Buscando la fórmula final para lograr la repatriación de al menos US$ 20 mil millones invertidos fuera de Chile está el gobierno. En las próximas semanas el Ministerio de Hacienda pretende enviar un proyecto de ley que busca convencer a los dueños de esos recursos para que los reingresen al país y paguen los impuestos correspondientes: entre US$1.000 millones y US$1.500 millones, que se destinarían a la reconstrucción.

Desde el 6 de julio pasado que senadores y diputados manejan algunos detalles del proyecto. Éste considera una amnistía fiscal para esos recursos; es decir, no castigarlos por evadir impuestos, a cambio de que se regularicen y empiecen a pagar al erario nacional. La idea del gobierno es que estos capitales ingresen al país cancelando un tributo de entre el 6% y el 10% sobre el total.

Actualmente, el ministro Felipe Larraín y su subsecretario, Rodrigo Álvarez -quien está a cargo del proyecto-, mantienen conversaciones con parlamentarios y expertos tributarios, entre ellos el abogado Fernando Barros. El objetivo es que la iniciativa sea acogida por todos los sectores, para que entre al Congreso en un plazo máximo de tres semanas.

La idea no está exenta de críticas y genera dudas incluso en personeros del gobierno, como Julio Pereira, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien tendría ciertos reparos. "Si el ministro decide acoger estas voces, que al parecer son transversales en el mundo político, tendría que presentar un proyecto de ley que disponga el mecanismo. Sólo en ese minuto el SII entraría en el tema con las normas y circulares que se requiera", indicó al Diario Financiero.

Hay quienes argumentan que es una idea políticamente incorrecta. "Yo apoyo la repatriación, pero hay que entender que haya personas que la reprueban pues significa apoyar a aquellos que actuaron ilícitamente y darles la espalda a quienes siempre respetaron la ley pagaron impuestos", dice el abogado Axel Buchheister.

Actualmente, el ministro Felipe Larraín y su subsecretario, Rodrigo Álvarez -quien está a cargo del proyecto-, mantienen conversaciones con parlamentarios y expertos tributarios, entre ellos el abogado Fernando Barros. El objetivo es que la iniciativa sea acogida por todos los sectores, para que entre al Congreso en un plazo máximo de tres semanas.

A eso se suma el temor de que en la repatriación se "cuelen" platas provenientes del lavado de activos.  Frente a esto, Pereira señaló que "si se miran otras experiencias y el derecho comparado, se ve que es pertinente tomar resguardos en materia de registro, lo que podría abarcar, en el caso de Chile, al Banco Central y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de forma de velar porque se distinga en cuanto a la naturaleza y origen de los fondos, que no haya lavado de dineros ilegales".

Por eso el proyecto de Hacienda considera excluir del beneficio a todos los condenados por delito tributario y a quienes hayan perdido -mediante sentencia ejecutoriada- una reclamación frente al SII. También quedarían fuera los fondos originados en actividades delictuales, como el terrorismo o el tráfico de armas, drogas o personas.

Quienes sí podrían disponer de la prerrogativa son quienes tenga el carácter de contribuyentes al 31 de diciembre de 2009; es decir, personas que actualmente paguen impuestos por alguna actividad, bienes, fondos, capitales, etc. La medida también beneficiaría a quienes recibieron alguna herencia afuera y no la hayan declarado ni pagado el impuesto correspondiente.

El abogado tributario Arturo Garnham -del estudio Noguera, Larraín & Dulanto- propone imitar el modelo de Estados Unidos, Argentina y México, países que aplicaron amnistías similares. El jurista explica que un buen mecanismo es seguir a EE.UU., y así pedir antecedentes a cada una de las personas que decida regularizar su situación: contar quién es, por qué dejó el dinero afuera, cómo lo obtuvo y así reconstruir los antecedentes de cada caso. "Si no, se podría facilitar el lavado de activos", dice.

"Es importante tomar algunos resguardos. El primero de ellos es contar con controles adecuados para verificar el origen de los fondos. Esto no puede ser un simple blanqueo de capitales. El segundo consiste en dar señales muy claras respecto de la excepcionalidad de la medida, evitando un riesgo moral. Si los agentes económicos llegan a percibir que esto ocurrirá cada cierto número de años, el impacto de largo plazo en la recaudación puede ser negativo", dice Ignacio Larraechea, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central.