Fotografía: Juan Pablo Sierra

En el cuadro preparado por Inecon que comparó la rentabilidad social de los edificios, es donde el Carrera sacó una ventaja insalvable para sus escoltas. Pero Teodoro Fernández reclama que en este cálculo no se evaluó debidamente los proyectos:

"Estaba subvalorado el costo de la remodelación de un edificio como el Hotel Carrera. Entre otras cosas, la remodelación no incluía el costo de los estacionamientos, que sí estaban incluidos en el edificio nuevo. Además, que el Estado mantenga un terreno vacío al lado de La Moneda es una pérdida de rentabilidad social que no fue valorada".

El embajador Arenas trata de separar aguas y señala que la evaluación de los inmuebles fue un proceso de la Dirección de Arquitectura del MOP y que la Cancillería sólo escogió la alternativa que se le presentó como la más conveniente. Las obras y su financiamiento sí fueron responsabilidad de su ministerio, procesos en los que actuó con autorización de la Dirección de Presupuesto y el visto bueno de Mideplan.

Costo final: US$ 89 millones

El 31 de julio del 2003, el director de Presupuesto, Mario Marcel, firmó la resolución que autorizó a la Cancillería a endeudarse en un millón de UF mediante un leasing a 25 años y con una cuota mensual de 6.989 UF.

A través de una licitación pública, el leasing fue adjudicado al Banco Santander. Este compró el Hotel Carrera al grupo Luksic en 832 mil UF. El mismo día lo arrendó con opción de compra a la Cancillería, financiando además la remodelación. Al cabo de 25 años, el valor total que pagaría el ministerio sería de 2.065.431 UF. Pero con los dos aumentos de inversión suscritos al año siguiente, el valor final será de 2.306.867,08 UF, monto que según las proyecciones de la Contraloría al 2029, cuando finalice el leasing, equivaldrá a más de US$ 89 millones.

Arenas asegura que la decisión de construir el helipuerto presidencial encareció los costos, junto con la necesidad de redoblar los trabajos para tener a tiempo la obra.

No obstante, en los documentos aportados por la Cancillería para explicar esta alza, no hay detalles del desglose de los gastos. En todo caso, cuando se cerró el negocio con el banco, se fijó como fecha límite para entregar el edificio el 15 de febrero de 2005, pero -y a pesar de los aumentos en la inversión para apurar las labores- fue habilitado recién en agosto de ese año.

Finalmente, el embajador reconoce que el leasing fue contratado con una tasa de interés muy alta (6,85% anual). A su juicio, el año pasado -antes de que la crisis desembarcara en Chile y con los excedentes del cobre en las arcas fiscales- había condiciones para prepagar o renegociar una tasa más baja. "Pero las prioridades del ministerio fueron otras", concluye.

¿Cancilleria clausurada?

La explotación del Edificio José Miguel Carrera es ilegal. En otras palabras, la Cancillería corre el riesgo de ser clausurada.

El director de Obras Municipales de Santiago, Miguel Saavedra, envió el 14 de mayo el Oficio 2331 con la solicitud de inhabilidad para el inmueble. Sólo basta que el alcalde Pablo Zalaquett la firme, lo que podría originar un bochorno de proporciones al gobierno.

A la fecha en que se presentó la solicitud para realizar las obras, el proyecto contaba con los 114 estacionamientos requeridos. A los 16 del hotel se sumaban los del terreno fiscal de Morandé 446, asignado en comodato por Bienes Nacionales a la Cancillería. Nadie reparó en que aquel sitio era el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago y que si la Cancillería estaba siendo desalojada de la sede parlamentaria, era altamente probable que le arrebataran esos estacionamientos.

Una minuta de la Dirección General Administrativa de la Cancillería indica que se debe buscar estacionamientos en un radio de 600 metros: "Es imposible dar cumplimiento alternativo a la exigencia (...) no existen otros terrenos fiscales destinables y aptos para ser usados en el radio". Arenas explica que, en la otra punta de la madeja, Hacienda se niega a autorizar el gasto: "Nos dice oiga, vea la Ley de Presupuesto, ustedes tienen 16 vehículos asignados, para qué quieren 114", señala.

El mismo Arenas indica que al menos en una ocasión el ministerio recibió una notificación de infracción, pero fue derivada al propietario de edificio: el Banco Santander, que cedió sus derechos a CorpBanca en junio de 2008. Hoy abogados de la Cancillería y de CorpBanca buscan una solución.