Economista, ex ministro de Hacienda

Sergio de Castro

1. ¿La palabra privatizar dejó de ser un tabú?

Más que privatizar o no privatizar, me parece que la discusión verdaderamente fructífera para un Chile que quiere superar la pobreza es qué instituciones de propiedad debemos generar para alcanzar el máximo desarrollo económico posible en las próximas décadas.

La experiencia mundial ha demostrado claramente que los países cuyas empresas estatales son manejadas en forma independiente del poder político crecen más aceleradamente que aquellas en que esto no ocurre. Petrobras -de Brasil- es digna de un estudio profundo por parte de todos los partidos políticos de Chile y de los países que aspiran a acelerar su desarrollo económico y social.

2. ¿Es el momento propicio para abrir el debate sobre las privatizaciones?

Enfáticamente sí. Los dividendos serían por partida doble: el fisco recibiría recursos que necesita imperiosamente para la reconstrucción después del megaterremoto y además mejoraría muchísimo la productividad de las empresas estatales. Independizar a los directorios de las estatales de las influencias políticas generaría un milagro de productividad.

3. ¿El gobierno tiene piso político para impulsar una agenda privatizadora?

Tengo la esperanza de que después de la negociación salarial de Codelco con sus sindicatos, el año pasado, la opinión pública se haya percatado de que los beneficios del cobre se están desviando crecientemente hacia los sindicatos más que hacia los pobres de Chile. La valiente actitud de la administración de Codelco de establecer parámetros de productividad para fijar los bonos y porcentaje de reajuste fue sacrificada por las necesidades políticas de las elecciones presidenciales y parlamentarias y siempre será así.

4. ¿La opinión pública está de acuerdo con que se privaticen empresas estatales?

Como lo anticipé en la respuesta anterior, estimo que sí.

5. ¿Codelco y Enap deberían estar entre las empresas sujetas a la entrada de capitales privados?

Por supuesto, pues son las más  importantes, pero no sólo ellas sino que todas las empresas estatales deberían ser parcial o totalmente privatizadas. Las empresas privadas, al igual que las estatales, cometen errores pero éstos se subsanan rápidamente en aquellas y nunca en éstas. La razón es que los que fracasan son despedidos en las empresas privadas; pero no en las estatales, dado el apoyo político de quienes gobiernan.

Jorge Marshall

Director de Expansiva/UDP

1. ¿La palabra privatizar dejó de ser un tabú?

Primero hay que tener claro que las privatizaciones o los contratos de concesiones que se han hecho en democracia, como los de los puertos o de las sanitarias, fueron evaluados caso a caso en base a sus costos y beneficios, los que se sometieron a un amplio debate. No obstante, cuando las privatizaciones se miran como un objetivo en sí mismo sin considerar sus repercusiones y sin cuidar los procesos con que la democracia tiene que tratar  temas sensibles como éste, se desarrolla en la opinión pública una reacción negativa frente al tema. Ya lo vivimos con las privatizaciones de los 80, las que en su mayoría tenían un fundamento económico, pero se implementaron sin los cuidados necesarios.

2. ¿Es el momento propicio para abrir el debate sobre las privatizaciones?

Éste no es el momento de abrir el tema por razones políticas y financieras. La emergencia de la reconstrucción necesita de acuerdos básicos y de la amplia colaboración de todos los sectores, lo que sólo es posible si el gobierno renuncia a utilizar las condiciones especiales que vive el país para empujar reformas que dividen. En la actualidad se ha creado una disposición de la población a trabajar por la reconstrucción, dejando en segundo plano las diferencias políticas. Por esta razón poner una agenda con temas sensibles como las privatizaciones tiene un costo para los objetivos de la reconstrucción. Hay que recordar que en la mayoría de los casos hay acuerdos políticos recientes en torno a la participación del Estado en las empresas públicas y modificarlos tomará tiempo.

3. ¿El gobierno tiene piso político para impulsar una agenda privatizadora?

La decisión de impulsar una agenda privatizadora no tiene nada que ver con el cálculo del "piso político". Eso sería pensar la reconstrucción como un gallito en el que unos ganan y otros pierden, lo que es completamente inútil. Tampoco comparto que se diga que enfrentamos un escenario de "economía de guerra" porque es una alarma innecesaria. La verdadera barrera que tiene hoy la eficiencia con que se desarrolle la  reconstrucción se encuentra en la gestión de este proceso y no en los recursos para realizarla, justamente lo opuesto al escenario que tuvimos en 1985, cuando vivíamos sin democracia y con una aguda restricción financiera. El riesgo para el gobierno es no darse cuenta de lo que significa esta enorme diferencia.

4. ¿La opinión pública está de acuerdo con que se privaticen empresas estatales?

