Fotografía: Nicolás Abalo

-¿Dónde se sitúa en la escala del garantismo?

-Sólo en la medida que tengas un debido respeto por la garantía de los delincuentes puedes aplicar mano firme. Esas dos cosas hay que hacerlas a su turno. No quisiera meter a la cárcel a nadie que no se lo merezca, o a nadie que no haya tenido la debida oportunidad de probar su inocencia. Pero, por otra parte, quiero asegurarme de que quien merece estar en la cárcel, lo esté. Por lo tanto, garantista donde hay que ser garantista y duro cuando haya que serlo. No son cosas incompatibles.

-¿Y cómo combina represión y prevención?

-Un difícil equilibrio. Sería poco honesto no reconocer que hay una tensión, una zona gris que se debe manejar con cuidado. Porque si se exagera la prevención, en algún punto puedes transformarla en represión. El trabajo de las policías, y esto lo hablo más como gobierno que como Justicia, debe ser monitoreado permanentemente.

-¿Cuánto pesará el rating? Porque a ratos la gente exige más represión.

-El papel de la autoridad es responder a lo que te demanda la ciudadanía, pero conteniendo el desborde emocional con que muchas veces se querría afrontar este tema.

-¿Le parece que fue una señal apropiada decretar toque de queda preventivo en Concepción el día del joven combatiente?

-Me pareció correcto. Después de lo que vivió Concepción había que erradicar de forma total cualquier sensación de pánico colectivo.

-¿No le complicó que se despertaran fantasmas del régimen militar de los que este gobierno a lo mejor prefiere alejarse?

-¿Sabe por qué no? Ninguno de los que estamos en este gobierno tiene deuda ni carga con los DD.HH. Al momento de resolver, la única consideración que tienes es si es bueno o malo para la población. Hay un cambio generacional.

Agenda alterada

-Las cárceles son escuelas de violencia. ¿El terremoto abre una oportunidad de realizar cambios profundos en el sistema, dados los problemas de infraestructura?

-Tenemos planteada una agenda para conseguir saltos cualitativos muy importantes y, siendo franco, el terremoto alteró las prioridades y puso por delante preocupaciones que no estaban instaladas. Pero tampoco ofrece demasiadas oportunidades porque en materia carcelaria no es que se vinieran abajo todas las cárceles y haya que plantearse qué hacemos ahora. Se vinieron abajo pocas, fundamentalmente en la región del Biobío, que agravaron el hacinamiento. Todo esto vino a poner más presión sobre un sistema que ya imponía presión.

-¿Eso implica que dejará en el tintero cosas que quería cambiar por las urgencias?

-No, en esto soy ambicioso: no he renunciado a nada del programa, pero la realidad me podría indicar otra cosa y lo iremos viendo. Hoy quiero creer que me retrasa.

-Reformular el Sename ¿sigue siendo prioridad?

-Es una prioridad. La idea es que desde Mideplan se cree el Ministerio de Desarrollo Social y que el Sename pase a depender de él. Es una institución con una problemática muy compleja, pero hay un gran déficit de gestión.

-Y otros problemas mucho más profundos…

-Nombrar a Francisco Estrada, que conoce los dilemas y no llegará a quebrar huesos sino a enderezarlos, es un paso. Estoy, además, formando un consejo con gente que tiene mucho que aportar y que nos ayudará a que no se monopolice la idea de ajustar el Sename a una visión. Lo segundo, hay situaciones de fragmentación social -casos como el de Cisarro- donde el Estado no puede sustituir las carencias. Cuando tienes un padre delincuente, una madre en situación completamente precaria, con almas fragmentadas, el Estado puede suplir, pero no será el sistema juvenil de apoyo el que enmendará la situación de estos menores. Serán muletas, pero imperfectas.

"Ninguno de los que estamos en este gobierno tiene deuda ni carga con los DD.HH. Al momento de resolver, la única consideración que tienes es si es bueno o malo para la población. Hay un cambio generacional".

-Entre sus prioridades está la reforma procesal civil, ¿qué pasa con su implementación?

-Los gobiernos de la Concertación empujaron la reforma procesal civil, y tuvieron el mérito de construir los consensos necesarios; negarlo sería mezquino. Pero falta y bastante. Quiero creer que no en tiempo, sino en esfuerzo. Debemos elaborar un proyecto orgánico que pueda defenderse con solvencia, y para eso conformaremos una comisión más chica que lo afine y presente algo que pueda durar los próximos 100 años. Segundo, hay que estudiar los requerimientos orgánicos de la reforma: jueces, infraestructura, recursos en general; nadie lo ha hecho.

-¿Plazos?

-Me declararía profundamente contento si logramos que la reforma procesal civil se empiece a implementar con gradualidad en alguna región durante este gobierno.

-Ha hablado de acercar la justicia a la gente, ¿cómo?

-La reforma procesal penal significó un avance porque la gente tiene la impresión de que se hace más justicia hoy día y porque existe mayor transparencia. En materia civil pasará lo mismo: habrá juicios cortos, transparentes, con audiencias públicas. Y hago una prevención: la justicia civil es la gran reforma pendiente, porque es el 80% de las causas. Pero hay otra medida: la justicia vecinal, que algunos en la elite tienden a ver como una reforma poco glamorosa. Lo ejemplifico con programas como Caso Cerrado o La Jueza, que tienen una audiencia muy potente porque la gente se ve representada en aquellos problemas que no tiene dónde plantear, pero que le hacen la diferencia en el día a día. Y sí tienen solución. La justicia vecinal, la que yo pretendo empujar, es precisamente acercar territorialmente los tribunales a los sectores de menores recursos, de manera que no tengan la barrera de acceso que hoy impone el desplazarse y se genere además un ámbito de conocimiento de cuestiones menores, menores para nosotros, pero mayores para ellos. Nuestra idea es hacer un plan piloto, que empiece a funcionar idealmente este año o el primer semestre del próximo.

-Hay líderes latinoamericanos que frente a la ineficacia del combate a la droga en países como México o Colombia piden su legalización. ¿Estaría eso dentro de sus opciones?

-Sería poco sincero decir que cuando uno sigue estos debates no se plantea la duda, pero soy partidario de no renunciar a la pelea. Sé que es dura, pero me suena muy fuerte que el Estado finalmente cuelgue los botines y diga, sumando externalidades, me voy por la libre, y cambio una externalidad por otra. Yo siento que en Chile, en general, y las autoridades que hoy día encabezan el gobierno, en particular, no estamos preparados para hacer eso, no responde a nuestra aspiración. Nos daremos cabezazos contra la pared en muchas oportunidades, pero eso es lo que mejor se arraiga a nuestra estructura de valores.

* Directora de Radio Duna