© José Miguel Méndez
"Fui humillado, mi pareja me dejó y mi madre casi muere". Con esta frase Cristián López Rocha (38) resumió los complicados días que vivió tras ser acusado públicamente de ser "el violador de Ñuñoa". Eso, hasta que el juez de garantía que examinó el caso lo dejó en libertad luego de que una prueba de ADN demostró que no era el autor de los delitos. No fue el único traspié de la Fiscalía Oriente y el OS-9 de Carabineros: el mismo magistrado se percató de que, a diferencia de lo que decían las víctimas sobre su agresor -lo describieron con los ojos claros-, López los tenía oscuros, por lo que también falló el reconocimiento fotográfico.
Tras la liberación de Rocha está el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés (38), quien desde la primera audiencia, durante el control de detención, criticó la actuación tanto del Ministerio Público como de la policía. "Nunca vamos a tener en todos los casos la prueba de ADN. Entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar una moneda al aire? ¿O vamos a decir si te he visto no me acuerdo?", ironizó.
Pocos días después de sus dichos, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, encargó un estudio a la Fundación Paz Ciudadana que ayude a mejorar los reconocimientos fotográficos de los imputados de acuerdo con estándares internacionales.
Pero no es primera vez que Avilés critica al Ministerio Público. En tribunales es reconocido no sólo por ser parte de una nueva generación de jueces que asumió con la Reforma Procesal Penal y que es mucho más opinante y cuestionadora que sus superiores, sino también por ser muy liberal y "garantista" en sus posturas: una de las primeras críticas que recibió fue por dejar en libertad a una de las "niñas araña" en 2005, cuando recién operaba el nuevo sistema. "Polémica decisión", fue como tituló la prensa y mostró la imagen del juez. Fue su debut.
-Cuando partió la reforma, en 2005, un artículo de El Mercurio lo tildó a usted y a otros magistrados como "los niños terribles" de la justicia. Cuatro años después, ¿cómo describiría a su generación?
-Hay que tener cuidado con los estereotipos. Por ejemplo, me parece inapropiado decir "juez joven", porque no es un problema de edad, sino de visión. Conozco a muchos jueces del sistema antiguo que están en los tribunales orales y que son extremadamente "jóvenes". Lo que diría es que existe una nueva manera de ver la judicatura y de autocomprender la función.
-Usted es considerado como parte de los jueces garantistas, conocidos por ser más liberales y menos proclives a la prisión preventiva, ¿qué le parece ese mote?
-La ley es la que es garantista. Y cuando un juez la aplica, donde esté es garantista. Por lo tanto, cuando usted deja en prisión preventiva a alguien, está siendo garantista porque invocó la ley con las razones de la ley. Y cuando deja a alguien en libertad porque no le han dado razones suficientes, también está siendo garantista. La pregunta que hoy debiera invitar a reflexionar es ¿qué legitima a un juez para disponer de la vida, la libertad y la propiedad de una persona? Y esa respuesta sólo está en la ley, que es la única expresión democrática. Sin embargo, hoy el garantismo es casi una palabra peyorativa.
"Queda pendiente un asunto a discutir con la prensa: que el derecho a la información no se agota en el derecho a la imagen, porque exhibir a un imputado antes del juicio afecta la presunción de inocencia".
-¿Por qué? Cuando le dio la libertad a una de las "niñas araña", la prensa mostró su foto con la frase "polémica decisión".
-Probablemente peco de ingenuo, pero nunca me han preocupado esas cosas. El trabajo correcto tarde o temprano termina por imponerse. Pero lo que sí me preocupa es que exista gente que ocupe la palabra garantismo en un sentido perverso y no reconozca su valor. La importancia de los jueces es que aplican la ley y resuelven los conflictos conforme a la ley. Me da risa cuando se dice que los jueces de primera instancia -los de garantía- no resuelven de acuerdo a la mayoría, porque cuando se aplica la ley, justamente se está aplicando la mayoría y las leyes son expresión de la mayoría.
-Los jueces suelen ser responsabilizados de la llamada "puerta giratoria", a estas alturas un lugar común para hablar de delincuencia.
-Esto es obvio, pero las críticas son injustas. Los jueces no estamos en un concurso de popularidad. Hay algo de espartano en este cargo: el juez decide entre aquellos que están contradiciéndose, en donde uno tiene razón y el otro no. Siempre hay alguien que pierde; por lo tanto, uno necesariamente se irá descontento.
-Las críticas a los jueces suben en período electoral.
-El populismo punitivo no lo vamos a descubrir acá porque ya tiene una tradición, una evolución y un diagnóstico que está absolutamente agotado. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es la generalización a propósito de casos puntuales, ya que es altamente peligroso para el sistema. Cuando se agrede a un juez, se agrede a los ciudadanos en su garantía de tener a un juez independiente. Esto es una obviedad y no tengo las estadísticas a mano, pero no vamos a decir que las cárceles chilenas están vacías. Todo lo contrario.
