembre una audiencia de acuerdo reparatorio, solución judicial que sólo se utiliza para los cuasidelitos, y no para delitos.
Mientras se define el futuro de la compañía, las oficinas de la Minera San Esteban tanto en Santiago como en Copiapó se encuentran prácticamente vacías. En el octavo piso de Fidel Oteíza 1921 quedan sólo dos personas, y en el norte, permanecen los guardias y la jefa de administración.
De concretarse esta salida, no sería la primera vez que Kemeny y Bohn llegan a acuerdo extrajudicial con las partes. En noviembre del 2006 hubo un accidente en San José que le costó la vida al trabajador Fernando Contreras. Tres meses después murió el operario Manuel Villagrán producto de un derrumbe en la mina. Por eso, los empresarios contrataron al abogado Álvaro Varela, quien los asesoró para llegar a acuerdo con las familias, el que fue de $95 millones y $ 100 millones, respectivamente. "Cuando me consultaron a mí, ellos ya habían hecho todas las gestiones, incluso ya habían celebrado escritura pública con las familias. A mí me encargaron sólo la fase final para darle forma a la reparación", dice el jurista.
Los otros flancos
Pero esto es sólo el comienzo. Desde la Fiscalía Regional de Atacama prevén que con los mineros afuera comience una avalancha de querellas en contra de los propietarios de la mina. Esto, pues luego de que los 33 puedan declarar, se iniciará la fase de investigación de nuevas querellas grupales e individuales.
"Hoy, su principal argumento es que los 33 mineros están fuera de la mina, vivos, y que existía un refugio a pesar de que mucha gente lo dudaba. También, que estaban dadas las condiciones para sobrevivir. Esto probablemente cambiará el panorama judicial y se podrán defender de las posibles acusaciones de cuasidelito de homicidio", señalan desde su entorno.
Desde la Fiscalía Regional de Atacama prevén que con los mineros afuera comience una avalancha de querellas en contra de los propietarios de la mina. Esto, pues luego de que los 33 puedan declarar, se iniciará la fase de investigación de nuevas querellas grupales e individuales.
Otro flanco abierto es la medida precautoria que el Consejo de Defensa del Estado interpuso en el 6to Juzgado Civil de Santiago en contra de la Minera San Esteban. Con ella el fisco espera poder resarcirse de los cerca de $ 5 mil millones que ha desembolsado en el rescate de los 33 mineros.
Fuentes ligadas a la investigación explican que, una vez que sean dados de alta del Hospital de Copiapó, la fiscalía comenzará a interrogar a los mineros, para después tomarles declaración y preparar la formalización de cargos en contra de la dupla. Tras el hallazgo con vida de los trabajadores se deberá analizar qué figura aplicar. Por otra parte, podrían ser citados nuevamente a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso.
A esto se añade la demanda indemnizatoria por $ 4.900 millones que familiares de los trabajadores atrapados presentaron a fines de septiembre en contra de los dueños de la empresa, a la que podrían sumarse otras acciones civiles y penales.
