El ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostiene que las isapres van a estar obligadas a financiar paquetes de salud preventiva.

El diagnóstico del ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue claro: "No hay agente de salud que pueda decir que el sistema de isapres está bien y que no necesita cambios", dijo la semana pasada en una entrevista a la radio Duna, anunciando una cirugía al régimen de las instituciones de salud previsional creado en 1981.

Los numerosos cuestionamientos al precio de los planes, las acusaciones de discriminación a mujeres y ancianos y el creciente aumento en los costos sanitarios, generaron la necesidad de ajustar la industria. En mayo, el Tribunal Constitucional (TC) abrió una causa para analizar la validez del mecanismo utilizado por las isapres para calcular los cobros a cada cotizante. Se estima que el fallo derogará esa fórmula, poniendo fin a las fuertes alzas que se aplican a las mujeres y a los ancianos.

Ante ese escenario, distintos sectores elaboran propuestas, que decantan, por lo general, en una nueva combinación de responsabilidades estatales y privadas. La Asociación de Isapres trabaja con abogados para evaluar los diferentes escenarios que podría abrir el fallo del TC, mientras que en el Congreso comienzan a aparecer iniciativas legales para solucionar las deficiencias de cobertura que afectan a casi toda la ciudadanía, a excepción de un porcentaje muy pequeño de población con ingresos muy elevados.

Así, la discusión respecto del futuro de las isapres está al rojo vivo y la incertidumbre reina entre los empresarios de la salud. Si el TC decide eliminar las tablas de factores de riesgo, el sistema podría entrar en una situación muy diferente.

Una industria deprimida

Hace ya varios años, que el sistema de Isapres muestra síntomas que preocupan a clientes y estudiosos del sector: su bajo crecimiento y escasísima rentabilidad.

Actualmente, de los 16,5 millones de chilenos, sólo 2,7 millones se atienden en el sistema privado. El resto usa Fonasa. Según las estadísticas del sector, entre 1997 y el año pasado, 1,4 millón de personas dejaron el sistema privado porque no tenían cómo pagarlo.

A eso se suma el envejecimiento de la población y el mayor gasto en salud por la aparición de nuevas tecnologías.

En Chile, la salud se contempla como un servicio que, como cualquier otro, se compra y se vende en el mercado según la ley de la oferta y la demanda. Las formas más habituales de acceder a una cobertura médica consisten en la contratación particular de un plan de salud en una isapre o en Fonasa, pagando el 7% de la renta de cada persona. Pero ese porcentaje no alcanza. En promedio, los afiliados al sistema están destinando entre 11,5% y 12% de sus ingresos a sus planes y a seguros complementarios que cubren lo que no considera sus contratos con las isapres.  Así, hoy en Chile el gasto en salud es del 7% del PIB. En comparación, EE.UU. -el país del mundo que más gasta en sanidad- destina el 16% de su PIB, mientras que Francia se gasta 11% y en el Reino Unido, el 8,4%.

"En el sistema público la gente no percibe las alzas de costos, pues éstas las pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos que financian el presupuesto público, que paga más del 50% de la operación de Fonasa; en cambio, en el sector privado, que no recibe subsidio alguno, necesariamente las alzas de costos deben ser traspasadas a precios, apareciendo entonces éste como un sistema que se encarece año a año", afirma Carlos Kubik, gerente general de Empresas Banmédica, el mayor holding de salud privada del país.

Según Mañalich, la reforma deberá ser profunda. "El sistema está mal estructurado. La forma en que se financian los servicios de salud es por prestaciones. Y tenemos que pasar de un sistema que paga por prestaciones a uno que paga por soluciones a los problemas de salud", dice.

A esta complicada situación se suma que los márgenes de la industria son cada vez más estrechos. El año pasado, el resultado operacional de las isapres fue de 0,3% del total de sus ingresos y la rentabilidad del sistema fue de 2%. Una cifra nada atractiva para los inversionistas de estas empresas, si se compara con las rentabilidades de los bancos (65%) o las autopistas (45%).

"Las industria de las isapres es un oligopolio caracterizado por que no hay nuevos actores, no hay interés de nuevos inversionistas porque la rentabilidad es baja, la presión social es brutal y el riesgo es alto, sobre todo ahora que está por desaparecer la tabla de factores de riesgo", dice Claudio Santander, presidente de isapre Masvida.

Sin embargo, varios analistas destacan que no se puede ignorar que el sistema privado es el que tiene la mayor acumulación de recursos tecnológicos, científicos y profesionales. Su velocidad de innovación es considerada una de las más altas.

Escenarios de un fallo adverso

Un fallo adverso del Tribunal Constitucional podría complicar aún más el alicaído panorama de las aseguradoras privadas. Se calcula que a más tardar en agosto los ministros entregarán su veredicto. Los trascendidos hablan de que habría unanimidad para declarar inconstitucional la tabla de factores. Según este índice, definido por la Superintendencia de Salud en 2005, un hombre mayor de 65 años puede terminar pagando hasta 14 veces más que un niño sano, mientras que el precio del plan de una mujer puede subir hasta 9 veces a lo largo de su vida.

La directora ejecutiva de Altura Management, Victoria Beaumont, dice que si desaparece este factor "serán los usuarios quienes quedarán en una situación de desprotección, pues sin tabla de factores, el cotizante perderá una importante carta de navegación, pues no sabríamos bajo qué parámetros las isapres van a proyectar los riesgos de sus carteras".

Lo que teme el gobierno es que las isapres podrían, entonces, fijar los precios en forma arbitraria. Sin embargo, el gerente general de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, sostiene que la eliminación de la tabla no incidirá en un alza de tarifas. "Nuestros abogados han interpretado que la aplicación de una tabla de factores quedaría a voluntad de las partes de la manera que cada isapre estime convenientes y a lo mejor eso no va a tener sustentabilidad política en el tiempo", dice.

Por eso, el ministro Mañalich trabajaba a toda máquina en la elaboración de una "ley corta" que pueda suplir el vacío que dejaría la inexistencia del polémico artículo que permite usar las tablas (38 ter). Hasta ahora, lo que se ha adelantado, es que esta iniciativa legal congelaría el alza de los planes después de los 65 años y que buscaría disminuir la brecha de precios entre jóvenes y adultos mayores.  En eso estaba hasta esta semana el superintendente de Salud, Vito Sciaraffia, quien renunció el miércoles. Ese mismo día, el ministro dijo en La Segunda que el envío al Congreso de la ley corta quedaba postergado hasta nuevo aviso.