-Chile es de los países con mayor cantidad de presos.
-Ir a ver la realidad de las cárceles chilenas destruye la puerta giratoria en su propio concepto. Pero decir puerta giratoria y cantidad de cárceles no resuelve el problema y deja inconclusa la pregunta. Tengo mis reparos con este diálogo de sordos, porque si ninguna de las dos es la respuesta correcta, hay un diagnóstico interesante que hacer con las dos tesis: se debe realizar un estudio acerca de dónde están los márgenes de impunidad en esta puerta giratoria. Por ejemplo, hay que ver cómo influye la cárcel en la reincidencia en el caso de los menores.
-¿La gente tiende a creer que habrá menos delincuencia mientras más llenas estén las cárceles?
-Ésa es una pregunta muy interesante para un sociólogo.
-Pero en su experiencia como juez ¿más cárcel disminuye la delincuencia?
-No hay un estudio serio que lo demuestre. He leído estudios serios norteamericanos y algunos de universidades nacionales que dan cuenta de que ni el fenómeno del encarcelamiento masivo ni la elevación de las penas genera desincentivo para delinquir.
-La gente siempre quiere a los delincuentes en la cárcel, desde el homicida al que roba una billetera.
-El que todo delincuente que haya cometido un delito grave vaya a la cárcel es una expectativa legítima del derecho y tenemos que tratar de cumplirla. Y eso es porque la ley lo dice así. Ahora, la pregunta es cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar para asegurar ese fin. Y la ley responde: haga un justo y debido proceso. La pregunta no es el castigo, sino el castigo legítimo en un estado constitucional y democrático de derecho. Por eso es que los jueces resuelven conflictos conforme a la ley y usted es tan garantista ya sea absolviendo o condenando. Hoy a la ley no se le da el valor real que tiene y en eso hemos pecado de ingenuos. Por eso es que siempre digo que los jueces no están en un concurso de popularidad.
"Los jueces no estamos en un concurso de popularidad"
El "violador" de Ñuñoa
-¿Cómo toma el Ministerio Público las críticas que usted ha planteado a su trabajo en varias ocasiones? La última fue en el caso del supuesto violador de Ñuñoa, liberado por falta de pruebas. ¿Ha bajado su popularidad entre los fiscales?
-Es improcedente que me refiera a esa causa. La pregunta es incontestable, porque mi trabajo es poner estándares, lo que implica que los procedimientos de investigación tengan "control de calidad".
-¿Cuáles son esos estándares?
-Hay numerosos fallos de jueces de Arica a Punta Arenas, en distintas materias, en que han establecido estándares, como el reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de presos. Y la Corte Suprema, incluso, ha fijado estándares de infracción de garantías constitucionales que los mismos jueces cometen al interior de un juicio oral cuando hacen preguntas que no han sido formuladas ni por los fiscales ni los defensores.
Cuando miro la jurisprudencia de la Corte Suprema, no deja de sorprenderme que los abogados, fiscales y defensores no la conozcan.
-No es la primera vez que usted desliza críticas en las audiencias. En 2007, dijo molesto que los controles de detención "no son juicios contra Saddam Hussein" y que los imputados no son "íconos mediáticos".
-Cuando empezó la reforma, abrirse a la prensa era asegurar transparencia y un compromiso democrático. Yo tenía una mirada cándida, pero con el correr del tiempo me percaté que esa visión carecía de evidencia empírica. Al comienzo, nadie informaba cómo ocurrían los hechos y todo estaba lleno de conclusiones y etiquetas, no pocas veces peyorativas hacia nosotros, los jueces. Por eso, de esa mirada cándida me desplacé hacia una desconfianza. Pero hoy tengo una percepción distinta: si antes la prensa decía "juez dejó libre" a secas, hoy en cambio dice "dejó libre por falta de antecedentes", lo que signfica que hoy está más dispuesta a escuchar que a etiquetar. Queda pendiente, sin embargo, un asunto a discutir: que el derecho a la información no se agota en el derecho a la imagen, porque exhibir a un imputado antes del juicio afecta la presunción de inocencia.
-En el caso del supuesto violador de Ñuñoa, hubo falta de pruebas, ¿en qué fallan los protocolos de reconocimiento que se usan en Chile para identificar a un imputado?
-En Chile no hay protocolos, lo que hay es jurisprudencia al respecto. Es decir, no existe un "papel" que diga cuáles son los procedimientos que hay que seguir para contar con una determinada prueba o antecedente. Lo que sí hay son estándares entregados por los jueces, que son los que implican el control de calidad de procedimientos como el reconocimiento de la fotografía o el reconocimiento en rueda de presos. Pero no es extraño que no existan protocolos, porque en Estados Unidos -com debiera ocurrir acá-los protocolos llegaron después de los estándares fijados por los jueces. Un ejemplo de cómo empezaron allá fue con el reconocimiento del detenido en el caso Stovall, que ocurrió en 1961 y en el que se le imputó a un afroamericano el homicidio de un médico. Este hombre fue llevado esposado con policías hasta el hospital donde estaba internada grave la cónyuge de este doctor. Se le preguntó: "¿Es él?" y ella lo reconoció. La Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa (por inducción) y fue condenado.
