Fotografía: José Miguel Méndez

De morral en Derecho

Alejandro Peña Ceballos llegó al Ministerio Público el año 2000, de la mano del primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, quien lo nombró para crear la Unidad de Drogas, un tema que en ese entonces no le interesaba particularmente, al contrario de lo que ocurre hoy: es su caballito de batalla y el que lo convirtió en figura.

Tal como Piedrabuena -antiguo militante DC que tuvo que renunciar al partido para asumir su cargo-, Peña también tiene un pasado ligado a la falange, de la que se alejó al entrar al Poder Judicial, primero como oficial del 11º Juzgado Civil de Santiago y luego como relator de la Corte de Apelaciones, en 1992.

No sólo heredó la tendencia política de su padre, el juez de Policía Local de La Florida y fotógrafo aficionado, Ramón Peña, quien simpatizaba con la colectividad. De escolar participó activamente en el movimiento opositor al régimen de Pinochet. A los 16 años -en 1982-, como alumno del Colegio Alonso Ercilla, formó, junto a otros escolares, la Agrupación Secundaria de Estudiantes Cristianos (ASEC). Ahí conoció a dirigentes DC como Gabriel Valdés, Andrés Palma, Miguel Salazar y al ex diputado Gonzalo Duarte.

Años después, en 1985, siguió participando en política, cuando estudió Historia en la Universidad de Playa Ancha, en una época y un lugar donde las protestas eran rudas. Allá, se ligó a la pastoral. Y luego, a fines del régimen, entró a Derecho a la Universidad Diego Portales -terminó en la Universidad Las Condes-, donde es recordado por ser protagonista de varias protestas. Un ex compañero cuenta que Peña solía andar con un gorro de lana y un bolso artesanal por el patio de la facultad. En esa época coincidieron con él varios gremialistas, como Marcelo Forni, Gonzalo Cornejo y el diputado Gonzalo Uriarte. También, el diputado PPD Jorge Insunza.

Uno de sus primeros trabajos, antes de titularse de abogado, lo tuvo como procurador del Codepu, organismo conocido por sus batallas judiciales contra el régimen militar. Ayudó en causas de violencia innecesaria, maltrato y aplicación de tormentos.

Uno de sus primeros trabajos, antes de titularse como abogado, lo tuvo como procurador en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), organismo conocido por sus batallas judiciales contra el régimen militar y cuyos rostros emblemáticos han sido Fabiola Letelier, Hugo Gutiérrez -hoy diputado comunista- y Julia Urquieta. Peña debía presentar querellas en causas por violencia innecesaria, maltrato y aplicación de tormentos.

Fue como relator de la Corte de Apelaciones que conoció a Armendáriz. Allí se hicieron amigos. Luego, ambos postularon al Ministerio Público. Dejarán sus cargos prácticamente juntos, el próximo año: Armendáriz en septiembre y Peña en octubre.

En la Corte de Apelaciones, Peña fue un relator que no sobresalió mayormente. Pero, poco a poco, a través de su trabajo logró cercanía con varios ministros, entre ellos Alberto Chaigneau, quien lo llevó a relatar cuando presidía la Corte. De su paso por el Poder Judicial conserva buenas relaciones con jueces que hoy están en la Suprema: Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y Sergio Muñoz.

Quienes coincidieron con Peña en la Corte recuerdan que sus comienzos no fueron fáciles y que debió esforzarse mucho para hacerse notar.  Con Raquel Camposano -quien investigó el asesinato de Jaime Guzmán- y  Carlos Cerda -quien procesó a los Pinochet Hiriart por las cuentas bancarias- mantuvo una relación distante.

Aunque lo penal no era su especialidad -en la universidad el ramo donde le fue mejor fue Derecho Procesal Penal, y  peor Derecho Tributario-, fue en la Corte donde se entrenó: relató la causa de la quiebra fraudulenta de Santa Bárbara, la empresa de transportes que creó el ex CNI Álvaro Corbalán; el caso Machasa; y un recurso de amparo de varios detenidos, entre ellos conocidos futbolistas, por la Ley de Violencia en los estadios, tras una gresca en un clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Su salto profesional, sin embargo, lo dio cuando postuló al Ministerio Público y se convirtió, como lo bautizó la prensa, en el controvertido zar antidrogas. Su primera prueba de fuego fue cuando su fiscalía logró condenar a Los Cara de Pelota por tráfico y asociación ilícita sin que les  hayan encontrado droga.

Pateando puertas

Apenas fue asignado al caso bombas, Peña convocó a un grupo de policías -tanto de Carabineros como de la PDI- para instruir a su equipo en "el anarquismo".

Por estos días, ha leído, junto a sus cuatro fiscales jefes, las 121 carpetas que le fueron remitidas desde la Fiscalía Oriente. En un salón del piso 6º de la Fiscalía Sur, contiguo a su oficina, traza los primeros lineamientos de la investigación. Su idea es aplicar sus técnicas para el crimen organizado a los autores de las bombas. Al grupo se sumó Manuel Espinoza, teniente coronel (R) de Carabineros, quien encabeza una sección única en las fiscalías chilenas: la Subunidad de Apoyo Criminalístico.

Hace dos años, fue el propio Sabas Chahuán quien dijo que los fiscales "no están para patear puertas y estar en el sitio de suceso. No son detectives ni Carabineros", en directa alusión a Peña.

Espinoza, quien trabajó en inteligencia en la Dipolcar y en el OS-7, llegó a la Fiscalía Sur en 2005, apenas terminó de trabajar con el juez Sergio Muñoz en el caso Spiniak: ahí fue el encargado de reconstruir la vida de la ex testigo estrella de la causa, Gemita Bueno. Su informe desplomó su versión. También, tiene experiencia en investigación en casos de drogas y delitos terroristas: indagó en los 80 al FPMR y trabajó en el caso cartas bombas.

Hoy, gran parte de las críticas a Peña son porque dicen que confunde la figura de los fiscales con la policía. Hace dos años, fue el propio Sabas Chahuán quien dijo a El Mercurio que los fiscales "no están para patear puertas y estar en el sitio de suceso. No son detectives ni carabineros", en directa alusión a Peña.

Sin embargo, ese perfil que criticó Chahuán, es justamente el diseño de fiscal que Peña ideó desde el comienzo.  Apenas asumió, capacitó a sus funcionarios con clases de investigación criminal y técnicas de entrevistas. Además, llevó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) a exponer sobre el tratamiento de la evidencia y del sitio de suceso.

Peña se ha defendido en privado de las críticas, argumentando que el Código Procesal Penal avala que los fiscales dirijan las investigaciones y realicen diligencias. Considera la presencia de un fiscal en el sitio de suceso como clave para el juicio oral.

Hoy, ese controvertido estilo también llegó a oídos de los anarquistas. Lleva apenas dos semanas, y ya ha dado que hablar:  "Alejandro Peña, amante de los chalecos antibalas, las cámaras y los cascos de guerra a la hora de participar en operativos, descrito por sus propios jefes como 'un fanático de patear puertas', preparará sin lugar a dudas un operativo dantesco, digno de alguna buena película de ficción, buena en efectos, pero pésima y aburrida en la construcción del guión", escribió un grupo de okupas en su página web.