Por Ana María Sanhueza Junio 25, 2010

© José Miguel Méndez

El 11 de junio del año de 2009, apenas se enteró del crimen de René Morales -El Lauchón-, un conocido delincuente de la población San Gregorio asesinado fuera de la discoteca Costa Varúa en La Florida, Alejandro Peña (43) tomó su teléfono y ordenó a su equipo ir de inmediato al sitio de suceso. Por esos días, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, en un curso en la Universidad de California (UCLA), que formaba parte del programa de MBA que acaba de terminar en la Universidad Católica. Y pese a su lejanía y que el homicidio no ocurrió en su jurisdicción -correspondía al territorio de su amigo Xavier Armendáriz-, quería de todas formas tener presencia.

Aunque en este caso había una razón para que Peña quisiera al menos ser representado en el lugar del crimen-cuando El Lauchón fue asesinado, la Fiscalía Sur lo indagaba por drogas-, su excesivo protagonismo, sobre todo en las causas de interés público y periodístico, es una de las características que más le critican en los círculos de abogados y jueces más garantistas de la Reforma Procesal Penal.

Ellos enrostran a Peña -jefe de una de las fiscalías más proclives a la prisión preventiva e impulsor del polémico Registro de Verificación de Identidad con el que se fotografía a los detenidos por delitos graves para tener información sobre ellos- una excesiva publicidad en cada uno de sus pasos. A veces, dicen, incluso en desmedro de las policías, las que han debido acostumbrarse a compartir con él el sitio de suceso: uno de los mayores críticos de su estilo fue el fallecido general director de Carabineros, Alejandro Bernales.

A la fama de ser el fiscal "más duro" de su zona, de ser competitivo y ambicioso y de tener un carácter explosivo, también se le han sumado los adjetivos de efectivo, rápido, trabajólico, proactivo y audaz, un perfil que su fiscalía se encarga de proyectar.

Así, a diferencia de sus pares de la Región Metropolitana -Armendáriz de la Fiscalía Oriente, Sonia Rojas de la Centro-Norte, y Solange Huerta de la Occidente-, desde que Peña asumió su cargo, en 2003, es común verlo por la televisión, confundiéndose entre los detectives durante los allanamientos a narcotraficantes. Una imagen que partió con su incursión en las casas de las bandas Los Cara de Pelota y Los Cara de Jarro, hace dos años, y que culminó con el operativo de hace 15 días, cuando apareció en medio de un falso cortejo fúnebre, en La Legua.

Sin embargo, ese singular estilo le ha dado buenos dividendos. A la fama de ser el fiscal "más duro" de su zona, de ser competitivo y ambicioso y de tener un carácter explosivo que lo ha traicionado en varias ocasiones -fue sancionado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán por prácticas antisindicales y denunciado por una fiscal por su trato sin que se probaran las imputaciones-, también se le han sumado los adjetivos de efectivo, rápido, trabajólico, proactivo y audaz, un perfil que su fiscalía se encarga de proyectar. Allí tomaron la decisión de mostrar los resultados de sus operativos y sus juicios bajo la política de "lo que no se comunica, no existe".

Aunque dicen que suele estar al tanto del devenir de las pesquisas y que su memoria guarda los alias al igual que los nombres completos de los miembros de las asociaciones ilícitas que ha desarticulado, otros sostienen que su ansia de protagonismo es tal, que en ocasiones "opaca a sus propios fiscales, que son los que investigan".

El zar de la prisión preventiva

Justamente este perfil de Peña -proactivo, con resultados en mano y en terreno- es el que llamó la atención en el Ministerio del Interior. Ahí siguen con atención los golpes de sus fiscales al narcotráfico.  Y miran con muy buenos ojos su reciente nombramiento para investigar los casi 100 bombazos atribuidos a grupos anarquistas, luego  que la semana pasada Sabas Chahuán -con quien tiene una relación sólo profesional- decidiera sacar del caso al fiscal Francisco Jacir y a su jefe, Xavier Armendáriz, y en su reemplazo instalar a Peña. Su designación se produjo pocas horas después de que el ministro Rodrigo Hinzpeter se quejara públicamente de los escasos avances que había tenido la Fiscalía Oriente.

Para Interior,  la mirada que Peña le ha dado a la causa de las bombas -enfocarla como una asociación ilícita tal como se ha indagado a las grandes bandas de narcotraficantes de la zona sur- tiene concordancia con su postura frente al caso. También para La Moneda fue una buena señal que rápidamente nombrara para las pesquisas a sus cuatro fiscales jefes: Héctor Barros de drogas, Marcos Emilfork de delitos violentos, Francisco Rojas de secuestros y Pablo Sabaj, de Puente Alto.