Como ya lo expresé más arriba, cuando las privatizaciones se plantean como un objetivo en sí mismo la opinión pública se divide y poco importan los porcentajes en uno u otro lado. Lo importante es que si miramos las privatizaciones en el contexto de las opciones de financiamiento para la reconstrucción, se deben privilegiar las fuentes más eficientes, como la colocación de deuda y los ahorros del cobre. El esfuerzo del gobierno debe estar en lograr una buena gestión de los recursos que tiene, que son muchos.

5. ¿Codelco y Enap deberían estar entre las empresas sujetas a la entrada de capitales privados?

Todas las empresas públicas deben tener la opción de hacer alianzas con empresas privadas, incluyendo permitir la entrada a la propiedad del capital, como parte de la gestión de sus negocios. En caso contrario, se está renunciando a opciones estratégicas que crean valor para el sector público. También se puede pensar en la apertura de una fracción minoritaria a la Bolsa, como una manera de generar un control más eficiente en estas empresas, lo que en el caso de Codelco complementaría los cambios que se han hecho en el gobierno corporativo. Sin embargo, esto no debe vincularse al financiamiento de la reconstrucción.

Klaus Schmidt-Hebbel

Profesor de Economía de la Universidad Católica

1. ¿La palabra privatizar dejó de ser un tabú?

En rigor, la palabra privatizar nunca fue un tabú para la gran mayoría nacional. Sin embargo, el entusiasmo privatizador sufrió una fuerte merma durante los gobiernos anteriores. Con ello, Chile pospuso en una década las ganancias en productividad y crecimiento que se habrían obtenido si se hubiese continuado al ritmo privatizador de las décadas de los ochenta y noventa. ¿Cuáles son los beneficios de las privatizaciones? Primero, la evidencia mundial y chilena muestra sin ambiguedades que el sector privado es más eficiente que el sector público en la producción de todos los bienes y servicios en mercados competitivos o regulados. El fracaso de los socialismos reales no fue sólo político - una derrota de las dictaduras socialistas-, sino también económico-, una derrota de la producción en manos de las empresas públicas-. En el caso de Chile, una parte del alto crecimiento potencial y efectivo logrado entre los años 1986 y 1998 se debió a la privatización de empresas públicas.

Segundo, las empresas públicas se caracterizan por una gobernanza más débil y una transparencia de gestión más opaca, donde la corrupción económica y política es más factible - y mucho más dañina - que en la empresa privada.

Tercero, las empresas públicas implican una excesiva concentración de los activos públicos en sectores arbitrarios de riesgos idiosincráticos - como el cobre y los servicios educacionales y de salud en Chile - que es financieramente ineficiente al impedir una mayor diversificación. Por estos tres motivos, conviene privatizar todas o casi todas las empresas públicas de Chile. El peso de la prueba está en manos de quienes se oponen a privatizar empresas públicas. Ellos deben señalar por qué la cartera actual de empresas públicas en Chile - desde Codelco hasta los puertos, desde las participaciones en sanitarias hasta los hospitales y liceos públicos - es la que maximiza el crecimiento y el bienestar en Chile. Y si ellos piensan que la cartera actual no es óptima, ¿sugieren privatizar sólo algunas, y por qué? ¿O más bien creen que es óptimo estatizar grandes empresas privadas, y cuáles deberían ser ellas?

2. ¿Es el momento propicio para abrir el debate sobre las privatizaciones?

Sin duda, éste es un momento propicio para retomar el debate y luego el impulso privatizador. Chile ha sufrido una merma de un punto porcentual en su tasa de crecimiento potencial, desde aproximadamente un 5% -5,5% anual en los años 1990 hasta un 4%-4,5% anual en el presente. La privatización de empresas públicas, asociada a la adopción de un adecuado marco regulatorio en sectores no competitivos, y complementada con las necesarias reformas microeconómicas, sectoriales y del Estado, podría contribuir a elevar significativamente nuestro alicaído crecimiento económico.

3. ¿El gobierno tiene piso político para impulsar una agenda privatizadora?

Así lo espero.

4. ¿La opinión pública está de acuerdo con que se privaticen empresas estatales?

Un buen debate, quizás una buena comisión presidencial que lidere dicho debate, podría informar al público sobre los beneficios de las privatizaciones y también sobre los riesgos de hacerlas mal. Ello ayudaría a generar un consenso sobre el diseño óptimo de las privatizaciones de empresas públicas, que maximice el valor de su venta y asegure la adopción o reforma de las condiciones de regulación en aquellos mercados que lo requieran.

5. ¿Codelco y Enap deberían estar entre las empresas sujetas a la entrada de capitales privados?

Sin duda alguna. Al cotizarse en Bolsa y al incluir directores privados, mejoría significativamente su gobernanza y su eficiencia productiva.