Carvallo vs. Banco Central

Carvallo cuenta que, a fines de 1980, el Banco Central inició una campaña de persecución contra él y su familia. "Los problemas limítrofes entre ambas naciones eran algo serio. No les gustaba mi presencia, ni menos mi capital", indica.

En esa época, tras una inspección realizada por ese banco, se exigió al Barna la presentación de un plan de saneamiento para corregir las fallas de capitalización y liquidez que, de acuerdo con la versión de los militares, tenía la entidad. Según declaraciones de los funcionarios que representaron al Estado argentino, el Banco Central detectó varias irregularidades, como falta de garantías para préstamos u operaciones, subcapitalización y otorgamiento de grandes préstamos, que implicaban riesgos injustificados. Además, sostuvo que la deuda del Barna ascendía a US$ 60 millones. Por ello, exigieron a Carvallo un plan para revertir esta situación. De lo contrario, la institución financiera sería incautada.

"Si bien era un banco pequeño y muy local, nuestras cifras eran azules. De todas formas, quisimos demostrar que confiábamos en el banco y les dije que iba a hacer aún más solvente la entidad", narra el empresario.

Entonces presentó un plan de mejoramiento que incluía la transferencia al Barna de un paquete de acciones de nueve de sus empresas. "A pesar de que todo era un aparataje sin fundamento, quise demostrar que el banco era responsable: deposité ahí todo mi patrimonio en respaldo de los créditos del banco. Con eso el banco quedaba dos o tres veces más consolidado. Mi patrimonio era de unos US$ 100 millones. Estamos hablando del año 80, era mucha plata", indica.

El empresario ha ido más de 100 veces a la Casa Rosada, se reunió con los presidentes De la Rúa, Alfonsín, Menem y Kirchner, y hasta pidió la intercesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el Banco Central rechazó el plan de Carvallo y el 30 de enero de 1981 la entidad revocó la autorización de funcionamiento del Barna como institución financiera: le ordenó terminar de inmediato sus actividades comerciales, dispuso su liquidación e inició acciones judiciales para lograr la declaración judicial de quiebra.

Nadie paga

De inmediato el Barna interpuso acciones judiciales contra la resolución del Central.  En 1983, la Corte Suprema condenó al Estado "por cometer un acto inconstitucional y arbitrario", señala Carvallo. Luego, en 1985, el Barna emprendió otro juicio, exigiendo que se revocara la declaración de quiebra, lo que en 1991 fue ratificado por la Corte Suprema. Sin embargo, a pesar de las numerosas sentencias judiciales que invalidan las resoluciones del Banco Central, nadie le ha respondido y Carvallo se queja de que su tramitación ha sufrido demoras injustificadas. "Gano todos los juicios, pero nadie paga", expresa.

En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, Carvallo llegó hasta la Procuración del Tesoro. "Ahí determinaron que el monto patrimonial a pagar era entre US$ 80 millones a US$ 84 millones. A eso había que agregarle intereses e indemnización por daños y perjuicios", señala. Sin embargo, no pasó nada.

Por eso, en 1998 decidió recurrir a la OEA. Se contactó con el estudio de abogados Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson & Hand de Washington, y el 6 de enero de ese año llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Ahí trabajaba el abogado chileno Luis Francisco Muñoz, quien junto al jurista Orlando Vidal, lo asesora en esta materia. Pese a que la institución determinó que el caso era admisible, ratificando la existencia de una violación a los derechos fundamentales de Carvallo, sus conclusiones no son  vinculantes para la justicia argentina.

Así, Muñoz y Vidal, en conjunto con el estudio Petracchi acompañan a Carvallo en la última instancia judicial: la Corte Suprema. Es ésa la entidad que ahora debe determinar el monto a pagar.

Hoy la vida de Tomás Carvallo es completamente diferente. Tiene 60 años, 3 hijos y vive en una casa antigua en el barrio Pueyrredón, en Córdoba. "Es más económico vivir aquí que en Buenos Aires", dice. Aunque ha intentado emprender nuevos negocios, la falta de capital propio no se lo ha permitido. Por eso, en estos 30 años se ha dedicado a hacer asesorías a empresas y participar en algunos proyectos inmobiliarios. Pero la verdad, tal como él dice, está concentrado en el juicio por la recuperación de su patrimonio.

"Estos trámites son agotadores. Me han frenado la posibilidad de moverme y de reiniciar mi vida en otro lado. Tengo que estar aquí. Por eso lo único que quiero es que esto termine, pues no tengo edad para seguir peleando. Si todo sale bien, mi idea es crear un fondo de inversión. Total, nunca es tarde para volver a empezar", dice.