Para Interior, la mirada que Peña le ha dado a la causa de las bombas -enfocarla como una asociación ilícita tal como se ha indagado a las grandes bandas de narcotraficantes de la zona sur- tiene concordancia con su postura frente al caso.

A Peña le gusta que su zona ostente cifras que a un garantista le hacen arrugar la nariz: al 2009 -el último registro del Ministerio Público- la Fiscalía Sur presenta la mayor cantidad de medidas cautelares que restringen la libertad: 7.286. La siguen la Centro-Norte con 6.226, la Occidente con 4.679, y la Oriente con 3.597. Además, lidera las prisiones preventivas con 3.173 casos frente a los 2.443 casos  de la Centro Norte o los 1.359 de la Oriente. 

También, la Fiscalía de Peña tiene el mayor número de juicios orales en 2009: de los 2.496 que hubo en la Región Metropolitana, 855 son de la zona sur.

Parte del estilo de Peña es intentar siempre llegar al juicio oral. ¿La razón? En su fiscalía dicen ser "poco amigos de los juicios abreviados", pues estiman que significan "demasiadas negociaciones que implican concesiones". "Si pensáramos como jueces o defensores, se rompería el equilibrio", es una frase que se le suele escuchar.

Sus detractores, en todo caso, estiman que a diferencia de otras fiscalías, el equipo de Peña tiene un escenario proclive a su estilo debido al perfil de los jueces que ven las causas de la Fiscalía Sur: el 10º, 11º, 12º y 15º Juzgados de Garantía son considerados más bien "duros" en sus resoluciones y muy apegados a las medidas cautelares y la prisión preventiva.  Tal como Peña.

"A muchos no nos gusta como trabaja Peña, pero son los jueces los que han avalado su estilo", dice un  abogado.

No obstante, el equipo de Peña también es conocido  por llevar gran cantidad de antecedentes y pruebas a sus juicios orales: se preparan durante meses.

El explosivo Peña

De morral en Derecho

Alejandro Peña Ceballos llegó al Ministerio Público el año 2000, de la mano del primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, quien lo nombró para crear la Unidad de Drogas, un tema que en ese entonces no le interesaba particularmente, al contrario de lo que ocurre hoy: es su caballito de batalla y el que lo convirtió en figura.

Tal como Piedrabuena -antiguo militante DC que tuvo que renunciar al partido para asumir su cargo-, Peña también tiene un pasado ligado a la falange, de la que se alejó al entrar al Poder Judicial, primero como oficial del 11º Juzgado Civil de Santiago y luego como relator de la Corte de Apelaciones, en 1992.

No sólo heredó la tendencia política de su padre, el juez de Policía Local de La Florida y fotógrafo aficionado, Ramón Peña, quien simpatizaba con la colectividad. De escolar participó activamente en el movimiento opositor al régimen de Pinochet. A los 16 años -en 1982-, como alumno del Colegio Alonso Ercilla, formó, junto a otros escolares, la Agrupación Secundaria de Estudiantes Cristianos (ASEC). Ahí conoció a dirigentes DC como Gabriel Valdés, Andrés Palma, Miguel Salazar y al ex diputado Gonzalo Duarte.

Años después, en 1985, siguió participando en política, cuando estudió Historia en la Universidad de Playa Ancha, en una época y un lugar donde las protestas eran rudas. Allá, se ligó a la pastoral. Y luego, a fines del régimen, entró a Derecho a la Universidad Diego Portales -terminó en la Universidad Las Condes-, donde es recordado por ser protagonista de varias protestas. Un ex compañero cuenta que Peña solía andar con un gorro de lana y un bolso artesanal por el patio de la facultad. En esa época coincidieron con él varios gremialistas, como Marcelo Forni, Gonzalo Cornejo y el diputado Gonzalo Uriarte. También, el diputado PPD Jorge Insunza.

Uno de sus primeros trabajos, antes de titularse de abogado, lo tuvo como procurador del Codepu, organismo conocido por sus batallas judiciales contra el régimen militar. Ayudó en causas de violencia innecesaria, maltrato y aplicación de tormentos.

Uno de sus primeros trabajos, antes de titularse como abogado, lo tuvo como procurador en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organismo conocido por sus batallas judiciales contra el régimen militar y cuyos rostros emblemáticos han sido Fabiola Letelier, Hugo Gutiérrez -hoy diputado comunista- y Julia Urquieta. Peña debía presentar querellas en causas por violencia innecesaria, maltrato y aplicación de tormentos.

