Fotografía: José Miguel Méndez

Se siente reconfortado cuando Jaime Mañalich se declara "laguista" en materia de salud. Y claro, el doctor Pedro García fue por tres años -2003 al 2006- secretario de esa cartera bajo la presidencia de Ricardo Lagos. Hoy decano de la Facultad de Salud de la U. Santo Tomás y concejal por Santiago, no se ha sumado a la ex autoridades -entre otros, Álvaro Erazo, Soledad Barría, Jeanette Vega, Ricardo Fábrega y Lidia Amarales- que han defendido la gestión que realizaron durante la era concertacionista y critican la "privatización" del sistema.

-El actual ministro ha dicho que es un continuador de lo iniciado por Lagos, a quien le atribuye la gran reforma a la salud. ¿El país se dio cuenta de eso?

-No es fácil comunicar una transformación tan global, porque tenía componentes muy políticos y también de gestión e innovación sanitaria. La gente asocia el avance significativo sólo al AUGE, lo que es un gravísimo error. La reforma, previo a eso, contiene, por ejemplo, la Ley de Autoridad Sanitaria, que es fundamental. Se generó y estableció por ley el concepto de redes asistenciales, se les entregaron atribuciones a los hospitales para que operaran en red y como parte de un concepto articulado de salud, con más atribuciones. A esto había que darle un driver y ahí apareció el AUGE, que tiene dos componentes: equidad y gestión.

-¿Cuánto avanzó usted en el tema de la gestión, que es donde Mañalich concentra sus dardos?

-El tema de los hospitales autogestionados es uno: dejamos algunos funcionando en red. Están todos los sistemas de control para que se ejecute el AUGE. También Salud Responde, un servicio telefónico que permitía descongestionar los hospitales de las consultas que generan gran costo transaccional, pero que no son de gran importancia. Instalamos una intranet que conecta a todos los consultorios y hospitales a través de una línea de banda ancha que permitía transmisión de voz, imagen y datos. Están las compras públicas: no sólo se adquiría un resonador magnético, además había que preocuparse de tener un radiólogo, un tecnólogo, médicos que deriven adecuadamente al enfermo, y toda la tecnología.

-En ese tipo de cosas hay problemas de gestión hoy. Por ejemplo, no existe quien opere el resonador porque los médicos se van a una hora o bien no todas las compras de insumos se hacen a través del Cenabast, sino por los acuerdos de los propios doctores con laboratorios u otras industrias. ¿Por qué no logra quebrarse esa tendencia?

"En una primera etapa del gobierno de Bachelet se mezclaron dos escenarios negativos para las concesiones: un excesivo celo en términos de las condiciones que ponía el ex ministro Eduardo Bitran; y una no voluntad por parte de la ex ministra Barría: ella no consideraba como válido el modelo de concesiones para las inversiones públicas. ¿Por qué? Creo que por razones ideológicas...".

-Porque son cosas culturales muy profundas: por eso se habla más de reforma que de revolución. Hoy es raro ver un médico que te hable en contra del AUGE. También hay cambios muy profundos en la población. Para nosotros era muy difícil explicarle a la gente que nos comprometíamos a garantizarle atención en un determinado tiempo y bajo condiciones de protección financiera, accesibilidad y calidad. Por eso se pusieron en marcha los pilotos del AUGE y, entre otros muchos reglamentos y documentos, se publicó El Libro Azul, donde se establecía una política informática que había sido semiconsensuada con todos los stakeholders.

-¿Y qué pasó después de que usted y Lagos partieron?

-Faltó algún grado de liderazgo en mantener vigente este proyecto en toda su magnitud. Y eso pasa por la convicción de los actores relevantes, en este caso de la ministra de Salud de la época (María Soledad Barría). Ella no tenía la convicción. De hecho, ella reconoce que estuvo contra las políticas de la reforma a la salud en algunas cosas y mientras nosotros estábamos en el gobierno, Barría asesoraba al Colegio Médico. Eso en democracia es absolutamente legítimo, pero después -como ministra- tenía obligaciones legales que desarrollar con fuerza y creo que ahí no tuvo la convicción.

-¿Paralizar concesiones hospitalarias qué consecuencias trajo?

-La reforma AUGE establece por ley cuatro niveles de garantía: acceso, oportunidad, protección financiera y una normativa de calidad donde la autoridad sanitaria tenía que fiscalizar al mundo público y privado. Eso establecía un volumen de inversión muy fuerte y sabíamos -la evidencia así lo demostró- que no sería posible financiarlo sólo por la vía tradicional. Entonces, surgió la posibilidad de buscar fórmulas alternativas -no como un fin, sino como una herramienta-, como las concesiones hospitalarias. Siempre la concesión estuvo vista -como lo reafirmaron Mañalich y el presidente Piñera- hasta el punto de la bata blanca, de la atención médica para allá. Y esto permitía construir hospitales muy grandes, sobre todo en ciudades como Santiago y Viña, o alguna del sur, liberando recursos para construir por la vía pública los otros recintos donde el interés privado no se manifiesta, y, por lo tanto, es necesario subsidiar.

-¿Y qué pasó con las concesiones durante la gestión de Barría?

-Una vez más hubo una equivocación de análisis: se creyó que era factible hacer todo por la vía tradicional y quedó demostrado que no era posible. En una primera etapa del gobierno de Bachelet se mezclaron dos escenarios negativos para las concesiones: un excesivo celo en términos de las condiciones que ponía el ex ministro de Obras Públicas Eduardo Bitran; y una no voluntad por parte de la ex ministra Barría: ella no consideraba como válido el modelo de concesiones para las inversiones públicas.

-¿Por qué?

-Creo que por razones ideológicas; ahora, tendría que explicarlo ella.