En los países donde se ha implementado el voto voluntario, ello ha implicado, en promedio, una menor participación electoral por parte de los ciudadanos con menos recursos. Paradójicamente, quienes más podrían beneficiarse del sistema político -los más desposeídos-, tienden a votar menos.
Los investigadores chilenos Alejandro Corvalán y Paulo Cox (1) concluyen que la proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 19 años, que se inscribe en los registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el quintil más rico. A modo de ejemplo, plantean en una columna reciente (2) que, si bien en La Pintana hay 8.000 jóvenes entre 18 y 19 años, sólo 300 se registraron para votar en estas elecciones. En contraste, en Las Condes, donde también hay 8.000 jóvenes de la misma edad, 4.000 se registraron para votar (en este ejemplo, la diferencia en la proporción es más de 13 veces).
La tendencia en la así descrita participación electoral en Chile confirma una amplia literatura existente acerca del sesgo social en la probabilidad de acudir a las urnas (3). Sin embargo, existe un acuerdo amplio entre los investigadores que la forma más efectiva de disminuir ese sesgo social es instaurando el voto obligatorio (4).
Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos de países que introducen el voto voluntario terminarían invirtiendo menos en políticas sociales con respecto a países con voto obligatorio.
El investigador chileno Juan José Matta (5), en un riguroso estudio (6) a partir de evidencia para 70 países, concluye que los países que tienen voto voluntario destinan 16% menos del gasto total del gobierno a gasto social con respecto a países que tienen voto obligatorio. (7)
Postulamos que en condiciones de desigualdad económica, el voto voluntario a la larga altera los incentivos de la política hacia la postergación de políticas públicas redistributivas; éstas benefician a sectores pobres que -voluntariamente- no participan en las elecciones como votantes en una mayor proporción que quienes no votan y son de sectores más pudientes. La evidencia es clara y está disponible.
En la práctica, el voto voluntario podría implicar no sólo una menor inversión en políticas sociales sino, peor aún, una distribución del ingreso más desigual. Los investigadores Chong y Olivera (2008), en otro estudio y a partir de evidencia para 91 países, concluyen que cuando éstos implementan un sistema donde el voto es un deber cívico y donde el incumplimiento de dicho deber va asociado a costos reales -multa, no acceso a servicios gubernamentales-, la distribución del ingreso (medida mediante el coeficiente de Gini) mejora.
A modo de ejemplo: si extrapolamos el aumento en la desigualdad calculado por Chong y Olivera a raíz de la implementación del voto voluntario, Chile podría empeorar su ya desigual actual coeficiente de Gini (54.9), acercándose al de Bolivia (60.1). De esta forma, nuestro país pasaría a estar dentro del 5% de naciones más desiguales del planeta. Hoy está dentro del 12% (8).
La razón por la cual planteamos la conveniencia del voto como un deber cívico no es debido a que pensemos que es positivo per se aumentar la participación electoral, sino porque cuando un país concibe e implementa el voto como un deber, mejora la representación política de la sociedad en su conjunto y, en especial, de los más desposeídos. Paralelamente, la implementación del voto como un deber cívico podría mejorar la distribución del ingreso, aportando a la formación de una sociedad más justa.
A la luz de toda esta evidencia, creemos que es imperativo evaluar seriamente la opción de inscripción automática y voto obligatorio como deber cívico progresista -en contraste con la característica regresiva del voto voluntario- y desapegarlo de las actuales coyunturas ansiosas y oportunistas derivadas de la contingencia presidencial.
* Máster en Administración Pública y Desarrollo de la U. de Harvard e Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ingeniería de la UC
1. Corvalán, A. y Cox, P. (2010). "Turnout Decline in a Transitional Democracy: Generational Replacement and Class Bias in Chile". Documento de trabajo.
2. El Mostrador (11/01/2010). "Voto voluntario o el desinterés por la igualdad" .
3. Para seis países centroamericanos: Seligson et ál. (1995); para países europeos, Linder (1994) y Powell (1986).
4. Lijphart, A. (1997). "Unequal participation: democracy's unresolved dilemma". American Political Science Review 91, 1-14.
5. Matta, J. J. (2009). "El Efecto del Voto Obligatorio sobre las Políticas Redistributivas: Teoría y Evidencia para un Corte Transversal de Países". Tesis de Magíster, Universidad Católica, Instituto de Economía.
6. Por riguroso, nos referimos al hecho de que el autor controla las variables más relevantes que podrían sesgar los resultados del estudio (ingreso per cápita, índice de libertades civiles, si el gobierno es presidencial, edad de la población, gasto del gobierno como porcentaje del PIB). Asimismo, para controlar por variables no observadas y/o por una posible causalidad inversa (donde, en realidad, fuera un mayor deseo por redistribución lo que causa un mayor gasto social y la implementación del voto obligatorio), el autor utiliza variables instrumentales teóricamente adecuadas y obtiene resultados similares a los obtenidos mediante métodos más simples (regresión múltiple).
7. El resultado es consistente con otros estudios como el de O'Toole y Strobl (1995).
8. Las cifras del coeficiente de Gini para Chile, Bolivia y su posición relativa mundial fueron obtenidas a partir de datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 (PNUD).
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