Fue como relator de la Corte de Apelaciones que conoció a Armendáriz. Allí se hicieron amigos. Luego, ambos postularon al Ministerio Público. Dejarán sus cargos prácticamente juntos, el próximo año: Armendáriz en septiembre y Peña en octubre.

En la Corte de Apelaciones, Peña fue un relator que no sobresalió mayormente. Pero, poco a poco, a través de su trabajo logró cercanía con varios ministros, entre ellos Alberto Chaigneau, quien lo llevó a relatar cuando presidía la Corte. De su paso por el Poder Judicial conserva buenas relaciones con jueces que hoy están en la Suprema: Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y Sergio Muñoz.

Quienes coincidieron con Peña en la Corte recuerdan que sus comienzos no fueron fáciles y que debió esforzarse mucho para hacerse notar.  Con Raquel Camposano -quien investigó el asesinato de Jaime Guzmán- y  Carlos Cerda -quien procesó a los Pinochet Hiriart por las cuentas bancarias- mantuvo una relación distante.

Aunque lo penal no era su especialidad -en la universidad el ramo donde le fue mejor fue Derecho Procesal Penal, y  peor Derecho Tributario-, fue en la Corte donde se entrenó: relató la causa de la quiebra fraudulenta de Santa Bárbara, la empresa de transportes que creó el ex CNI Álvaro Corbalán; el caso Machasa; y un recurso de amparo de varios detenidos, entre ellos conocidos futbolistas, por la Ley de Violencia en los estadios, tras una gresca en un clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Su salto profesional, sin embargo, lo dio cuando postuló al Ministerio Público y se convirtió, como lo bautizó la prensa, en el controvertido zar antidrogas. Su primera prueba de fuego fue cuando su fiscalía logró condenar a Los Cara de Pelota por tráfico y asociación ilícita sin que les  hayan encontrado droga.

Pateando puertas

Apenas fue asignado al caso bombas, Peña convocó a un grupo de policías -tanto de Carabineros como de la PDI- para instruir a su equipo en "el anarquismo".

Por estos días, ha leído, junto a sus cuatro fiscales jefes, las 121 carpetas que le fueron remitidas desde la Fiscalía Oriente. En un salón del piso 6º de la Fiscalía Sur, contiguo a su oficina, traza los primeros lineamientos de la investigación. Su idea es aplicar sus técnicas para el crimen organizado a los autores de las bombas. Al grupo se sumó Manuel Espinoza, teniente coronel (R) de Carabineros, quien encabeza una sección única en las fiscalías chilenas: la Subunidad de Apoyo Criminalístico.

Hace dos años, fue el propio Sabas Chahuán quien dijo que los fiscales "no están para patear puertas y estar en el sitio de suceso. No son detectives ni Carabineros", en directa alusión a Peña.

Espinoza, quien trabajó en inteligencia en la Dipolcar y en el OS-7, llegó a la Fiscalía Sur en 2005, apenas terminó de trabajar con el juez Sergio Muñoz en el caso Spiniak: ahí fue el encargado de reconstruir la vida de la ex testigo estrella de la causa, Gemita Bueno. Su informe desplomó su versión. También, tiene experiencia en investigación en casos de drogas y delitos terroristas: indagó en los 80 al FPMR y trabajó en el caso cartas bombas.

Hoy, gran parte de las críticas a Peña son porque dicen que confunde la figura de los fiscales con la policía. Hace dos años, fue el propio Sabas Chahuán quien dijo a El Mercurio que los fiscales "no están para patear puertas y estar en el sitio de suceso. No son detectives ni carabineros", en directa alusión a Peña.

Sin embargo, ese perfil que criticó Chahuán, es justamente el diseño de fiscal que Peña ideó desde el comienzo.  Apenas asumió, capacitó a sus funcionarios con clases de investigación criminal y técnicas de entrevistas. Además, llevó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) a exponer sobre el tratamiento de la evidencia y del sitio de suceso.

Peña se ha defendido en privado de las críticas, argumentando que el Código Procesal Penal avala que los fiscales dirijan las investigaciones y realicen diligencias. Considera la presencia de un fiscal en el sitio de suceso como clave para el juicio oral.

Hoy, ese controvertido estilo también llegó a oídos de los anarquistas. Lleva apenas dos semanas, y ya ha dado que hablar:  "Alejandro Peña, amante de los chalecos antibalas, las cámaras y los cascos de guerra a la hora de participar en operativos, descrito por sus propios jefes como 'un fanático de patear puertas', preparará sin lugar a dudas un operativo dantesco, digno de alguna buena película de ficción, buena en efectos, pero pésima y aburrida en la construcción del guión", escribió un grupo de okupas en su página web.

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