4.Apertura del Cruch: Postula que las universidades privadas también puedan tener representación de parte del Consejo de Rectores, terminando con el "anacronismo" con el que la OCDE calificó al Consejo, representando así el interés de todos los centros de estudio.

Víctor Pérez:

"El informe de la OCDE postula que las universidades privadas nuevas ingresen al Consejo para recibir aportes basales estatales, algo que no sucede en ningún país de la OCDE. Las universidades privadas nuevas se crearon según la ley de Pinochet de 1981, que estableció que ellas no deben tener fines de lucro, que no reciben aportes basales estatales y que no son parte del Consejo. Hemos pedido que en democracia se revise integralmente esa ley, algo que curiosamente no hemos logrado. Mientras eso no ocurra, defenderemos el actual Consejo, porque lo contrario sólo serviría para que con aportes de todos los chilenos se mejore el "negocio" que hacen algunos nacionales y extranjeros con la educación superior".

Daniel Farcas:

 "Lo importante es que los apoyos y recursos a los que hoy sólo tienen acceso esas universidades se hagan extensivos a todo el sistema, sin importar si se trata de universidades creadas antes o después de 1980, si son del Estado, privadas tradicionales o bien privadas creadas después de las reformas efectuadas a comienzos de esa década".

Carlos Peña:

Rector de la Universidad Diego Portales

"El CRUCh se ajusta al viejo sistema: cuando la educación superior era de minorías, las instituciones uniformes y el financiamiento provenía de impuestos. Hoy la situación es otra: la educación es de masas, las instituciones son diversas y la mayoría se financia con cargo a las rentas actuales o futuras de los propios estudiantes.  Es necesario entonces constituir un organismo más adecuado a la nueva realidad y donde todas las instituciones acreditadas puedan deliberar en torno a la mejora del sistema".

5. Apoyo estatal basado en las funciones sociales: El Estado debiera ordenar las universidades de acuerdo a sus objetivos sociales, previamente establecidos, y priorizar la entrega de fondos de acuerdo a las urgencias de cada sector.

Víctor Pérez:

"Me parece extraño y sospechoso que el informe de la OCDE recomiende que en Chile el Estado financie a universidades privadas nuevas según sus objetivos sociales, algo que no rige en esos países. ¿Qué pasaría en Francia, España o en Gran Bretaña, países de la OCDE, si un ministro de Educación dijera que el Estado debe financiar a las universidades privadas, incluyendo a las que tienen fines de lucro? En menos de 24 horas los estudiantes están en la calle y el funcionario fuera del cargo…".

Pedro Pablo Rosso:

"La diversidad del sistema universitario chileno es una valiosa característica. Así, podrá existir un conjunto de universidades con las capacidades adecuadas para hacer investigación, y con todos sus esfuerzos abocados a ese objetivo. Otras se dedicarán a ser buenas universidades docentes y, desde luego, las universidades de regiones cumplirán un rol muy importante para apoyar el desarrollo local. En ese sentido, no se trata que el Estado ordene el sistema, sino que diseñe políticas de apoyo que apunten a priorizar áreas, especialmente en las que la actividad universitaria genera bienes públicos".

Ernesto Silva:

Rector de la Universidad del Desarrollo.

"El Estado debe asignar los recursos en función de quien le ofrezca una mayor eficiencia en el uso de los mismos. La educación es en parte un bien público y las universidades privadas son capaces de entregar ese bien público, muchas veces en condiciones mucho más adecuadas que las instituciones estatales. Es posible pensar en un mayor gasto fiscal para educación superior, siempre y cuando, éste se asigne bajo criterios competitivos, transparentes y abiertos a todas las instituciones, por ejemplo, por la vía de fondos concursables, según los objetivos que el Estado se fije. Tal como lo sostuvo el informe de la OCDE, no parece justificable que las instituciones del CRUCh monopolicen los aportes fiscales".

6. Estandarizar las calificaciones: Impartir un sistema de calificaciones que sea equivalente y estándar con los niveles internacionales, con el fin de que éstas estén basadas en resultados y no en tiempo de estudio.

Víctor Pérez:

"El Consejo de Rectores está avanzando en esa dirección a través de los sistemas de créditos transferibles y de movilidad estudiantil. También estamos trabajando en proyectos de modernización curricular a través de la formación basada en competencias".

Pedro Pablo Rosso:

"Nos parece importante asegurar la calidad de la formación de pregrado y en especial de los títulos profesionales, para garantizar competencias adecuadas a los requerimientos del mundo laboral. Un sistema de calificaciones puede ser una solución interesante que se debiera evaluar, pero a condición de no imponer criterios rígidos respecto a qué enseñar. En ese sentido, nos parece deseable la propuesta de evaluar resultados y no las estructuras curriculares o el tiempo de estudio".

Juan Manuel Zolezzi:

"Es urgente avanzar hacia un sistema universitario y de capacitación con calificaciones estándares. Siguiendo la experiencia de Bolonia (1999) debemos avanzar hacia un sistema educativo articulado con 4 niveles formativos: bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. A esta tarea están convocadas todas las instituciones universitarias y de capacitación sin distinción. El país debe avanzar en la certificación de competencias profesionales, promoviendo mayor movilidad e intercambio de estudiantes entre instituciones y programas".