-¿Qué requisitos considera clave para evitar errores como el del caso de Ñuñoa?
-Yo no puedo hablar de ese caso. Pero sí puedo hacerlo de los procedimientos en general. Siempre se requiere de la obligación legal de registrar todo lo que hace la policía y el Ministerio Público, porque eso permite al juez de garantía evaluar la calidad de la información. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo, el reconocimiento fotográfico siempre necesitará de una declaración previa de quien reconoce las características del imputado. Lo otro es que las fotos que acompañen a la del acusado sean de personas de rasgos físicos similares. Otra cuestión es que quien realice esta diligencia, debe ser distinto de aquel que está investigando. Es decir, que el policía que descubrió al sospechoso no sea el mismo que haga el reconocimiento. Y Éste es un ejemplo grosero, pero la idea es que el reconocimiento no sea en el carro policial. Eso a veces ha ocurrido...
"El policía que descubre al sospechoso no debe ser el mismo que hace el reconocimiento... La idea es que el reconocimiento no sea en el carro policial. Eso a veces ha ocurrido...".
-¿Esa distancia ayuda a que haya menos errores?
-El protocolo se hace para disminuir el margen de error, porque cuando uno tiene una tesis, lo normal y humano es confirmarla. Entonces, los problemas de inducción pueden ser sutiles. Esto se hace para proteger la investigación, porque el protocolo no sólo cumple con la protección de la presunción de inocencia, que es valiosa, sino también la función de la calidad de la investigación. Es por eso que el proceso penal es tan tenso, porque siempre tiene dos intereses legítimos que están en competencia. Se trata de sofisticar el sistema para hacerlo lo más razonable posible.
-¿En qué momento del proceso un protocolo de reconocimiento es clave?
-Para mí, el protocolo tiene un valor en el inicio de la investigación, como para comenzar a tratar los temas, pero es altamente peligroso creer que lo agota. Y mientras mejor estén descritas las características del imputado, tanto con la rueda de presos como con el reconocimiento fotográfico, mejor será la decisión del juez de garantía, pues tendrá mayor información.
-Según Paula Vial, la defensora nacional, el 22% de los imputados de 2009 que estuvieron presos, terminaron en absoluciones, ¿le parece una cifra alta o baja?
-Bueno, numéricamente es más de un quinto... es alta. Pero la pregunta es cuáles son las razones de ese 22%. ¿Son todas por reconocimientos errados? Porque hay buenas razones para que una persona pueda llegar privada de libertad a un juicio y buenas razones para que salga libre. Pero para eso hay que hacer un estudio, para ver por qué son esos casos. Mientras no tengamos eso, puede haber otras circunstancias: ¿qué pasa si no llegó la prueba? ¿o si nadie se sentó al juicio?, ¿lo va a poner en esa cifra también?
-¿Qué imagen tiene del Ministerio Público?
-Tengo un juicio en general sobre la praxis jurídica y pienso que ha llegado a un nivel correcto y satisfactorio, donde hay solución -no me refiero a condenas o a prisión- en la mayoría de los casos. Ésta es una justicia rápida y expedita, donde la gente está frente al juez y no tiene que esperar cinco años para que le tomen una declaración. En esos términos, es una praxis jurídica exitosa, pero aún estamos al debe en su sofisticación. Por ejemplo, yo esperaría un juicio más crítico del mundo universitario.
-Se lo pregunto porque, en 2007, usted dijo: "Yo sé que los fiscales no me quieren. Pero estamos aquí para discutir en Derecho"... ¿Eso sigue igual?
-No, tengo la impresión de que me tienen un alta estima, igual que los defensores, tal como yo se la tengo a ellos. Aquí hay un tema comunicacional bastante entretenido, porque vende mucho conflictuar jueces, fiscales y defensores. Pero hay un respeto profundo y mutuo.
-Pero hay fiscales que saben que se les viene duro en una audiencia con Luis Avilés.
-Eso habría que preguntárselo a los fiscales. Yo creo que hay bastantes de ellos que estarían gustosos de contestar esa pregunta... Pero tenemos excelentes relaciones. Siempre trato de dar argumentos jurídicos y en derecho. No soy críptico. Nunca digo "atendido el mérito del debate ha lugar o no ha lugar", porque me parece que eso es un abuso. Porque ¿cómo recurro a una resolución de un juez que no da razones? Mire, un juez hará mejor su trabajo cuando mejores argumentos traigan los abogados, defensores y fiscales.
